Desde la Justicia aclararon que la causa no prescribió para los ex funcionarios involucrados, porque siguen en la gestión pública. La fiscal de Andalgalá, Marta Nieva, envió un oficio al Tribunal de Cuentas por el que solicita que le remitan la información sobre las auditorías que realizó el organismo por la inversión de regalías mineras durante la gestión del ex intendente de Andalgalá, José Perea, desde 2003 hasta 2011. De esta manera, se reactivaría la investigación que se inició hace siete años atrás y que luego quedó paralizada cuando Perea asumió como senador por Andalgalá .
En marzo de este año, la Cámara de Apelaciones envió de nuevo la causa a la Fiscalía de Andalgalá al informar que el pedido de desafuero había perdido materia porque en diciembre de 2015 finalizó el mandato de Perea como legislador. De esta manera, ahora podrá continuar la investigación.
Nieva ya había solicitado esa información al Tribunal de Cuentas pero no fue remitida en forma completa y por eso ahora insistió con el pedido.
La investigación por las irregularidades en la inversión de regalías mineras se inició a partir de una denuncia que realizaron los ex concejales Luis Valdez y Carlos Haddad en 2009. La causa estuvo a cargo de la fiscal de la segunda circunscripción judicial, Marta Nieva, que en esa oportunidad comprobó que hubo 24 hechos vinculados con la ejecución de obras con regalías en los que se registran irregularidades vinculadas con el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. En ese momento, el posible daño al erario público rondaba los 20 millones de pesos, luego de que la Justicia determinara que el municipio no había realizado correctamente las rendiciones de cuentas de estos fondos.
En el marco de la causa, fueron imputados Héctor Ariel Giordani, ex secretario de Gobierno; Roberto Némer, ex secretario de Hacienda; María de los Ángeles Araya, ex directora de Hacienda; Luis Darío Ramírez, ex jefe del área Contable y Daniel Oscar Farroni, fiscal municipal.
En el caso de Perea, la fiscal había pedido al juez de Control de Garantías, Rodolfo Cecenarro, que inicie una investigación jurisdiccional para determinar si el ex jefe comunal tenía fueros en su calidad de senador electo para así poder imputarlo también. Cuando Nieva hizo la solicitud al juez, Perea había sido electo como senador por el departamento en el 2011.
Cecenarro hizo lugar al pedido de desafuero, pero los abogados del ex legislador apelaron la medida. Ante esta situación, la causa pasó a la Cámara de Apelaciones, pero el expediente nunca salió de ahí. En ese sentido y durante los cuatro años que duró el mandato de Perea como senador la causa no tuvo avances.
Al caducar los fueros del ex senador, se dictó la «pérdida de materia» al pedido del juez Cecenarro y el expediente volvió a la Fiscalía para que continúe la investigación. Esto ocurrió recién en el mes de marzo de este año.
Sin prescripción
Fuentes judiciales aclararon que la causa no prescribe para los funcionarios involucrados. En este sentido, la última modificación al Código Penal introduce una reforma que evitaría la prescripción de los delitos para los funcionarios investigados. Es que de acuerdo con el artículo 67 del Código Penal : «La prescripción también se suspende en los casos de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, para todos los que hubiesen participado, mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público”.
En este sentido, Giordani se desempeña como supervisor de la DASI, Araya integra el equipo contable del hospital de Andalgalá, Roberto Némer es concejal por el FV, Luis Darío Ramírez se desempeña en la parte contable del municipio y, en realidad, solo el ex fiscal municipal, Daniel Farroni, no ocupa ningún cargo público. En tanto que el ex intendente José Perea tiene un comercio que habitualmente atiende de manera personal.
Perea nunca fue indagado por la justicia y ahora que ya no cuenta con fueros parlamentarios la fiscal podría llamarlo para que brinde su explicación .
En el transcurso que estuvo parada la causa, el Tribunal de Cuentas realizó varias investigaciones para determinar cómo fue la inversión de las regalías porque así lo exigía la ley de regalías. Aunque, el Ejecutivo nunca llegó a la suspensión de los fondos.
El Ancasti
