Después de cuatro meses de intensas negociaciones con las provincias, el Gobierno Nacional estaría ultimando los detalles de un plan para relanzar la actividad minera en todo el país, para lo cual prevé anunciar el consenso alrededor de un nuevo Acuerdo Federal Minero.
La intención de la Casa Rosada es multiplicar los proyectos y duplicar las inversiones en el sector para que Argentina se convierta en una potencia regional en ese rubro.
Este Acuerdo Federal apunta a homogeneizar las legislaciones nacionales y provinciales, para darles estabilidad impositiva a los inversores, evitar conflictos con los gobiernos locales y lograr el respaldo de las comunidades donde se desarrolle la actividad.
La meta es alcanzar en los próximos ocho años inversiones por US$ 25.000 millones, el doble de lo registrado entre 2007 y 2015, pero mucho menos que lo invertido en ese tiempo en Chile (80.000 millones) o Perú (US$ 52.000 millones).
Por el momento el plan enfrenta dos escollos: uno, hay provincias que aún no dieron su aval. Una es Chubut, donde el gobernador Mario Das Neves anticipó que para liberar la actividad minera en su provincia se debería volver a convocar a un plebiscito que revoque el anterior, donde el pueblo de Chubut dijo que no a la minería a cielo abierto.
Santa Cruz, según las últimas declaraciones conocidas de las autoridades del sector, tampoco estaba muy convencida sobre el borrador planteado para el Acuerdo, toda vez que eliminaba puntos sustanciales para la provincia, como la posibilidad de hacer acuerdos de Responsabilidad Social Empresaria como el que hoy está vigente entre Santa Cruz y algunas mineras en el marco del programa UNIRSE.
El otro gran escollo es el rechazo de las organizaciones ambientalistas, en estado de alerta ante la posibilidad de que la minería siga avanzando sobre áreas protegidas por la ley de glaciares.
De hecho, las asociaciones denunciaron que el Gobierno de Mauricio Macri prepara un decreto de reglamentación de la ley que podría flexibilizar los estudios destinados a delimitar las zonas prohibidas para la actividad minera. De hecho, dos tercios del monto de inversiones previsto hasta 2024 corresponden a emprendimientos con conflictos potenciales con la ley de glaciares.
En cambio, los defensores de la iniciativa -impulsada por el secretario de Minería, Daniel Meilán- sostienen que se protegerá el ambiente y hacen foco principalmente en el enorme beneficio económico que podría traer consigo un eventual boom de la minería. Los puestos de trabajo de la actividad, que en 2016 superaron los 80.000, entre empleos directos e indirectos, podrían multiplicarse, prometen los promotores del proyecto. La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) aspira a alcanzar 130.000 puestos de trabajo para 2021.
Desde el Gobierno aseguran que pese a la resistencia de algunas provincias, el acuerdo ya superó la instancia del Consejo Federal de Minería (Cofemin), integrado por representantes de todos los distritos, y ahora vendrá el turno de la ronda de negociaciones, en forma directa con los gobernadores, antes de enviarlo al Congreso, algo que aspira la Nación poder hacer en el mes de marzo.
La Opinión Austral
