En medio de la maratón de criticas y cuestionamientos por el aumento de las tarifas, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, deberá dedicar un tiempo extra a responder también planteamientos por la actividad minera. Dos organizaciones ambientalistas, Greenpeace y Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) presentaron un pedido público en el ministerio de Energía y Minería, para que el Gobierno explique de qué se tratan las nuevas inversiones anunciadas por el sector.
El pedido apunta a que se publique el listado completo de los proyectos comprendidos en el anuncio de las nuevas inversiones mineras por US$ 20.000 millones, entre 2018 y 2020, y también la evaluación de impacto ambiental de cada uno de los proyectos.
«La idea es ver cuál es el impacto de los proyectos, qué empresas se van a beneficiar con las nuevas inversiones. Porque, de cara a las nuevas medidas impulsadas por el Gobierno como la eliminación de las retenciones al sector, los funcionarios pueden ir «comprando» estos proyectos, pero al mismo tiempo pueden implicar acarrear problemas a futuro», explica Pia Marchegiani, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales.
“Muchos de los proyectos anunciados oficialmente están ubicados en área glaciar y periglacial, lo que representa una amenaza clara a la Ley de Glaciares sancionada en 2010, que prohíbe todo tipo de actividad extractivista sobre estas áreas protegidas”, agrega Gonzalo Strano, coordinador de la campaña de Glaciares de Greenpeace.
Entre otras cosas, las organizaciones pidieron en el informe que se esclarezca si alguna de las inversiones anunciadas será destinada a la remediación del derrame de más de 1 millón de litros de agua cianurada que provocó la mina Veladero de la empresa Barrick Gold en septiembre pasado, en San Juan.
Resulta preocupante que se sigan generando incentivos para el desarrollo de este tipo de proyectos, cuando todavía no se concluye el Inventario Nacional de Glaciares que identifique el patrimonio natural que necesitamos proteger”, insistió Marchegiani. El informe, también alude a la contaminación causada por la minera chilena Los Pelambres en la provincia de San Juan. En este caso, la provincia habría firmado un acuerdo con la minera en lugar de exigirle la remoción de los escombros del territorio sanjuanino.
Los pedidos de las entidades ambientalistas fueron presentados ante la cartera que dirige Aranguren y también ante el ministerio de Medio Ambiente el pasado 4 de agosto. Se estima que la respuesta oficial podría darse en los próximos 30 días hábiles.
Clarín
