Chile. Ajustar las remuneraciones, de modo que reflejen la productividad laboral de los trabajadores, resulta un ejercicio desafiante en cualquier industria, y se hizo especialmente difícil en la minería del cobre, luego del alza sostenida del precio del metal a comienzos de la década pasada, ciclo que duró unos 12 años y durante el cual los excedentes de las compañías se multiplicaron. Sin que necesariamente hubiese habido cambios en la productividad que los trabajadores aportaban a las respectivas empresas, los sindicatos comenzaron a exigir una proporción cada vez más grande de las utilidades de las compañías, y las condiciones laborales del momento, con muchos proyectos desarrollándose y gran demanda por nuevos trabajadores, llevaron a las compañías a conceder paquetes salariales compensatorios extremadamente generosos, en relación con lo que ocurría en el resto del país.
A su vez, y con el objeto de evitar que los recursos extraordinarios entregados se transformaran en salarios permanentemente altos, las empresas adoptaron la modalidad de pagar bonos «por término de conflicto», que no se vinculaban necesariamente a sus salarios, pero cuya alta cuantía sorprendía al resto de la masa laboral chilena. Todo ello ocurría en medio de negociaciones colectivas no exentas de conflictos, a veces violentos, por medio de las cuales el movimiento sindical consiguió establecer una presión permanente sobre la administración de las mineras.
Por otra parte, las empresas subcontratistas de la minería no tenían recursos para pagar reajustes ni bonos como los de sus mandantes, pues sus utilidades no guardaban relación con las de estos, ni en monto absoluto ni en porcentaje. En esas condiciones, sus trabajadores, agrupados en federaciones, comenzaron a presionar a las mineras para que estas también les pagaran bonos, aunque de menor cuantía, como si proviniesen de las subcontratistas, incluyendo pagos a las federaciones negociadoras. Sorprendentemente, varias mineras accedieron. Con ello, las remuneraciones de las mineras, así como las de sus trabajadores subcontratados, se desalinearon de su productividad.
Sin embargo, cuando el precio comenzó a caer a aproximadamente la mitad de su punto máximo y los excedentes de las compañías se desmoronaron, la posibilidad de mantener las remuneraciones y los bonos pagados con anterioridad se hizo financieramente insostenible. Pero volver a una situación salarial acorde con la realidad de los balances de las mineras ha sido un proceso muy conflictivo.
El reciente caso de la paralización de contratistas de Los Bronces, de AngloAmerican, ha sido particularmente ilustrativo. Durante la bonanza, la empresa acordó pagar generosos bonos a sus subcontratistas. Aunque dichas condiciones tenían plazo fijo, al acercarse su término, se creó una nueva federación de subcontratistas, que intentó conseguir condiciones similares a la anterior, adelantándose a ella, incluido el pago a la federación. Como medida de presión, mantuvo cerrado el acceso a la mina y secuestrados a muchos trabajadores en ella, todo de manera ilegal y sin que la autoridad interviniese. El presidente del Consejo Minero, en entrevista con «El Mercurio», calificó de delictual la conducta de la federación. Tal como señaló el dirigente gremial, no es admisible que las huelgas y paralizaciones impidan el libre tránsito desde y hacia la empresa, cualquiera que ella sea.
Resulta apropiado recordar ahora que a la recientemente aprobada ley laboral se le eliminó, por presión de la CUT y de los propios parlamentarios oficialistas, la indicación de que las huelgas debían efectuarse de manera pacífica. A la luz de este tipo de incidentes, ello constituyó un inmenso error y las consecuencias están a la vista.
A la luz de la violencia desplegada en la minera Los Bronces, se evidencia el error de haber eliminado en la reforma laboral la indicación de que las huelgas debían efectuarse de manera pacífica.
Editorial, El Mercurio
