San Juan. Que yo te dije, que vos me dijiste, que yo soy el que sabe, que yo soy la autoridad, que a mí no me las vas a venir a contar…son parte de los diálogos imaginarios que se producen cada vez que hay un problema con el ambiente y sobre todo desde que llegó a San Juan, felizmente, la gran minería. Nadie parece tener la última palabra y, cuando se acude a la justicia por algún conflicto, la causa le termina llegando a un magistrado que nunca se formó específicamente sobre estas cuestiones con el agravante de que, estando los yacimientos en departamentos con escasa población, los juzgados son multifunción, civiles, penales, laborales, ambientales.
La sociedad les pide una versatilidad infinita que implica tener que resolver tanto un divorcio controvertido como un crimen pasional, establecer una indemnización por despido o cuidar cierta población de fauna. En aquellos lugares donde la única autoridad es un juez de paz, cuando el problema lo supera el litigio tiene que radicarse en la Capital. Nuestros magistrados por lo general también son ajenos al tema central dado que las cuestiones ambientales son muy nuevas en la jurisprudencia y a esa falencia se agrega la lejanía con el lugar de los hechos y con las poblaciones eventualmente afectadas.
Ni hablar de la discusión sobre las jurisdicciones y el deseo permanente de los dirigentes con protagonismo nacional o pretensión de tenerlo, de meterse también en la discusión con denuncias que recaen en jueces proclives a compartir su prejuicio o que tienen interés de pantalla. Por ejemplo, el ministro Bergman aparentemente para empatar el desprestigio de haber sido llamado a indagatoria por otra causa, pide a la justicia federal radicada en San Juan que intervenga y sugiere que cierre la mina por más tiempo. Lo hace sin investigación previa, solo por supuestos o lectura de los diarios. Tampoco está claro si el caso cae en el fuero penal y, eventualmente, cuál sería el delito. A esta altura del siglo y del desarrollo de la industria en general, de la minera en particular y de grandes cambios en la producción agrícola con lavado y degradación de suelos, quema de campos, crecimiento de las poblaciones urbanas y de la basura hogareña y tecnológica, es imprescindible la creación de Tribunales Ambientales. Una vez que lo pensamos nos cuesta creer que no estén funcionando todavía. Más aun existiendo en la Argentina una buena escuela de juristas académicos que se han ocupado del tema y lograron incluir varios artículos en la reforma Constitucional de 1994. Sin ir más lejos, en el último incidente de Veladero hubo una intervención directa del titular del Poder Ejecutivo tomando una decisión que, en otro caso, pudo haber sido tomada por un juez como resultado de un sumario concreto y de una investigación prolija insospechable de intereses particulares en uno u otro sentido. Actualmente el ejecutivo, sea cual fuere su decisión, queda siempre en un alto nivel de exposición. Si obra de una manera teniendo en consideración ciertas cosas, se lo puede acusar de favorecer a las compañías y si lo hace en sentido contrario de parcialidad para intentar sacar algún bocado político o de perjudicar las fuentes de trabajo o las inversiones. Es natural que comiencen debates echando culpas unos a otros y que oficialismos y oposiciones se acusen de no hacer lo que corresponde, según el lugar que ocupe cada cual. Por el contrario, lo que hace falta es que el ciudadano deposite su fe en una autoridad independiente de las coyunturas, con una mirada más amplia y desprovista de interés, preocupación lógica de todos quienes están sometidas al escrutinio electoral cada dos años. Hace falta un tribunal ambiental. De esto ya tomaron noticia los chilenos, quienes llegaron justo a tiempo antes del conflicto que justificó el cierre de Pascua. También acaban de tomar conciencia los cordobeses donde el nuevo fuero ya tiene estado parlamentario siendo que, en principio, la suya es una provincia donde no se advierten grandes desafíos al respecto. En Jujuy también llegan tarde pero llegan, considerando la similitud de su geografía con la nuestra. Su Poder Judicial ha decidido crear un Tribunal y dos fiscalías ambientales que se suman al nuevo Ministerio de Medio Ambiente creado por el gobernador Morales. Se ha declarado que ambos van a trabajar en temas como la explotación petrolífera en Calilegua y la instalación de Chanchillos.
La ley contempla la designación de tres jueces acompañados de un equipo interdisciplinario de especialistas con más de cinco años en su profesión. Las dos fiscalías quedan facultadas para ejercer en todas las causas que se tramitan ante el Tribunal o iniciar acción penal ante los organismos competentes. También pueden actuar de oficio, recibir denuncias, intervenir haciendo informes a la Legislatura, actuar en los procesos sancionatorios previstos por la normativa que regula los recursos naturales de esa provincia, efectuar derivaciones al ministerio o a los organismos que correspondan, intervenir en audiencias públicas o en contravenciones, es decir, tendrán mucha participación. Se han dado planes a corto, mediano y largo plazo. No hay duda que habrá otros ejemplos que imitar o, por qué no, copiar. Necesitamos un Tribunal Ambiental.
Diario de Cuyo
