A través de un documento, el Colegio de Geólogos de Catamarca, presidido por Alfredo Marchioli, expuso sus observaciones sobre el proyecto del impuesto a las Ganancias, específicamente en cuanto a la marcha atrás en la retención para las mineras.
Expresaron «nuestra más profunda preocupación por el proyecto, el cual incluye en sus articulados la retención a las exportaciones de la actividad minera”. Además, remarcaron que con «la inclusión de dicho impuesto” se vuelve «al modelo económico del pasado (2011-2015), donde paralizaron inversiones en prospección y exploración destinadas a Argentina”.
Así las cosas, listaron los proyectos en exploración radicados en la provincia: Agua Rica, Diablillos, Incahuasi, Antofalla, Calalaste, Adela, Filo Colorado, Prospectos Votorantim, Jackson Global y Madero Minerals, Salar de Antofalla y Sal de Vida.
Luego, indicaron que «la recuperación de la confianza (tras la eliminación de las retenciones de principio de año) permitió alargar la vida útil de los proyectos mineros y generar condiciones económicas atractivas para las inversiones en exploración, ampliación o puesta en marcha de proyectos nuevos”. En esta línea, apuntaron que «muchos de los mencionados tienen planes de inversión para el 2017 y algunos como Sal de Vida prevén el inicio de su producción en el 2018”.
Posteriormente, hicieron hincapié en que el «modelo nacional y popular del pasado, con las retenciones a las exportaciones mineras como herramientas para financiar el gasto público nacional, recaudó cuantiosos recursos económicos que fueron destinados a solventar infraestructura y servicios sociales en territorios muy lejanos a los intereses de los catamarqueños, consecuencia de la administración discrecional de funcionarios motivados a invertir en aquellos territorios con gran cantidad de votantes”.
En tanto, el Colegio de Geólogos consideró que las apreciaciones (ver cuadro) son compartidas, primero «por la comunidad que trabaja directamente e indirectamente de la minería y segundo, por la comunidad en general”, anhelando «que los legisladores nacionales catamarqueños apuesten por el desarrollo de la provincia y depongan los intereses partidarios mezquinos y cortoplacistas”.
Sobre este último punto, señalaron que «ya han demostrado cómo se deteriora la actividad productiva y cómo se incrementa la pobreza”.
«Exhortamos e invitamos a todos los sectores al debate de una nueva política minera, que debe tener como propósito la satisfacción de las necesidades de las comunidades, un desarrollo territorial equilibrado (no centralizado), generar condiciones para nuevos emprendimientos productivos con la consecuente multiplicación de recursos, empleo digno y movilidad social”, concluye el documento.
Las consecuencias para la provincia
En el documento, el Colegio detalló las consecuencias negativas para Catamarca con las retenciones a las exportaciones mineras: «Independientemente de que hayan cambiado deliberadamente las reglas de juego, perjudicó a la provincia principalmente en la renta minera proveniente del 20 por ciento de utilidades que recibe Ymad por el usufructo de Bajo La Alumbrera. Esta medida imposibilitó que se percibiera, a la fecha, cerca de $1.500 millones, equivalentes en precios corrientes a: 24.000 viviendas, tres diques El Bolsón o el dique Potrero Clavillo”, señalaron.
Además, «violentó la política de Estado minera, irrumpiendo las reglas de juego causando inseguridad jurídica, inestabilidad fiscal y factibilidad económica de los proyectos mineros”.
«Afectó directamente la ley de corte (concentración de mineral económicamente explotable), lo que impidió la explotación de recursos marginales, reduciendo reservas, con la consecuente disminución de la vida útil de las minas”, afirmaron y apuntaron a que «disminuyó la demanda de mano de obra directa y contratación a proveedores de bienes y servicios; componentes económicos que generan impuestos provinciales y nacionales”.
Diario Esquiú
