Medida judicial para frenar explotación


Bariloche. El municipio autorizó a una empresa privada sin el aval del Concejo Deliberante. El caso llegó al STJ. La continua extracción de áridos de la cantera municipal derivó en un recurso de mandamus para que el Ejecutivo Municipal de cumplimiento a la normativa vigente, informe acerca del convenio que mantiene con Ñire SRL, y lo remita al Concejo Municipal para su aprobación.

La medida judicial fue interpuesta ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) rionegrino por los legisladores Alejandro Ramos Mejía y Nicolás Rochas, con el acompañamiento del concejal Daniel Natapoff, todos integrantes del bloque del Frente para la Victoria.

El conflicto comenzó hace tres meses. Desde entonces generó preocupación en los concejales de la oposición, logró la intervención del Tribunal de Contralor y hasta un pedido de informes a la Secretaría de Minería provincial.

Agotadas esas instancias se solicitó al STJ que libre un mandamiento y exija el cumplimiento de la Carta Orgánica Municipal, para que sean los concejales quienes aprueben el acuerdo con el privado.

Según el documento legal, desde marzo la comuna habilitó la extracción de áridos a una empresa que percibe cantidades iguales del material separado hasta lograr unos 200 mil metros cúbicos, que se calcula en unos 33.000 camiones repletos.

Pero las irregularidades no terminarían allí. Según los legisladores, existe una prohibición impuesta por la Secretaría de Minería, a pesar de que el área de Medio Ambiente de la provincia aprobó “en trámite record” un plan de reconversión de la zona ideado por el municipio.

El propio secretario de Medio Ambiente de la comuna, Carlos Beros, salió al cruce y dijo que se consiguió el rango de “Productor Minero” para operar en el sitio.

Sin embargo, los denunciantes explicaron que existe un deber “legalmente impuesto”, en referencia al control de los contratos firmados por el Ejecutivo, y que se encuentran vencidos los plazos que se impusieron para que los concejales y los integrantes del Contralor puedan contar con la documentación.

“La conducta del Intendente resulta obstaculizadora, impidiendo el control republicano de los actos de gobierno”, aseguraron en el recurso presentado. También acusaron un déficit institucional profundo a partir de la “violación del mandato” de las normas municipales.

En caso de que el STJ promueva el mandamiento, el intendente Gustavo Gennuso tendrá 48 horas para dar a conocer el convenio que vincula al municipio con el privado y el volumen de material extraído en el predio de 20 hectáreas que durante varios años funcionó como un vertedero forestal.

 

Río Negro

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