Empresarios, inversores, expertos nacionales y extranjeros en energías reconocieron el esfuerzo del Estado Nacional que hizo esa inversión para realizar obras de transporte y distribución energética en todo el país. Mendoza tendrá 115 obras.
«El problema no es la potencia energética instalada, el problema es la transmisión», enfatizó Maurizio Bezzeccheri, Country Manager de ENEL, una de las principales operadoras integradas del mundo en los sectores de la energía y del gas.
«No podemos decir que el proceso de adjudicación de contratos para la construcción de plantas de renovables es exitoso hasta que no logremos inyectar la energía en la Red», especificó Bezzeccheri durante su intervención en una reunión de más de un centenar de especialistas y referentes del mundo en renovables, que se realizó recientemente en la Ciudad de Buenos Aires.
El encuentro fue organizado de manera conjunta por IHS Markit, una consultora internacional especializada en energía, finanzas y transporte, y Luft Energy, orientada a inversiones y desarrollo de proyectos.
Esos recursos, que implican un 64% de avance financiero en las obras, están orientados a la realización de 458 obras de transporte y distribución en Buenos Aires, 229 en Chubut, 196 en Catamarca, 189 en Santa Fe, 156 en San Cruz, 115 en Mendoza y 111 en Entre Ríos.
Pese a la situación planteada por Bezzecchari y otros participantes locales y extranjeros, los datos oficiales del Ministerio de Energía y Minería de la Nación muestran que hay –a Enero de este año- 2102 obras de transporte y distribución en marcha en todo el país, con una inversión de $ 43.574.091.605.
La información del Ministerio de Energía y Minería consignó además que el Estado destinó fondos para otras 648 obras en el resto de las provincias, y se incluyó también dos proyectos para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Timothy Stephure, Director para América Latina para Gas y Electricidad de IHS Markit, puso de relieve las «enormes posibilidades que tiene la Argentina» para el desarrollo de recursos renovables, al tiempo que opinó que «hay una situación complicada en el país porque pasaron 15 años con poca inversión» en infraestructura energética.
Interpretó que, en los últimos años, se produjo «una mezcla de alta demanda y poca inversión», con lo cual se abrió una «opción económica para aprovechar estos recursos, tener energía confiable y más económica. Es una oportunidad que no pasa todos los días», subrayó.
Stephure señaló que el proceso «no termina con la asignación de los Power Purchase Agreemen (PPA)», los modelos de contrato en los cuales, los beneficiarios se comprometen a pagar una tasa predeterminada por los kilovatios/hora entregados al sistema por la Central de energía renovable.
«Hay que ver –dijo el experto internacional- cómo se pueden consolidar esos contratos, si hay un mercado para construir a tiempo y si consiguen el financiamiento».
«Hay gente mirando la posibilidad de vender esos contratos, porque le asignaron los PPA pero no tienen la experiencia para construir los proyectos y no consiguen financiamiento en los bancos», precisó el directivo de IHS Markit, y aclaró que ese procedimiento «es normal en todos los mercados, no pasa sólo en Argentina».
A su turno, Doris Capurro, líder de Luft Energy, sostuvo que «el verdadero festejo será cuando inyectemos energía en la red», por lo cual «el Estado tiene un rol central para el diseño de la infraestructura».
Se produjo «una mezcla de alta demanda y poca inversión», con lo cual se abrió una «opción económica para aprovechar estos recursos, tener energía confiable y más económica
«Hay que avanzar en las líneas menores, además de las troncales de alta tensión, de 500 KW, y hacer un trabajo importante, de planificación del Estado para apoyar este envión, este desarrollo y que el interés internacional no se frene por culpa de una indefinición», declaró a Télam.
Evaluó que las dificultades en la infraestructura surgieron porque las adjudicaciones de los programas RenovAr 1 y 1.5 se realizaron «en un proceso muy corto; se otorgaron casi 3000 MW y hay que revisar los espacios en la Red para esa potencia instalada».
Por su parte, la CEO de ABO Wind, Vanesa Revelli, coincidió en que «hay que esperar que los proyectos que ganaron comiencen con la construcción y, luego, a operar. Ahi vamos a decir que el proceso fue un éxito».
En diálogo con Télam, Revelli –una ingeniera argentina que vive en Alemania hace 11 años- puso el eje en el compromiso y la seguridad jurídica que implica la suscripción de los PPA, a un plazo de 20 años. «Tiene que haber garantías necesarias para que el que invierta sepa que le van a pagar ese valor de energía aunque haya varios cambios de gobierno».
Explicó que la mayoría de las líneas que existen en el país son de 500 KW. Pero aclaró que ellos necesitan «la de 132 KW, para que no nos arruine económicamente el proyecto».
«Hay pocas de 132 KW que tengan capacidad de inyección en los lugares que hay viento. Falta inversión ahí», remarcó.
Sin magnificar la problemática, reconoció el criterio «especulador» de algunas empresas beneficiarias por las licitaciones y anticipó que, probablemente, intenten vender los contratos asignados a otras compañías interesadas.
«Esto pasa –dijo- porque hace muchos años que la Argentina está en una lista un poco opaca para los bancos y algunas empresas van a tener dificultades para conseguir financiamiento. Lamentablemente, no creo que todos lleguen a concretar los proyectos. Ojalá que se resuelva», concluyó.
Diario Jornada
