Según el anteproyecto, se crea un marco regulatorio general, que luego será reglamentado. El Estado podrá ser parte, aportar financiamiento o dar garantías
El Gobierno enviará en los próximos días un proyecto de ley al Congreso para impulsar la asociación público-privada destinada a incrementar las inversiones. Con la iniciativa, durante el primer año la administración de Mauricio Macri espera captar u$s 5000 millones para ser destinados a obras de infraestructura y servicios, inversión productiva, investigación aplicada y/o innovación tecnológica, según detalla el anteproyecto al que tuvo acceso El Cronista.
El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, lo adelantó al disertar en el 14º Foro Latinoamericano de Liderazgo en Infraestructura realizado en el hotel Alvear. En ese marco, el funcionario afirmó que el Gobierno «encaró el plan de infraestructura más ambicioso de la historia» y estimo que el objetivo es invertir 6 puntos del PBI por año.
«Este plan ambicioso de infraestructura es el que nos va a permitir ese salto de calidad. Con ese objetivo por delante, estamos generando las condiciones para que el sector privado vuelva a confiar en Argentina y nos ayude trazar una senda de crecimiento con creación de empleo genuino y de calidad», resaltó Frigerio.
Por eso, resaltó que los tres ejes para que las empresas vuelvan a confiar en el país serán una mayor transparencia en la obra pública (con un Registro Nacional de Constructores único); el respeto del valor real de las obras (para que las empresas no pierdan rentabilidad al ver aumentados los costos y los trabajos no se paralicen) y un impulso a las participaciones público- privadas (con el proyecto que se enviará en los próximos días).
El anteproyecto prevé la creación de un marco regulatorio general que le permita al sector privado asociarse con el Estado para proyectos de inversión mediante diferentes mecanismos que serán definidos para cada iniciativa en particular. El Estado podrá participar mayoritaria o minoritariamente del proyecto a través del financiamiento, el otorgamiento de avales y garantías, otorgando un terreno o algún otro esquema. También podrán ser socios y asumir los mismos riesgos. Incluso, si se presenta el Estado como parte de un proyecto junto a una compañía, crecen las posibilidades de obtener financiamiento más barato en el mercado, sintetizó una fuente oficial.
El proyecto, que una vez aprobado requerirá de un decreto reglamentario, contempla en su artículo 22º la creación de un Órgano Rector que tendrá a su cargo la centralización normativa de los contratos regidos por la ley. El ente prestará apoyo consultivo u operativo en las etapas de formulación del proyecto, elaboración de la documentación licitatoria o ejecución del contrato. Otro capítulo de la iniciativa se refiere a la corrupción y enfatiza de forma categórica que «será causal determinante del rechazo de la propuesta u oferta dar u ofrecer dinero o cualquier dádiva».
«El desafío es ambicioso y complejo. Para llegar a un sendero de crecimiento de 4% ó 5% anual durante muchos años se necesita una inversión en infraestructura de por lo menos 5 puntos del PBI», estimó Frigerio durante su disertación, al agregar que ello implica alrededor de u$s 26.500 millones por año de inversión.
El funcionario admitió que el país está lejos de esa meta «dado que en los últimos años fue menor a tres puntos del PBI». Sobre la herencia recibida, Frigerio recordó que en el primer trimestre hubo que poner al día la enorme deuda existente en concepto de obras de infraestructura nacional y provincia les, que en su cartera ascendía a casi $ 10.000 millones.
Cronista
