Santa Cruz. El anuncio del Intendente Prades se da a tres meses del anuncio con el que prometió que este sector de más de 3.500 personas pasaría a la órbita del Ministerio de Desarrollo de la Nación. El gobierno de Alicia Kirchner aún no ratificó la medida.
El anuncio que ayer profirió el Intendente de la ciudad del Gorosito sorprendió a propios y ajenos, porque hablaría de un acuerdo contundente con el Gobierno provincial que lo colocan como principal asistente de esa comuna, atravesada por un rojo estructural, entre otras cosas, producto de que, hasta el mes de diciembre, supo recibir $50 millones mensuales del gobierno kirchnerista.
«Estamos trabajando con la Provincia, en un programa del fideicomiso minero y en razón de ello entiendo que tendrían garantizada su remuneración entre los días 4 y 10″, afirmó el mandatario que logró la intendencia por el espacio de Cambiemos, del cual está cada vez más lejos.
Aún la provincia no ha dado señales de confirmación a tamaño anuncio que significaría comprometer parte de los recursos del Fideicomiso Minero generado en el Banco Santa Cruz, en función de los acuerdos voluntarios de responsabilidad social empresaria que Alicia Kirchner firmó con Minera Santa Cruz, Oroplata S.A. y Cerro Vanguardia.
En el ámbito caletense, el tema también generó dimes y diretes, en torno a que, por ejemplo, los concejales nunca recibieron respuesta al pedido de informes para conocer con exactitud cuántas personas están involucradas en las cooperativas y en planes sociales, antes llamados 1840. Estos últimos habían sido creados por José Córdoba, en ocasión de desempeñarse como ministro de Gobierno de Daniel Peralta y cuando vio que su promesa de crear 25 mil puestos de trabajo en Santa Cruz iba a ser difícil de cumplir.
A comienzos de gestión, Prades dijo que había instruido a funcionarios comunales para que realizaran un relevamiento de los planes sociales, para el “sinceramiento” de los números. En la pesquisa debían dejarse asentados la asignación de sector y tareas a cada uno de los empadronados.
Según información a la que tuvo acceso TiempoSur, el número de personas que cobran planes sociales ascendería a 3.000 personas, mientras que los cooperativistas serían otras 500. Las cooperativas, que superan las 35, reciben un monto de certificación que se lo divide como sueldo de los integrantes y después una ayuda financiera directa para cada uno de ellos.
Cuando se encomendó ese relevamiento, cuyos datos nunca salieron a la luz, los rumores acerca de que Nación asistiría a Prades sólo si achicaba la masa salarial eran cada vez más fuertes. Meses más tarde, el Intendente hizo pública esta presunta intención del poder central y si bien lo reiteró en varios medios, durante el mes de mayo, Lucas Delfino, que coordina las relaciones entre los municipios y la Nación, lo desmintió categóricamente.
UN PLAN ECONÓMICO TRUNCO
A fin de abril, el secretario de Hacienda de la Municipalidad de Caleta Olivia, Marcos Antonelli, anunció, con minucioso detalle cómo sería el plan económico que la comuna caletense y el gobierno de Mauricio Macri habían acordado luego de meses de intensos viajes y gestiones en Capital Federal.
Según dijo el funcionario en conferencia de prensa, la idea era cumplir metas ordenadas por el poder central para “achicar el excesivo gasto de forma progresiva” y constaba de tres etapas.
En la primera, el Gobierno Federal enviaría un aporte de $65 millones mensuales a Caleta Olivia. Después, vendría el segundo segmento, de seis meses, en donde se intentaría transferir el costo de los planes y cooperativas al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. En este período se continuaría con la asistencia financiera nacional, pero sería de $50 millones. Simultáneamente, se trabajaría desde la comuna para avanzar con las jubilaciones pertinentes de los empleados que estén en condiciones de hacerlo, igual que con retiros voluntarios.
Luego de ese semestre, llegará el tercer segmento del plan, que será el más largo, de nueve meses, en donde la Nación asistiría a Prades con $25 millones, para sostener financieramente al municipio hasta que se acomoden definitivamente las cuentas fiscales.
Este plan “ya está técnicamente aprobado”, sólo resta la decisión política de Nación.
“Estuvimos trabajando todo un mes en esto. Y ustedes saben que el Intendente estuvo diez días en Buenos Aires, recorriendo pasillos del Ministerio del Interior”, expresaba por entonces Antonelli.
Empero, el anuncio que realizó ayer el jefe comunal de la ciudad norteña cierra por completo esa puerta y traslada el costo de los alrededor de 3.500 salarios o ayudas que perciben los planes y cooperativas a la órbita del gobierno de Alicia Kirchner que “en 90 días va a bancarizar a la gente”, aunque será “una tarea que seguirá coordinando al Municipalidad”, dijo.
Quizás, a fuerza de esta posible decisión del Gobierno provincial, son las declaraciones que en la semana realizó el Intendente, fustigando duramente a su espacio -Cambiemos- por la negativa sistemática al endeudamiento que habilitó la Cámara de Apelaciones, luego de que sus diputados judicializaran el asunto.
Los resquemores, podría decirse incluso, tuvieron su bisagra en la sesión del 23 de junio, ya que fue allí que el espacio liderado en Santa Cruz por Eduardo Costa le hizo sentir a los diputados Sergio Bucci y Gerardo Terraz, el rigor de su oposición a que pudieran convalidar el proyecto oficialista, entre otras cosas, con la circulación de un documento público.
“Nuestros diputados han actuado de manera correcta y de acuerdo a la realidad de los pueblos a los que representan, después lo que piensen u opinen algunos políticos de otra localidades, como dije días atrás, que vengan a Caleta y vean cómo vivimos y qué problemas tenemos», dijo el jueves Prades en declaraciones a la radio pública provincial.
¿QUÉ ES EL FIDEICOMISO MINERO?
El 5 de julio, autoridades del Gobierno provincial constituyeron el fideicomiso con el Banco Santa Cruz S.A. para que allí las operadoras mineras pudieran depositar aportes provenientes de su compromiso de responsabilidad social empresaria.
El ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura, Juan Donnini, acompañado por su par en la cartera de Producción, Comercio e Industria, Leonardo Alvarez, rubricaron el contrato para la constitución del Fideicomiso para el “Fondo Fiduciario en el marco del Proyecto UNIRSE”.
Allí, están confluyendo los fondos mensuales y retroactivos al mes de enero, producto del acuerdo celebrado entre la gobernadora Alicia Kirchner y, por el momento, las empresas Minera Santa Cruz, Oroplata S.A. y Cerro Vanguardia.
El fondo resultante de esos aportes serviría para financiar “programas y proyectos de inversión social, de salud, obras y proyectos productivos, además de inversión tecnológica que contribuya al desarrollo sostenible”.
Tiempo Sur
