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CIADI anuncia fallo en caso minería

(El Salvador) Defensa salvadoreña espera una sentencia favorable. Fiscal Meléndez recibirá la noticia.

El Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial, emitirá este mediodía  la sentencia sobre el largo conflicto por la minería entre la transnacional Pacific Rim y El Salvador, este último demandado ante ese tribunal en 2009, por “obstaculizar” inversiones en el rubro minero en Cabañas.

El Fiscal General salvadoreño Douglas Meléndez está en Washington para recibir del CIADI, el veredicto con el que podría sellarse el conflicto entre la compañía minera que inició operaciones en El Salvador a principios del 2000, cuando la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Economía le autorizó explorar en la zona de El Dorado, en San Isidro, Cabañas, y en otras regiones del país con potencial de metales preciosos.

Sin embargo, luego que la compañía encontrara yacimientos de oro y plata en Cabañas, las solicitudes para los permisos de explotación nunca fueron respondidas por las carteras gubernamentales involucradas en el proceso: ministerios de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Economía  durante la gestión de Antonio Saca.

Luis Parada, jefe de abogados defensores de El Salvador en el proceso, ha reiterado que ni el  MARN  respondió con un visto bueno ni una denegación a los estudios de Impacto Ambiental presentados por Pacific Rim, mientras que Economía necesitaba esas certificaciones para tomar una decisión. Pero ambos, dice, se apegaron a lo establecido en la ley minera vigente.

De ahí que Pacific Rim, de capital canadiense y asentada en Islas Caimán, trasladara y domiciliara la compañía en Estados Unidos, poco antes de iniciar el litigio en el Banco Mundial con el fin de ampararse en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA).

Esta “maniobra” fue contenida por la defensa a cargo del bufete Foley Hoag en la etapa inicial, al demostrar a los árbitros que la empresa había movido su domicilio en papel a territorio estadounidense para beneficiarse del acuerdo comercial que ampara este tipo de litigios ante el CIADI.

Sin embargo, Pacific Rim, que fue comprada en quiebra por la transnacional minera Oceana Gold en 2012 por casi $12 millones, logró mantenerse viva en el caso apegado al Capítulo XV de la Ley de Inversiones, que dejaba paso a este tipo de arbitrajes, luego que el tribunal diera un veredicto parcial.

Parada asegura que otro argumento sólido de la defensa ha sido el hecho que la demandante no logró demostrar en la etapa de fondo del caso realizada a mediados de septiembre de 2014,  que tenía los derechos de propiedad sobre la superficie de terreno que cubre el campo minero, pues hasta la fecha solo cuenta con parcelas cercanas a la boca de la mina, pero la Ley de Minería vigente reformada a mediados de los noventas dice que para tener derecho a la concesión debe tener propiedad del suelo a explotar.

En 2013, durante la gestión de Mauricio Funes, la Asamblea Legislativa reformó la Ley de Inversiones de El Salvador, pero la reforma no tiene derechos retroactivos, por lo que la querella entre  Oceana Gold y El Salvador se mantuvo vigente.

Hoy se sabrá si el tribunal del CIADI da la razón a la demandante o ampara al Estado salvadoreño y frena la explotación minera en la zona.

 

El Salvador

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