Agenda verde: los desafíos ambientales bajo lupa

¿Cuáles son las principales deudas que enfrenta nuestro país en materia ambiental? ¿Qué medidas está tomando el nuevo gobierno en este sentido? Bosques, humedales, glaciares, represas y energías renovables: avances, legislaciones pendientes y definiciones abiertas.

Desde la implementación efectiva de la Ley de Bosques, sancionada en 2008, hasta la finalización del inventario de glaciares para ordenar las actividades productivas en la cordillera, son muchas las deudas que nuestro país enfrenta en materia ambiental. Deudas que se arrastran desde hace tiempo y que ahora, con el nuevo gobierno, vuelven a concitar la atención y la expectativa de la opinión pública.

La creación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, dentro de la estructura institucional del país, junto con la reglamentación de la ley 27.191 para el fomento de las energías renovables, son algunas de las señales positivas de estos primeros meses. Sin embargo, la demora en la sanción de la ley de humedales, la reapertura de las negociaciones con el gobierno de China para la construcción de dos represas en el sur y el anuncio de inversiones en materia nuclear, ponen un signo de interrogación sobre la dirección que tomará la política ambiental de la nueva gestión.

¿Cuáles son los desafíos ambientales que, a mediados de 2016, preocupan y ocupan al gobierno, las organizaciones sociales y la ciudadanía en general? Aquí, un repaso de los temas centrales de la agenda verde del país.

BOSQUES

Albergan el 80% de la biodiversidad terrestre, absorben el 15% de las emisiones de gases de efecto invernadero del planeta, contribuyen en la regulación del clima e impactan directamente en la economía de 350 millones de personas en el mundo. Sin embargo, en la Argentina, los bosques nativos están cada vez más acorralados: según un informe del 2015 de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), nuestro país descendió de 34,7 millones de hectáreas de bosques en 1990 a 27,11 millones en 2015. El estudio ubicó a la Argentina como el noveno país que “menos protege sus bosques nativos”: pierde cerca de 300.000 hectáreas al año. ¿Las causas? Cambios en el uso de la tierra y deforestación asociada a la expansión de la frontera agrícola.

Frente a esto, numerosas organizaciones exigen hoy el cumplimiento efectivo de la Ley para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos (N° 26.331), legislación sancionada en 2007 que dispuso, entre otras cosas, la creación de un fondo especial para la protección de los bosques. Ese fondo, sin embargo, nunca se respetó y muchas de sus partidas fueron reasignadas por el Gobierno anterior al Programa Fútbol para Todos. Según el documento “Nos plantamos por los bosques”, presentado en forma conjunta por Fundación Vida Silvestre, Greenpeace y Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la implementación de esta norma “es una cuenta pendiente, dado que apenas se asignó a la conservación de los bosques nativos el 8,5% de los recursos estipulados por ley”.

HUMEDALES

Considerados durante mucho tiempo como zonas marginales que debían ser drenadas o recuperadas para ampliar el área agrícola o urbana, los humedales son en realidad ecosistemas de vital importancia que brindan servicios fundamentales a la sociedad, como la retención de excedentes de agua que causan inundaciones y la provisión de agua dulce para el consumo.

Sin embargo, a pesar de que en nuestro país existen aproximadamente 600.000km2 de humedales y representan el 21,5% del territorio nacional, aún no se sancionó una ley que los proteja adecuadamente. El propio presidente Mauricio Macri anunció en febrero de este año su compromiso para dar impulso a este tema. Hoy, sin embargo, el proyecto se encuentra demorado en el Senado. ¿La razón? “Hay muchos sectores que se ven amenazados por una ley de protección de humedales: desde proyectos urbanos y agropecuarios, hasta forestales y mineros. Los humedales comprenden una gran variedad de ambientes, por eso son muchos los actores que se sienten afectados”, explica Juan Carlos Villalonga, diputado nacional por Cambiemos. Una legislación de este tipo implicaría un inventario y un ordenamiento territorial en cada una de las Provincias. “Esto las obligaría a explicitar una política sobre el uso de sus recursos naturales. Ese es el gran problema. Nadie quiere decir exactamente ‘eso se va a conservar, eso se va a destruir’. Una ley de humedales exige definiciones claras”, concluye Villalonga.

GLACIARES

Si uno toma un cubo de hielo en un vaso y comienza a aumentar gradualmente la temperatura del ambiente, el cubo se irá derritiendo hasta desbordar el vaso. La imagen ilustra el grado de alerta en el que se encuentra el planeta ante el calentamiento global y el riesgo que corren los glaciares. Según un estudio del Servicio Mundial de Control de Glaciares publicado en 2015, “la capa de hielo de los glaciares observados está reduciéndose anualmente entre medio metro y un metro, lo que significa entre el doble y el triple del promedio al que se derretía en el siglo XX”.

La Argentina posee numerosos cuerpos de hielo a lo largo de la cordillera de los Andes, que buscan ser protegidos a través de la Ley para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial (N° 26.639) sancionada en octubre de 2010. En cumplimiento con esta norma, se dio inicio a un Inventario Nacional de Glaciares que identificará, caracterizará y monitoreará los glaciares y reservas hídricas del país.

Aquí no sólo el cambio climático constituye un problema, sino también el desarrollo de proyectos mineros que los ponen en peligro, como el proyecto de la mina Veladero en San Juan. Al respecto, Villalonga opina: “Ante casos así, está previsto que las auditorías deben realizarse de manera urgente para determinar si cumple o no con la ley y, en base a ello, la empresa deberá adecuar su operación a la ley o irse. La justicia lenta no es justicia. La minería en general, los gobiernos y las empresas, tienen que mostrar vocación de respetar a la gente y al ambiente, y hacer las cosas bien”.

REPRESAS

Hay dos proyectos que vienen generando polémica desde el gobierno anterior y que hoy esperan encontrar en las nuevas autoridades una definición respecto de su realización o no: las represas hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, sobre el lecho del río Santa Cruz.

En junio pasado, una coalición de organizaciones ambientales presentó el documento “Río Santa Cruz Sin Represas”, en el que, ante la renegociación del nuevo gobierno con China respecto de las obras, exigen que no se avance por los siguientes motivos: carencia de justificación energética y económica, impacto socio-ambiental (según un estudio de la Administración de Parques Nacionales, el proyecto afectaría severa e irreversiblemente la biodiversidad), y déficits en materia de transparencia e información pública ambiental.

“Para este tipo de proyectos, los estudios de impacto ambiental parecen ser un mero trámite. Si el ministro de Energía está hablando hoy de las fechas de las obras, no le importa mucho qué resultado tendrá el estudio de impacto ambiental”, advierte Hernán Casañas, director ejecutivo de Aves Argentinas. Y agrega: “El mundo entero tiene los ojos puestos ahí por su importancia para la biodiversidad, por la presencia de una especie endémica amenazada, como el Macá Tobiano, que tiene allí su sitio de invernada”.

 

ENERGÍAS RENOVABLES

En marzo pasado, el gobierno anunció la reglamentación de la Ley de Energías Renovables (Ley 27.191), según la cual el país deberá contar con el 8% de su generación eléctrica a partir de fuentes renovables, porcentaje que deberá llegar al 20% para 2020. Además, determina la conformación de un fondo económico para respaldar el financiamiento de proyectos de inversión en la materia, cuyo primer plazo de licitaciones ya se puso en marcha.

Sin embargo, algunas medidas anunciadas continúan en la senda de un sistema energético a base de explotación de combustibles fósiles. Enrique Maurtua Konstantinidis, director del área de Cambio Climático de FARN, analiza: “Lo innovador y positivo del nuevo gobierno es el interés que muestra por las energías renovables. Pero también hay otro tipo de anuncios, como las inversiones en fracking o las licitaciones en centrales térmicas, que son difíciles en materia de producción de energía y ambiente. Es una cuestión de visión. Hay muchos gobiernos que te dicen que para hacer una transición hay que realizar un período más, por ejemplo, con represas. Hoy las energías renovables te pueden dar la energía y los puestos de trabajo de forma más rápida y económica que cualquier otra fuente”.

La reciente suba de tarifas en los servicios puso en evidencia el elemento clave y complementario a la fuente de energía: la eficiencia. Al respecto, Konstantinidis es contundente: “Fueron poco prudentes en las formas, tomando las medidas de un mes para el otro. Todos sabíamos que lo que pagábamos por electricidad no era real, pero en el momento del aumento se tendría que haber aprovechado para promover la eficiencia. Por ejemplo: si instalás energías renovables, tenés un beneficio impositivo, o que junto a la factura del servicio se entregue un cupón de descuento en luminaria LED”.

 

La Razón

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