Todas las fichas de la Administración Macri están puestas a la reactivación de Vaca Muerta. Pero ¿qué otro gran proyecto hay vinculado a recursos naturales? El ministro Juan José Aranguren no sólo debe levar por el petróleo y el gas. También por la minería, actividad a la que se le mejoraron las condiciones que venían complicadas por los derechos de exportación. En un escenario de descenso de los precios de los commodities, ¿hay algo interesante en minería? Dicen que desde que Vale se fue de Malargüe, Mendoza perdió importancia. Sin embargo, Aranguren busca un capítulo 2 para el Cuyo minero.
Recalculando el potencial minero mendocino en US$ 349.234 millones, Mauricio Macri envió a la provincia cuyana a la primera espada de la minería de su gabinete, el subsecretario de Desarrollo Minero, Mario Capello, para activar un acuerdo en la sociedad que destrabe la prohibición legal a explotar la minería a cielo abierto. La presión oficial coincide con el bloqueo que existe para la actividad en San Juan, de la que el funcionario nacional es oriundo, al no haber resuelto Barrick la controversia que existe con las fuerzas vivas locales por el derrame de cianuro en 2015 y con las autoridades chilenas, al otro lado de Pascua Lama, continúan paralizadas la producción y las inversiones de este importante yacimiento.
Sin embargo, Capello insiste con que Argentina rechaza la minería porque fue un país concebido para el agro, lo cual parecería ratificar la Bolsa, al ser las perlas del Merval las del agro: Cresud, SAMI, Agrometal, según el famoso trader argentino y socio de TM Inversiones SA, José Prats, confió al blog Reymidas, especialista en metales preciosos, pionero en exponer la manipulación del oro en la crisis 2008. Menos mal que el embajador ante la Unesco, Rodolfo Terragno, también visitó Cuyo y sostuvo que en Mendoza «hay una reacción exagerada por el miedo».
Julio Cleto Cobos ya tenía antecedentes del “No positivo” cuando tuvo que definir si se convertía o no en ley la resolución 125 que disponía el aumento móvil de las retenciones a la soja. Aunque se vea como una posición ambigua, fue suficiente para desatar la ira del gobierno de Cristina Kirchner contra el campo.
Cuando él era gobernador de Mendoza, en 2006, vetó parcialmente la Ley Nº7.722 que prohibía la minería a cielo abierto con uso de cianuro como forma de conciliar la postura ambientalista con la explotación del subsuelo de la provincia.
Por un lado, a fines de 2015, su iniciativa recibió la constitucionalidad en Mendoza, una conquista de las asambleas socioambientales defensoras del agua, las que junto a diferentes sectores de la provincia lograron, con movilizaciones y actividades permanentes, regular la extracción y el avance de la minería metalífera y contaminante, que prohíbe el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio y ácido sulfúrico, entre otras, en todas las etapas de los procesos mineros.
Pero por otra parte, el “ni” de su decreto dejó una puerta abierta a la formación de una mesa de discusión entre los distintos actores para consensuar qué minería quieren, en qué condiciones y dónde y cómo desarrollarla”, según la convocatoria que formuló el subsecretario de Energía y Minería, Emilio Guiñazú.
De modo que primero fue la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (CEMEN) la que evaluó que el valor bruto de la producción metalífera potencial para Mendoza podría alcanzar un máximo de US$ 349.234 millones, teniendo en cuenta los recursos conocidos.
Y en seguida apareció un informe que identifica políticas públicas necesarias para el desarrollo de la minería responsable, que presentaron la semana pasada en el Hotel Diplomatic el Consejo Empresario Mendocino, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) y la Fundación Vida Silvestre, el cual aporta un enfoque integral que contempla dimensiones sociales, medioambientales, económicas y regulatorias de la actividad minera.
Se lo destacó como el resultado de más de 2 años de investigación y diálogo con cerca de 50 referentes mendocinos y nacionales, de sectores sociales, políticos, académicos, ambientales y productivos.
Además del equipo de la ONG, integrado por Luciano Di Gresia, investigador principal del Área de Desarrollo Económico, y Belén Rubio, investigadora asociada, Área de Desarrollo Económico, es interesante observar quiénes estuvieron y quiénes no.
Entre éstos, no participaron las organizaciones ambientales, ausencia por demás sensible. La mesa académica estuvo conformada por el presidente del CEM, Federico Ostropolsky, el presidente de CIPPEC, Jorge Mandelbaum, y el director del Departamento de Conservación y Desarrollo Sustentable de la Fundación Vida Silvestre, Manuel Jaramillo.
En representación del gobernador de la provincia asistieron el secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Humberto Mingorance, y el subsecretario de Energía y Minería, Emilio Guiñazú.
Pero todas las miradas estuvieron enfocadas al enviado del gobierno nacional: el subsecretario de Desarrollo Minero de la Nación, Mario Capello, un ingeniero en minas, ex diputado nacional de la UCR por San Juan, cuya misión en en evento, según Laizquierdadiario.com, fue presionar para que se imponga la explotación minera en Mendoza copiando el modelo de la provincia vecina, si bien desde hace casi un año está en pleno proceso de revisión tras el millón de litros de cianuro derramados en los ríos de la cuenca de Veladero.
Capello, un hombre fuertemente cuestionado por las asambleas y organizaciones socioambientales, que lo consideran un “lobbista minero», partió de comparar los niveles de ganancias que deja la exportación de soja en Argentina y lo que sucede en Chile, donde “hoy exporta sólo en cobre, por año, el doble de lo que nosotros exportamos por el pool de soja –US$ 42.000 millones contra US$ 24.000 millones–”, para señalar: “A mi criterio no somos Canadá, porque no desarrollamos minería”.
Considerado uno de los hombres fuertes del Gobierno nacional en el gabinete energético se lamentó de que en los ’90 Mendoza fuera el destino de inversión de “las principales empresas exploradoras”, pero que, sin embargo, los proyectos no se sostuvieron en el tiempo.
“Negamos miles de millones de dólares en inversión y hoy se hace minería a cielo abierto con cianuro en Asia, Canadá o con sulfuro. Son químicos inherentes al método que los países aceptan para beneficiarse con sus riquezas minerales”, consideró.
El trabajo que circuló previamente CEMEN preparó el terreno: muestra que San Juan, Buenos Aires y Santa Cruz concentran el 50% de los empleos registrados generados por minería, mientras que Mendoza sólo el 5%. También indica que en Cuyo se encuentra el 56% de las reservas conocidas de cobre, el 53% de oro, el 50% molibdeno y el 9% de plata.
Para despejar el debate sobre la 7.722 mendocina, Capello le dio carácter nacional al problema de la inversión minera diciendo “cada provincia decidirá, pero el país necesita inversión y los argentinos necesitan encontrar trabajo; es una vergüenza que importemos minerales que hay en el suelo nacional y que generemos menos riquezas que las que obtiene Chile, país que no cuenta ni con una meseta patagónica, ni con una sierra pampeana, ni una pre cordillera”.
Y continuó «hay dos pampas húmedas en la Argentina. Una es la que todos conocemos, la de la soja. La otra es la que no está desarrollada, la de las provincias del oeste y las patagónicas, las provincias mineras (…) Para estas provincias, la minería es la soja del oeste argentino».
Según el documento, el mercado mundial de minerales presentó una transformación estructural en los últimos 15 años, tendencia a la que la Argentina no es ajena. De hecho, la producción minera local se triplicó en volumen y duplicó en valor.
“Este escenario presenta tres desafíos: la necesidad de fortalecer los mecanismos institucionales de control ambiental, la gestión eficiente de los ingresos fiscales derivados de la minería y el aumento de la participación ciudadana en la toma de decisiones”, indicó Luciano Di Gresia.
Una de las principales conclusiones del encuentro, que reunió a expertos, académicos, funcionarios públicos, legisladores, representantes del Poder Judicial provincial, empresarios y organizaciones de la sociedad civil, es que analizar los impactos de la minería sobre el bienestar social requiere de un enfoque integral, transversal y prospectivo, que contemple las restricciones de economía política que enfrenta la política pública en relación a la actividad minera.
“La minería tiene el potencial de convertirse en un motor de crecimiento responsable con equidad pero demanda la creación de reglas de juego adecuadas y consenso social. No es un boleto mágico y requiere mecanismos de diálogo institucionalizados”, observó Belén Rubio.
Al mismo tiempo, los expositores destacaron que el sector privado sólo puede ser el piso de una política minera para el crecimiento con equidad. De forma central, el impacto de la minería sobre el bienestar social depende de las instituciones y el marco de políticas públicas en las que se desenvuelve la actividad minera.
Por otro lado, el informe destaca que la experiencia local e internacional indica que no hay minería posible sin legitimidad social. Por ello, es fundamental asegurar el funcionamiento de las instituciones de control y participación ciudadana en todo el ciclo minero, en particular en las zonas de explotación.
“Una cuestión central es un manejo adecuado y transparente de los flujos de renta minera, que, por un lado, asegure que los beneficios económicos y sociales de largo plazo de la minería compensen cualquier posible costo de corto plazo, y que asegure la compensación de los pasivos ambientales que la actividad genera irremediablemente”, indicó Di Gresia.
El rol clave del Estado
Las perspectivas de moderación de los precios internacionales de los minerales implican la necesidad de recrear un entorno institucional estable y responsable social y ambientalmente, para atraer inversiones mineras de calidad a la Argentina.
“En este sentido, es imprescindible fortalecer el accionar del Estado durante el ciclo minero”, destacó Di Gresia.
Según el investigador principal del Área de Desarrollo Económico de CIPPEC, el Estado tiene un rol fundamental en la generación de información económica, geológica y ambiental confiable; la capacidad de regular y controlar todo el ciclo de un proyecto minero; el manejo de pasivos medioambientales en especial en la etapa de post-cierre; y la gestión de riesgos, rentas y conflictos.
Jaramillo expresó, por su parte, “como sucede con todas las actividades productivas que utilizan recursos naturales de interés para múltiples actores, los procesos de diálogo institucionalizados son la manera más apropiada para la prevención y resolución de conflictos sociales y ambientales. La disponibilidad de información en formatos accesibles para los diferentes sectores de la población es uno de los principales insumos para asegurar este diálogo”.
Ostropolsky, presidente del Consejo Empresario Mendocino, afirmó que es crucial, en el caso de Mendoza, impulsar un diálogo social plural sobre el rol de la minería dentro del desarrollo de una estrategia de crecimiento responsable con equidad social, desde una perspectiva integral y de largo plazo.
La publicación presentada evidencia que las buenas prácticas internacionales sugieren que el eje de una política pública minera debería ser una buena gobernanza pública y privada, basada en la transparencia y la participación ciudadana. Incidencia, Monitoreo y Evaluación, y Ciudades.
Rechazo cerrado
Las minas a cielo abierto en Argentina han despertado el rechazo de vecinos y ecologistas, que se han movilizado en contra del uso de sustancias contaminantes y del agua en zonas áridas.
A los reclamos se han unido desde agricultores hasta bodegas, como la española O. Fournier, o empresas de aguas, como la francesa Danone.
Los defensores del Famatina afirman que de allí nacen corrientes de agua para diversas provincias argentinas. Y argumenta que provincias/estados/regiones de EE.UU., Canadá y Australia, y países como Alemania, Grecia y República Checa, han prohibido la minería a cielo abierto. No es el caso de España, donde siguen operando minas como la de Alquife (Granada), más allá del desastre ecológico de Aznalcóllar (Sevilla) de 1998.
Las bodegas también recelan. «La minería crea cierta riqueza, pero penaliza a las provincias que necesitan de la pureza del ambiente y el agua para el turismo o la vitivinicultura», observa el bodeguero español José Manuel Ortega Fournier, que produce en Mendoza.
«En la historia de Argentina no ha habido buenos controles medioambientales y la riqueza no fluyó a las zonas donde está la minería. Los Gobiernos no mejoraron las carreteras o la sanidad. Por eso hay una reacción tan extrema de los grupos de vecinos», agrega.
Refuta a las mineras cuando alegan que las bodegas también polucionan. Le parece «ridículo» pensar que la vitivinicultura (sector en el que Argentina es el quinto productor mundial) sea más dañina que la minería.
Entre las empresas embotelladoras de agua de Mendoza, Danone dice que «no se opone a la minería en general», pero «observa con suma preocupación la posibilidad de que se realicen actividades extractivas en la reserva natural donde se encuentra la fuente de origen» de sus aguas.
Los proyectos mineros en esa reserva fueron suspendidos de forma cautelar por la justicia, ante el riesgo de que «tengan consecuencias sobre el medio ambiente y hasta tanto se realicen todos los estudios de impacto».
Reacción exagerada por el miedo
Terció en el debate minero cuyano Rodolfo Terragno, quien defendió la actividad minera en la región.
En diálogo con la web MDZ, él se refirió a la postura reactiva mendocina ante la actividad minera: «El fundamentalismo ecológico, muchas veces sin fundamento, mete miedo en la población. Si a la gente de un pueblo se le dice que una papelera va crear malformaciones y envenenar el agua, el pueblo se alza para impedir que se instale la papelera», manifestó.
Aclaró en ese aspecto que «los mendocinos no son distintos a los ciudadanos de otras provincias, a quienes el ecologismo extremo les mete miedo. El pánico puede darse en cualquier lugar y provocar una fuerte presión popular sobre las autoridades. Por eso le puse el ejemplo de la papelera, que no tiene nada que ver con la megaminería, y dio origen, no sólo a la clausura de un puente internacional por un año, sino que llevó a varias provincias a prohibir la fabricación de papel. Otro ejemplo es el voto popular contra el oro en Esquel», sostuvo.
El ex jefe de Gabinete estuvo en San Juan, en donde presentó su libro «Desarrollo y Ecología», que trata de poner en foco las necesidades de Argentina: el desarrollo económico y la protección del medio ambiente.
En cuanto a una de las mayores controversias surgidas dentro del debate minero -el control ambiental y el papel del Estado como contralor de la actividad minera- el ex legislador y es Jefe de Gabinete de Ministros indicó que se debe hacer partícipe a Universidades nacionales (áreas de nivología, recursos naturales, salud entre otras); CONICET ( Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas); Asociaciones de trabajadores mineros, y ONG´s dedicadas a la transparencia en las políticas públicas y el desarrollo de actividades para evitar el desmanejo y la «corrupción».
Este año, luego de haber sido eliminada la retención a las exportaciones del sector, las inversiones previstas para minería ascienden a us$ 8.000 millones en 300 lugares y darán empleo a 212.000 personas, en un contexto en el que el fenómeno de las protestas contra la minería a cielo abierto se han extendido por 80 pueblos y ciudades de la cordillera en Argentina, de norte a sur.
El subsecretario de Desarrollo Minero, por su parte, reconoció que hay por delante un derrotero largo y difícil. «Le vamos a sugerir a Mendoza la oportunidad que da la minería», aunque sabe que se está ante una provincia que mantiene como uno de sus lemas de los últimos años, el grito que marcó la pelea por la conquista de la 7722: “El agua de Mendoza, no se negocia”.
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