La encrucijada de YMAD


 

La crisis de la empresa interestadual Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) se desarrolla bajo un llamativo silencio por parte de los catamarqueños designados para integrar el directorio, mientras el yacimiento Bajo La Alumbrera rumbea a su agotamiento y crece el malestar entre los empleados. Se trata de la firma por la que la Provincia de Catamarca recibió el mayor volumen de ingresos mineros, utilidades que casi triplicaron las regalías, de las que los administradores del Estado dispusieron libremente para destinarlas en su gran mayoría a la inversión electoralista conocida: incremento de los planteles de la administración pública, gastos corrientes y perpetuos, en detrimento de la capitalización del sector público tendiente a fomentar el desarrollo y la generación de empleo genuino. El misterio que envuelve el desempeño actual de la administración de YMAD inquieta más por el fracaso general de la política minera oficial, que se traduce en la ausencia de una alternativa de financiamiento similar a lo que fue la renta minera para sostener los gigantescos niveles de gasto público asumidos irresponsablemente en tiempos de vacas gordas. Lo único que consiguió empinarse en tal sentido fue una vidriosa relación entre la estatal CAMYEN y la empresa YAMANA GOLD, propietaria de los derechos sobre Agua Rica, cuya situación financiera es muy precaria. Quienes diseñaron el modelo de gestión minera en ejecución decidieron sacarle el mayor jugo posible a su ubicación actual y dejar que el futuro se resuelva por si solo, librado exclusivamente a los avatares del azar. Para eso le dieron a YAMANA el insumo preciso: tiempo para seguir timbeándose los derechos de Agua Rica y que salga pato o gallareta.

Mientras, YMAD cabalga hacia el déficit, con mayor velocidad desde que Manuel Benítez fue reemplazado en la presidencia por un sujeto cuyo compromiso con Catamarca es nulo, con el mudo consentimiento de los directores locales. El mismo mutismo mantienen frente al ajuste, despidos incluidos, que se lleva adelante para tratar de ralentizar el ritmo del derrumbe. Es lo único que se les ocurre a los gerentes del fracaso: cuidar lo que dejó la gestión Benítez, extender la agonía. Cuando se hicieron cargo, YMAD tenía $1.000 millones de reservas, compuestos por plazos fijos en dólares y oro. La ineficiencia va comiéndose el legado. Se desconoce si existe algún plan para detener la caída o si se ha decidido dejar que YMAD complete su ocaso.

Tras varios meses de controversias en los que no dijo una sola palabra, la Fiscalía Municipal de San Fernando del Valle de Catamarca aclaró que el pago de los honorarios de sus abogados “no es ni fue nunca un requisito o condición previa para la regularización de la deuda del contribuyente”, y que los honorarios no son fijados por los abogados, sino por la Justicia. Esta tardía justificación se ensayó ante una carta publicada en este diario por el abogado Mario Mayorga, en la que informó que sus colegas de Fiscalía Municipal pretendieron cobrarle en concepto de honorario el 35% de lo que adeudaba. Pero se encontraron con la horma del zapato, Mayorga armó un escándalo y el abuso no pudo perpetrarse, cosa que con toda la intención de limpiarse los letrados comunales señalan. Debe consignarse que los vecinos legos carecen de los conocimientos del doctor Mayorga para zafar de la angurria, deficiencia en la formación que es aprovechada para aplicarles las exacciones. Si las cosas fueran como Fiscalía Municipal dice, ¿cómo se explica que a Mayorga hayan querido cobrarle el 35% de movida? Si Mayorga no bellaqueaba, eso es lo que iba a tener que pagar. ¿Tendrán que asesorarse los vecinos de San Fernando del Valle con un abogado para regularizar sus deudas? En tal caso, ¿quién pagará los honorarios del abogado de quien consiga eludir el abuso? Una de dos: o Fiscalía Municipal miente, o unos vivillos lucran allí a costillas de quienes desconocen los entuertos leguleyos.

Ancasti

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