De no mediar una reactivación de la mano de un socio antes de marzo, el Ejecutivo provincial debería exigir a Vale un plan de reactivación. Entre idas y vueltas, la fecha limite para que la empresa brasileña no pierda la concesión sería septiembre de 2017.
Si el mundo fuera ideal, Mendoza no estaría pasando por la actual situación financiera que atraviesa y, literalmente, viviendo de lo que consigue prestado. Si fuera ideal, estaría entrando en el tercer año de exportación de una producción de 2.400.000 toneladas de cloruro de potasio, con 12.000 trabajadores en funciones y una matriz productiva más diversa, gracias a Potasio Río Colorado (PRC) en Malargüe. Pero esa ilusión quedó atrás en marzo de 2013 y está, por ahora, muy lejos de convertirse siquiera en la mitad de la realidad que prometía el yacimiento en sus primeros años.
Considerando el accionar del Ejecutivo provincial que exige que se cumpla con lo que dice la ley en materia de concesiones, con el ejemplo reciente del Casino Cóndor y la anunciada quita de las áreas petroleras, cabe preguntarse cómo actuará el Gobierno en el caso que se cumplan los cuatros años de inactividad que señala la ley para quitar una concesión minera. Sin embargo, y dentro de los plazos, la intención de la administración de Cornejo es ayudar en todo lo que se pueda para que Vale, dueña del proyecto, pueda reactivar y así evitar un frente de conflicto. ¿Se logrará?
La situación actual es muy compleja y los plazos corren para la empresa brasileña Vale, la cual de no reactivar el proyecto antes de marzo de 2017, recibirá -según indica la legislación- una intimación de parte de la Secretaría de Minería de la provincia para poner en marcha el proyecto, bajo el riesgo de perder la concesión. A partir de ese momento tendrá seis meses para presentarlo, por lo que en términos reales, Vale tiene poco más de un año para encontrar un socio para explotar el potasio malargüino. En ese plazo la discusión pasará del ámbito técnico al político, y quizás al judicial.
Desde lo anunciado a lo realizado
Aunque en un momento algunos medios interpretaron en base a lo que prometió Vale al Gobierno, que el proyecto se reactivaría en 18 meses, pero eso es una cuestión incierta, y va de la mano con la inyección de dinero fresco de un socio, porque de lo contrario es muy complicado que se realice con los valores actuales del potasio a nivel internacional, el cual ronda los 250 dólares por tonelada, muy lejos de los 700 previos al cierre y los 1.000 de hace una década.
Fue a fines de 2011 que la empresa anunció que en 30 meses tendría listo el complejo con 11 mil metros cuadrados construidos en un predio de 80.000 hectáreas en el departamento de Malargüe. De ese modo a mediados de 2014 comenzaría a producir 2.400.000 toneladas anuales de cloruro de potasio durante los primeros cinco años, para luego duplicar la producción en un yacimiento con una vida útil de más de 50 años.
Sin embargo, el ideal no se dio y a menos de un año de iniciados los trabajos, en diciembre de 2012 se dio una licencia a los trabajadores y se inicio el cruce entre el Estado y la empresa por la paralización, la cual derivó en la posterior paralización.
Pero es en ese proceso donde se pudo identificar, casi en forma anticipada, cómo podría afrontar la firma brasileña una eventual quita de la concesión si es que la paralización se mantiene y si la administración Cornejo decide avanzar con la medida.
En enero de 2013 Vale recibió las primeras resoluciones de la autoridad minera para que informara del plan de avance de obras, el que la empresa se excusaba de entregar porque hasta el 21 de enero mantenían la suspensión. Antes de esa fecha, a través de un correo electrónico enviado el 18 de enero, Vale anunciaba que la suspensión se extendía hasta nuevo aviso.
En ese momento, la Secretaría de Minería intimó a la empresa para que presente su plan de obras hasta el 1 de marzo de ese año, bajo la posibilidad de que se avance con la quita de la concesión. Del mismo modo, se envió a la Policía Minera a inspeccionar el yacimiento, generando la primera de una serie de decenas de informes que confirman una sola cosa, la falta de actividad de Potasio Río Colorado desde diciembre de 2012.
Es que la frase «sin actividad» podría ser fundamental a la hora de tener que enfrentar a Vale y obligarla en marzo de 2017 a presentar un plan de reactivación, todo en el hipotético caso -y muy probable mirando los mercados- de que no encuentre un socio para explotar.
Es que, como si fuera un deja vú, la misma firma se refirió a los términos en que se le podía quitar la concesión y lo hizo en un recurso de apelación presentado ante la Secretaría de Minería el 19 de febrero de 2013, rechazando la exigencia de un plan de obras que le solicitaba el organismo estatal.
En el punto VII.4 de ese documento, referido a la inactividad en las tareas mineras, señala: «PRC ya aclaró en más de una oportunidad que no ha abandonado el proyecto. PRC simplemente -y únicamente- extendió el receso de fin de año de los trabajadores mientras analiza las variaciones en los fundamentos económicos del proyecto». Más abajo, pero dentro del mismo punto y respecto al artículo 225 del Código de Minería, indica: «La autoridad minera podrá exigir al titular de una concesión la presentación de un plan de activación o reactivación de una mina solamente cuando la concesión respectiva hubiera estado inactiva por más de cuatro años que -obviamente y a las claras- no es el caso del Proyecto de PRC».
En ese momento seguramente la empresa no pensaba que casi cuatro después estaría en una situación compleja y, según asegura, sin los recursos para explotar el yacimiento. Eso sí, ya veía venir que menos de un mes después de enviar ese documento, y específicamente el 13 de marzo de 2013, anunciarían la paralización del proyecto en el que Mendoza ponía grandes esperanzas.
Si el Ejecutivo provincial decidiera quitar la concesión de Vale, un factor fundamental será probar que la empresa en cuatro años tuvo suspendido el proyecto. En ese aspecto un rol fundamental es el que juega la Dirección de Minería, a cargo del ingeniero Carlos Molina.
En conversación con MDZ, el funcionario confirmó que en marzo de 2017, según indica la ley y de no mediar un anuncio de Vale, a él le corresponderá exigir la presentación de un plan de reactivación. Los argumentos están en las actas de inspección que elaboró la Policía Minera desde la suspensión de las actividades en Malargüe.
«La Policía Minera realiza inspecciones tres o cuatro veces al año», dijo Molina, quien expedientes en mano, confirma que en cada una de las ocasiones, con registro fotográficos incluidos, los informes tienen la misma cita, «sin actividad». Incluso, aclaró el director de Minería, si se quisiera hacer algún tipo de movimiento en el yacimiento, primero la empresa debe solicitarlo a la autoridad, pero en cuatro años no lo ha hecho.
Molina afirmó que la misión de las inspecciones es, además, verificar que no se retire ningún tipo de maquinaria o estructura del predio de PRC, además de confirmar que no se ha desmantelado nada. Incluso, señaló, también se han hecho inspecciones de la Secretaría de Minería de la Nación para verificar que sigan en el lugar los equipos que se compraron con regímenes de promoción especial.
Pero para la autoridad de la materia la situación es clara, PRC está sin actividad desde marzo de 2013 de manera oficial y las labores que se han hecho son de mantenimiento, pero no implican producción, ni actividad. Señaló, entre otras cosas, que han pedido que se hagan trabajos de protección catódica para cuidar las tuberías, entre otros trabajos.
Con el yacimiento paralizado, sólo con presencia de personal de vigilancia y mantenimiento, no hubo movimiento alguno de acuerdo al último informe de la Policía Minera que data de abril de 2016. Molina señaló que él actuará en la parte técnica y de acuerdo a lo que la ley indica y los plazos establecidos, quedando después de eso, todo en manos del Ejecutivo. Seguirán las inspecciones, pero -tal como dijo Vale- de no llegar un socio no es de extrañar que todo siga igual hasta marzo de 2017.
El riesgo de enfrentar a Vale
Aunque para el Gobierno lo mejor sería que la empresa brasileña encuentre un socio y comience a explotar, consideran que de cumplirse los plazos tendrían que avanzar con la quita en la concesión. En ese contexto, analizan los riesgos, como es la posibilidad de que Vale judicialice el caso para no perder su concesión, utilizando argumentos como los que usó para rechazar que se le solicitaran planes de obras y otras explicaciones en 2013.
En ese contexto, y según confirman fuentes de Casa de Gobierno, trabajan para tener todos los argumentos sobre la mesa, especialmente los referidos a los períodos de inactividad. Al mismo tiempo, escucharían algunas opciones para poder activar el yacimiento con nuevos inversores, pero para eso deberían lograr salir de la relación con Vale sin una cuestión judicial que podría extender la paralización durante muchos años.
Sin embargo, por ahora son sólo hipótesis, porque la primera opción (y la mejor) es que Vale encuentre un socio o que las condiciones del mercado cambien para que explote en soledad con el proyecto reacondicionado, ya sin la misma producción, sin el ferrocarril y con menos impacto, pero aún con un potencial importante para mejorar la situación provincial. Queda un año para definir, pero nadie llegar al último día y ser sorprendido sin una carta bajo la manga.
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