(Editorial El Esquíu) Es cierto. La decisión de los concejales andalgalenses de prohibir la minería a cielo abierto, a través de una Ordenanza votada por unanimidad, no fue más que hecho político para la tapa de un diario, lo que posiblemente haya estado acordado de antemano. O un apriete contra los gobiernos provincial y nacional, interesados ambos en desarrollar la actividad minera como una de las fuentes para captar recursos genuinos y crear fuentes de trabajo. En más, no tiene valor legal porque, de acuerdo a la Constitución reformada de 1994, son las provincias las que reglamentan la explotación y exploración de la actividad y, lo más importante, son las dueñas de los yacimientos. Por cierto, la población andalgalense recibió la noticia con indiferencia y, entre los sectores que forman opinión, con alguna preocupación. Es que los mismos concejales y, especialmente, el intendente Páez saben que sin minería el desarrollo es una utopía. Argumentar que la renta minera, en otros tiempos, se desperdició, hoy es un pretexto porque el gobierno provincial, para disgusto de Páez, ha reglamentado el uso de regalías, las que sólo se pueden aplicar a proyectos sustentables y previamente aprobados por el ministerio de Producción.
Dejando de lado el aserto que los controles ambientales son imprescindibles, sobre los que todos están de acuerdo, la jugada de los ediles de Andalgalá fue vergonzosa. Esta misma iniciativa ya se hizo años atrás y, como no podía ser de otra manera, la Justicia la declaró anticonstitucional. Por lo tanto, ahora ocurrirá lo mismo, con lo que queda clara la maniobra mediática, de la que no son ajenos sectores políticos y empresarios sobre los que hablaremos oportunamente. De hecho, en otros «Apuntes” como estos, ya anunciamos la campaña que El Ancasti lleva adelante contra la empresa Yamana -dueña de Agua Rica- por haberle retirado la pauta publicitaria. Lógico. Para el diario se trata de una ofensa imperdonable. Y la multinacional no entiende que con la plata no se jode.
Quienes recibieron la noticia con mucho encono fueron los dirigentes de Aconquija, que también forman parte de Andalgalá. No entienden cómo los concejales de la ciudad de Andalgalá pueden arrogarse el derecho de prohibir la minería afectando a otro municipio que, por las dudas, hay que decir que, a diferencia de Páez, si gastó bien las regalías mineras en obras favorables al turismo. Aparte, el proyecto habla de resguardar al Nevado de Aconquija, cuestión en que los «estancieros” discrepan y consideran que nadie mejor que ellos para cuidarlo.
La interna catamarqueña dentro del frente Cambiemos sigue tensa, no se detiene y, a cada rato, amenaza con ruptura. La visita de cada funcionario nacional reactualiza las divisiones, que se expresan con gestos, referencias y alusiones sectoriales. En la semana, como ocurrió cuando vino Mauricio Macri, las exteriorizaciones giraron alrededor de José Cano, el tucumano que comanda el Plan Belgrano y que llegó a la provincia para convenir con el gobierno de Lucía Corpacci el plan de obras, en forma especial la construcción del gigante hídrico Potrero del Clavillo, una iniciativa monumental que favorecerá a Catamarca y Tucumán, tal como se planificó hace más de 40 años. Las deliberaciones fueron largas y, aparte, los funcionarios recorrieron otros emprendimientos de obra pública. Sin embargo, se dieron tiempo para conversar con legisladores y militantes radicales que, al parecer, les interesa bastante poco los planes del gobierno provincial y, en su lugar, quieren hablar de política y, aunque no lo digan, ver la forma de neutralizar los réditos que pueda lograr la administración de Lucía Corpacci. De esta forma, la diputada Marita Colombo -punta de lanza de «largas luchas” del senador Castillo- no pudo disimular su contrariedad por la actividad de Cano y, con un dejo de desencanto, señaló «estuvo cuatro horas en el Centro de Integración y apenas 20 minutos en el Ancasti”. Es que en el ex Sussex fue la reunión con el gobierno de la provincia y en el hotel de calle Sarmiento esperaban los radicales como ella.
Cano, por el tiempo que les dispensó, fue demasiado explícito con los correligionarios. Les dijo que tiene que respetar las cuestiones institucionales y que no aceptaría chicanas de baja estofa. Ante las miradas atónitas de sus interlocutores, les habría comentado su visión sobre la obra de cloacas de Valle Viejo, a la que la gente local, por su valor, la presentó como un acto de corrupción. Para él, los precios están acordes a la «cartelización” -reparto de obras convenido entre las empresas con una licitación puramente formal- y serán muy parecidos a las conexiones del gas que realizará el macrismo para el departamento Fray Mamerto Esquiú. Y, por si esto fuera poco, ponderó la planta de tratamiento de esta obra que abarca decenas de hectáreas y que no solo será una solución para Valle Viejo, sino también para la Capital.
Las malas noticias para la vieja guardia radical, personificada en las figuras de Oscar Castillo y Eduardo Brizuela del Moral, llegaron antes de la entrevista con José Cano. Efectivamente. Desde el día anterior se sabía que la administración nacional había nombrado Asesor Técnico del Plan Belgrano en Catamarca al arquitecto Nicolás Lindow, un miembro de la «Cantera Radical” que se identifica con el doctor Ricardo Guzmán, el líder de la minoría dentro de la UCR que, en los próximos tiempos, podría ser nombrado delegado del Belgrano. En este supuesto quedaría en el camino Alejandro Narváez, el exfuncionario castillista que supo ser uno de los beneficiarios del proyecto de la leonina concesión de la terminal de ómnibus de 1992. Pero volviendo a Lindow, hay que decir que se trata del hijo del exconcejal del mismo nombre que ejerció su mandato entre 1983 y 1987, durante la intendencia del extinto Yamil Horacio Fadel.
La postulación de los doctores Miguel Figueroa Vicario y Vilma Molina como ministros de la Corte de Justicia, de acuerdo a los primeros sondeos, representa una bocanada de aire fresco para un tribunal largamente desprestigiado. En esta dirección, se considera un acierto de Lucía Corpacci el haber dejado de lado figuras directamente relacionadas con la política -varias de ellas estuvieron en consideración- y haber optado por dos perfiles que la distinguen de las designaciones que, en el mismo tribunal, supo hacer el radicalismo. Figueroa Vicario, hijo del reconocido abogado y exlegislador Miguel Figueroa, desde hace un par de años viene cumpliendo funciones técnicas de asesor de Gobierno y, en verdad, se trata de un profesional de sólida formación y profundo conocimiento de la ciencia jurídica. De Vilma Molina, no hace falta adjetivar. Ella tiene una larga trayectoria en la Justicia y no se le conocen deslices de ninguna naturaleza. Aparte, en ambos casos, por edad y condiciones, se ajustan a las leyes y a las exigencias de la Constitución, no como José Cáceres y Amelia Sesto que asumieron siendo jubilados cuando, por ese motivo, no podían hacerlo. Tampoco los nombrados tienen edad para permanecer en funciones, lo que los convierte -por lo menos- en jueces irregulares.
