Los concejales de Andalgalá incrementaron en un 50 por ciento la planta del organismo legislativo.
La última sesión del concejo deliberante de Andalgalá terminó de cerrar un círculo vicioso para la configuración de lo que puede considerarse una verdadera canallada.
Tal como lo había anticipado El Esquiú.com, el tratamiento y aprobación entre «gallos y medianoche” de la llamada ordenanza antiminera con la que se intentó jaquear la política minera provincial tuvo su contraprestación con nombramientos de familiares y amigos de los ediles y del impulsor de aquel libelo, el intendente Alejandro Páez, que llevaron a incrementar en un 50 por ciento la planta del órgano legislativo comunal, sin que medie un solo argumento claro para justificar el despilfarro.
La sesión se llevó a cabo el pasado miércoles, oportunidad en la que se renovaron las autoridades del concejo andalgalense.
Allí, en forma unánime, los ediles decidieron la incorporación compulsiva de siete nuevos empleados, los que además pasaron directamente a planta permanente del organismo sin que previamente hubieran estado trabajando en el lugar.
En todos los casos, los designados tienen relación con los ediles que les dieron trabajo de por vida, exprimiendo al máximo el presupuesto.
La maniobra, de la misma forma que ocurrió cuando se trató la ordenanza antiminera, intentó realizarse a escondidas, ya que con el argumento de no había tinta, los medios de prensa no pudieron acceder al orden del día donde constaba que se iba a tratar la incorporación de los nuevos empleados, que llevaron de 14 a 21 la cantidad de empleados.
«Hijos y entenados”
A partir del 1° de diciembre, pasarán a integrar la planta del concejo María Inés Romero, quien venía desempeñándose como gestora independiente, pero que tiene una estrecha relación de amistad con el concejal Gustavo Álvarez; también fue nombrada la ahijada del concejal José Luis Cativa, Agostina Elizabeth Valerio; el primo del intendente Alejandro Páez, Alejandro Daniel Alescio también fue designado; Pedro Pablo Atencio, cuñado del presidente del cuerpo José Luis Olás –que fue ratificado en el cargo-, también ingresa con planta permanente.
La sobrina del edil Carlos Miguel Sánchez, Natalia Soledad Sánchez, también pasó a engrosar la planta del concejo, junto con Enzo Oscar Nemer, que es hijo del edil Roberto Nemer y la hijastra del concejal Juan Ernesto Guerrero –quien no estuvo en la sesión-, Antonella Robledo.
Así, quedó al descubierto cuál fue el precio que se pagó por la maniobra política de la ordenanza antiminera. Una norma que fue vendida como una «protección” para los ciudadanos de Andalgalá, pero que terminó siendo cambiada por prebendas políticas de baja estofa.
Anunciado
De esta forma, se cumplió superlativamente lo que anunció este medio en los Apuntes del Secretario del pasado 18 de octubre, cuando señalaba que «la ordenanza aprobada por los concejales de Andalgalá, prohibiendo la minería en la zona donde se levanta el yacimiento de la minera Agua Rica, comienza a explicarse desde la política. Su impulsor excluyente, en connivencia con altos dirigentes provinciales y factores mediáticos varios, fue el intendente Alejandro Páez, quien convenció a su tropa de impulsar una medida que, aún sin ser legal, servía «para ensuciar la cancha” y lograr -vía extorsión- oscuros objetivos no declarados.
En cuanto al texto, claramente se trata de una letra que no nació de los concejales, poco propensos a la tarea de escribir, como que a ninguno de ellos se le conoce méritos en esta materia. Por último, los votos peronistas tendrían su explicación por vía de la prebenda. A uno lo habrían arreglado con un aporte municipal para un emprendimiento industrial y al otro con un conchabo para un familiar. ¡Triste y lamentable! Ah, ahora andan queriendo aclarar que el tiro no fue contra la minería, sino contra Agua Rica. Si es así, en verdad que la aclaración sobra”.
El Esquiú
