Después de años de discusiones que se basaron en argumentos emocionales y que estuvieron condicionadas por intereses políticos, el Ejecutivo hace un intento por activar la industria. ¿Se conseguirá la anunciada política minera?
Finalmente el Gobierno provincial iniciará su anunciado «Espacio de diálogo» (desde las 9 en el auditorio Ángel Bustelo), a través del cual espera diseñar una política para la actividad minera, la cual -a grandes rasgos- definirá de qué tipo de minería se hará en Mendoza y en qué condiciones. Obviamente el punto principal y que se espera con mayor expectativa es la posibilidad de desarrollar la minería de primera categoría, dentro de la cual se encuentra la metalífera.
Es una tarea difícil, porque aunque desde el Ejecutivo, y especialmente el secretario de Energía y Minería, Emilio Guiñazú, tiene un interés genuino para avanzar con una industria legítima pero cuestionada en la provincia. Por eso, y en su calidad de ingeniero, vuelve a hacer un esfuerzo por llevar al tema un paso más allá y discutir sobre bases científicas y sin pasiones, algo que por ahora parece utópico, pero que él confía en alcanzar.
Emilio Guiñazú en Gobierno 5
Sea como sea, esta experiencia -desde mi punto de vista- es el último cartucho para definir si se puede o no avanzar con la minería en Mendoza, porque a partir de la necesidad de ampliar la matriz productiva provincial se avanza con la creación de una política que en diciembre estará en manos de Alfredo Cornejo y que aprobará o rechazará. En ese momento, será el líder político el que tome una decisión, porque no habrá problemas legales ni cuestiones sociales que permitan escapar de la decisión, ya que el objetivo del «Espacio de Diálogo» es precisamente crear una política que considere todos los puntos posibles.
Es que tal como explicó Guiñazú, la idea de este trabajo no será crear consenso, sino que escuchar argumentos sólidos y a partir de ahí formar una política que vaya de la mano con la legislación y especialmente con la Ley 7.722, la cual fue ratificada por la Suprema Corte en diciembre y que no está en discusión en este espacio. Sin embargo, y a diferencia de otros intentos, la actual administración junto con recordar lo que prohíbe la ley, también quiere poner la atención en «lo que permite la ley», esto indica que está abierta una última opción al desarrollo de minería metalífera, siempre y cuando no tenga choques con la 7.722.
Aunque el proyecto es ambicioso, lo que se espera de este encuentro con mayor expectativa es saber si habrá posibilidades de avance para proyectos como -por ejemplo- San Jorge en su versión biprovincial, y por qué no, en su anterior dibujo, procesando material en la provincia.
El último intento para avanzar con proyectos, pero que no tuvo éxito fue con la denominada «Mesa Minera» en 2014, a partir de la cual salieron a la Legislatura los expedientes de Hierro Indio y Cerro Amarillo, dos proyectos de exploración que servirían para «ver el clima» respecto a la actividad. Finalmente fueron «cajoneados» en la casa de las leyes.
El encargado de ese intento fue el exministro de Energía, Marcos Zandomeni, quien se mostró «alegre» por que el Ejecutivo «decidió retomar lo iniciado en 2014, mejorado, con nueva modalidad y actores», refiriéndose a la forma que en decidió el Gobierno para la interacción de los participantes.
Aunque el exfuncionario se mostró abierto a aportar lo que fue su experiencia, con las cosas que se hicieron bien o las que resultaron mal, recordó que la «historia no comienza cuando uno llega». En conversación con MDZ, mencionó que algunos de los funcionarios que están hoy en Casa de Gobierno se opusieron al avance de los proyectos, recordando que muchos eran legisladores y otros eran dirigentes de organizaciones.
Con el mismo pensamiento algunos actores de la industria ven con cautela el avance de Guiñazú, ya que saben de que a pesar de su intención de activar proyectos que permite la ley, miran con recelo que sean parte de la política estatal personas que ya tienen una mirada «antiminera» como el ministro Vaquié o el jefe de gabinete de Ambiente, Eduardo Sosa.
De ahí la importancia del resultado que salga del «Espacio de Diálogo», porque el resultado estará sobre la mesa del gobernador en seis meses y en ese momento no habrá excusas legales ni sociales, se tendrá que tomar una decisión respecto al desarrollo, o no, de la actividad. Es que dentro de los posibles resultados que entregue esta búsqueda del Ejecutivo puede determinar, por ejemplo, apostando por el desarrollo de la minería de primera categoría, incluyendo la metalífera que permite la 7.722. Sin embargo, también está la posibilidad de que la política minera se centre en la de primera categoría sin metalífera, apostando fuerte también a la de segunda y tercera categoría, las que no tienen el impacto de las otras opciones.
Protestas en Alvear contra la minería
Por ahora son sólo especulaciones respecto al resultado, pero el lado positivo es el fin de la ambigüedad, porque será en seis meses cuando se decida lo que el Gobierno decidirá para la actividad, terminándose con años de idas y vueltas y autoridades esquivando el tema para que lo trate el que viene. Seguramente la política provincial no dejará conformes a todos, pero será un avance que permitirá enfrentar -esperemos- que en forma seria, una discusión que hasta hoy siempre fue un «Boca-River», donde el que gritaba más fuerte era el que tenía la razón.
En seis meses estará escrita la política y estará en manos de Cornejo implementarla, en seis meses se definirá qué se hará, cómo se hará y cuándo se hará.
Se trata del último cartucho, porque tal como el Gobierno inicia el proceso, los inversores nacionales e internacionales esperan esta definición para ver qué hacen con sus proyectos, porque lo que se determine, será la señal que esperan hace años, sea a su favor o en contra. Serán seis meses intensos, pero necesarios para que de una vez por todas se discuta en la provincia un tema que todos querían evitar.
Mdzol
