El problema se agudizó en las últimas horas cuando la justicia dispuso el desalojo de un piquete en la puerta de las fábricas de esa provincia y el sindicato de Hugo y Pablo Moyano advirtió que planea realizar un paro nacional
El conflicto entre el gremio de choferes de camiones y las empresas productoras de cal de San Juan se agudizó en las últimas horas cuando la justicia dispuso el desalojo de un piquete en la puerta de las fábricas de esa provincia y el sindicato de Hugo y Pablo Moyano advirtió que planea realizar un paro nacional.
La protesta de Camioneros comenzó a fines de septiembre con el bloqueo a caleras de cinco provincias para reclamar la afiliación de choferes a su sindicato.
Desde hace una semana los camioneros profundizaron las medidas de fuerza frente a la planta de Los Berros, en San Juan, donde hoy la Justicia avanzó en un recurso que presentó una empresa del sector y habilitó el desalojo por parte de la policía provincial.
Ante ello, el sindicato emitió un comunicado con la firma de Pablo Moyano en el que advirtió que en el marco del ‘conflicto que se desarrolla con las empresas caleras‘ y la disposición del ‘desalojo de los trabajadores‘ la justicia ‘debería resolver la situación de todos los trabajadores no registrados y que son víctimas de la explotación‘.
Asimismo, alertó que ‘ante el más mínimo incidente en el que algún trabajador sea reprimido, este sindicato llamará a un paro nacional de todas las actividades a través de la federación nacional de trabajadores camioneros‘.
En medio de esa situación, el gobernador Sergio Uñac indicó que las partes fueron convocadas a una reunión con autoridades del ministerio de Trabajo de la Nación para resolver la situación, de acuerdo a lo indicado por diario de Cuyo.
En la zona de Los Berros, incluso, hubo una manifestación de vecinos para reclamar el levantamiento del piquete.
A su vez, la cámara minera de San Juan reveló que los industriales del sector denunciaron que desde el lunes 17 de octubre comenzó un nuevo bloqueo de camioneros a las caleras en reclama del ‘pago de una supuesta deuda por obras sociales y cuotas sindicales, que corresponderían a las empresas de transportes independientes que trasladan la cal a los centros de consumo‘.
Las cámaras señalaron que la actitud del gremio ‘provoca el quebranto económico a las empresas caleras, pone en riesgo su equipamiento productivo y atenta contra la estabilidad laboral de sus trabajadores‘ y ‘pone en riesgo al proceso de potabilización de agua en las principales ciudades del país‘.
FUENTE: Agencias Buenos Aires
