Anunció que hay US$ 20 mil millones en desembolsos en cinco años, pero dice que sólo se concretarán si logran el apoyo de las comunidades. El efecto del derrame en San Juan.
El anuncio de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) de que volcarán US$ 20 mil millones en cinco años para llevar las exportaciones de US$ 3.500 millones a más de US$ 21 mil millones fue música para los oídos del gobierno de Cambiemos, en su búsqueda de inversiones. Sin embargo, no será fácil, ya que para ello deberán, según dijo el presidente de la entidad Marcelo Alvarez en diálogo con PERFIL, vencer la resistencia de las comunidades, o como lo llaman en la industria, recuperar la “licencia social”, en especial tras el derrame de cianuro en la mina Veladero el año pasado en San Juan.
¿Qué posibilidad real hay de concretar estas inversiones que anunciaron?
Hay proyectos en todas las etapas, pero lo planteamos como un desafío para todos los actores, porque muchos están en provincias que hoy tienen prohibida la minería metalífera. Por eso queremos transmitir al país por un lado el compromiso de la industria minera de desarrollar la inversión en un país.
Carlos Menem, Néstor y Cristina Kirchner y ahora Macri, que les eliminó las retenciones, siempre fueron más pro-mineros que la sociedad. ¿La resistencia social es el principal escollo para sus negocios?
Es una combinación. Las retenciones nos habían sacado de competitividad con otros países de la región, y ahora podemos salir a competir. Por otro lado, en la Argentina tenemos hoy siete provincias con la minería metalífera prohibida y es un desafío a trabajar. Eso tiene que ver con que en los 90 hubo un pacto federal minero que de alguna manera tenía al Estado nacional y a las provincias trabajando por la inversión minera. La idea es volver a ese esquema Nación-provincias para que se puedan generar certezas de largo plazo.
¿Cómo van a recuperar apoyo social tras el derrame de cianuro en San Juan?
Cualquier incidente así en cualquier industria afecta la imagen de la industria. Lo que tenemos que hacer desde ahora es trabajar para mostrarle a la sociedad que aunque puede haber un incidente, que siempre puede pasar, la minería argentina cumple con estándares internacionales.
¿Cómo creer en los controles a las mineras, si las empresas manejan fondos para RSE que a veces superan el presupuesto local en obras?
Es importante que ahora proponemos que un organismo multidisciplinario pueda controlar el desempeño y la transparencia de un proyecto minero y su relación con la comunidad y el Estado. Estos proyectos se desarrollan en zonas muy alejadas y poblaciones pequeñas donde la capacidad de las autoridades locales es muy limitada y se puede dar lo que mencionas si no está el Estado apoyando seriamente para controlar que ese plan se hace con consenso y no una minera incidiendo sobre el Estado.
Hay provincias como Catamarca que explican el 40% de su PBI con una mina, como Bajo de la Alumbrera, que cierra en poco tiempo. ¿Qué perspectiva tienen?
Es una de las mayores preocupaciones. Con el freno de la inversión en los últimos años, la Argentina no tiene hoy en provincias con proyectos de mina en el final de su vida útil otros proyectos para hacer el solapamiento. Hoy en Catamarca por la quita de retenciones y la devaluación, Alumbrera anunció la extensión del cierre de minas al 2018. Da un año más para trabajar en los proyectos de alrededor. Pero si no se da vamos a tener problemas muy grandes.
¿Está preparado para lo que se le viene en cuanto se reactiven los proyectos?
La Cámara se ha fortalecido. Yo no quiero salir a responder, quiero salir a trabajar con la gente. Vi una declaración del gobernador Das Neves que decía ‘hablan de inversión pero no del agua ni la contaminación’. Mi respuesta es que esta cámara está dispuesta a dar la cara y hablar de agua y contaminación.
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