El gas de la discordia


Néstor O. Scibona. La judicialización de la suba de las tarifas desnuda contradicciones ante un problema clave; incluso los nuevos topes estimulan mayor consumo

La judicialización y simultánea politización de los fuertes aumentos del gas natural, con “cacerolazo” incluido, ponen de relieve la ausencia de un mínimo consenso político y social frente a un problema clave como la crisis energética, que vino incubándose durante la era K, estalló con el “tarifazo” de abril y se complicó con el fallo que retrotrae la situación al 31 de marzo en todo el país.

En estos 100 días quedaron también al descubierto desconcertantes errores y contradicciones oficiales, así como la hipocresía y el oportunismo de buena parte de la oposición.

A nadie le gusta pagar más tarifas después de doce años de energía casi regalada. Pero que la mejor idea del peronismo sea dejar todo como está, sólo contribuye a agravar el déficit fiscal provocado por los subsidios y también la escasez de gas. No menos obvio es que el kirchnerismo haya recurrido al viejo recurso de exigir la cabeza de quien destapa la olla (Juan José Aranguren) como chivo expiatorio de las culpas de una política previa insostenible. Con el fenomenal atraso tarifario de la década “ganada” se perdió el autoabastecimiento y pasó a importarse más del 30% de la demanda de gas, que 50% se destina a generar electricidad. De ahí que en casi toda la era K las facturas tenían cada vez menos incidencia en los gastos familiares, mientras los subsidios estatales a granel (unos $ 200.000 millones en 2015) encubrían la creciente brecha entre precios virtualmente congelados y los costos de producirlo y/o importarlo. Esta “fiesta” de mayor demanda y menor oferta local de gas terminó, como suelen hacerlo las malas políticas.

Aun así, el ministro de Energía se vio obligado a admitir errores y omisiones propios. El “tarifazo” fue dispuesto sin demasiadas explicaciones ni suficiente anestesia social para la clase media. Incluso se apartó del manual que recomienda aplicar ajustes en verano y no en los meses más fríos del año, con lo cual de un otoño inusualmente riguroso, le jugó la mala pasada de un mayor consumo aun con subas tarifarias de hasta cuatro dígitos. No sólo eso. También acaba de sincerar tardíamente el cuadro de situación que, cuando menos, debía haber detallado en abril, cuando las fuertes subas en los precios del gas, las tarifas y el recorte de subsidios al consumo fueron comunicados a través de complejas resoluciones en el Boletín Oficial. Hace apenas seis días, al anunciar la refacturación con los topes de 400% y 500%, Aranguren explicó que ya no hay capacidad ociosa para regasificar GNL (gas natural licuado) e inyectarlo en la red de gasoductos. Y que sólo en 5/6 años podría prescindirse de esas importaciones y el uso de las dos plantas flotantes, cuyo alquiler insume US$ 100.000 diarios, si se recupera la producción local de gas natural. En cambio, no aclaró que los nuevos precios del gas en boca de pozo equiparan e incluso superan los de importación. Y sí reveló que el esquema tarifario actualmente suspendido permitía cubrir hasta el 85% de los costos, que ahora se reduce al 70% a cambio de mayores subsidios por $ 11.800 millones.

Hasta que no se resuelva el recurso extraordinario del Gobierno ante el fallo de la Cámara Federal de La Plata, no habrá certeza sobre cuándo se aplicará el tope móvil de 400%. Pero por lo pronto, este anuncio tuvo al menos dos efectos concretos: que después de mucho tiempo, los usuarios volvieran a prestarles atención a las facturas de gas y que el presidente Mauricio Macri se convirtiera en un abanderado del uso racional de este recurso no renovable.

Sin embargo, la decisión no deja de ser un parche transitorio que introduce una nueva distorsión y torna voluntarista la cruzada de ahorro energético emprendida por Macri. Con el tope resulta indiferente utilizar más o menos gas, ya que es independiente del volumen consumido; especialmente en las categorías más altas con tarifas mucho más caras.

En estos casos, multiplicar la factura por cinco con respecto a igual período de 2015 lleva tan arriba el límite que deja mucho margen para consumir más sin costo extra. Por ejemplo, en la categoría residencial máxima (R34) de la Capital Federal, quien en julio del año pasado pagó $ 3123 bimestrales (incluyendo impuestos y un subsidio de $ 400) por 1200 metros cúbicos (a una tarifa de $ 1,96/ m3), ahora tendrá un techo de $ 15.615, que podrá abonar en dos cuotas. Pero este tope de 400% resulta más alto que el del mismo con la nueva tarifa de $ 5,16/m3 (163% más cara). Aquí vale aclarar que la tarifa ya había subido 171% en 2015 (saltó de $ 0,72 a 1,96/m3), después de que Axel Kicillof y Julio de Vido anunciaran en 2014 una confusa reducción de subsidios que en realidad encubría ese incremento.

En el otro extremo, para la categoría inferior (R1) en la zona norte del Gran Buenos Aires y un bajo consumo (223 m3 bimestrales), la factura que en julio de 2015 sumaba $ 172 (con impuestos y sin subsidio), no podrá superar ahora los $ 865 cualquiera que sea el consumo.

Tanto en uno como en otro caso se mantiene inalterable la proporción de impuestos nacionales, provinciales y municipales incluidos en la factura, que oscila entre 22% y 30%, y torna en testimoniales algunos discursos políticos a favor de aliviar los presupuestos familiares.

De todos modos, lo que pueda ocurrir con las tarifas a partir de 2017 sigue siendo una incógnita. El Gobierno ya anunció su intención de convocar a audiencias públicas en octubre, para poner en marcha la revisión tarifaria integral (RTI) en electricidad y gas postergada durante más de una década. Se supone que de allí debería surgir un sendero de ajustes a mediano plazo (o bien la alternativa de una tarifa plana anual), que otorgue previsibilidad a consumidores y empresas. Sin embargo, la eventual intervención de la Corte Suprema en la fijación de precios podría introducir un antecedente inesperado antes de que se restablezcan los precios de mercado, los marcos regulatorios, las tarifas, los subsidios y compromisos de inversión, borrados arbitrariamente durante los doce años de gestión kirchnerista.

En este sentido, un cálculo del economista jefe de la consultora FyE, Hernán Hirsch, desvirtúa la creencia de que los últimos aumentos tarifarios cubren los costos, al señalar que, tras los topes, serían necesarios ajustes de 43% en gas natural, 100% en colectivos (AMBA) y 194% en electricidad. Casi lo mismo que dijo Ernesto Sanz cuando afirmó que, con el atraso tarifario acumulado, cualquier estrategia gradualista se asemeja a un shock.

 

La Nación

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