Legisladores salvadoreños votaron de manera mayoritaria para prohibir todo tipo de minería de oro y otros metales. Eso convierte al país en el primero del mundo en imponer un veto a la minería de metales, según activistas ambientales.
Todos los partidos políticos de la Asamblea Legislativa aprobaron con 70 votos una ley que prohíbe la explotación minera en el país. La normativa consta de 11 artículos y contempla la prohibición absoluta de la exploración y explotación de metales en El Salvador.
La Asamblea Legislativa aprobó el decreto de Ley de Prohibición de Minería Metálica en El Salvador. El dictamen fue aprobado con 70 votos de todos los partidos políticos y se da un mes después de que la Iglesia Católica, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y otras organizaciones hicieron una propuesta.
“Vimos las secuelas de la mina San Sebastián en Santa Rosa de Lima, que se explotó desde hace 100 años, y los daños ahí. Lo que vimos en los alrededores del río San Sebastián y es prácticamente producto muerto a causa del cianuro”, afirmó el diputado Mario Ponce del Partido de Concertación Nacional.
Días atrás, más de 30,000 firmas fueron recolectadas por la ciudadanía que exigía desde hace años la prohibición contra este tipo de explotación por considerar que atenta contra el medioambiente y la salud de miles de personas, además de ser motivo de conflicto social en el país.
“La prohibición será para la minería metálica, quien seguirá trabajando es la minería de cantera; es decir, los que sacan grava o arena, tendrán dos años para retirarse de ese rubro, quienes se dediquen a eso, de lo contrario podrían tener consecuencias penales”, afirmó el diputado del FMLN, Guillermo Mata.
Con esto se pone fin a posibles litigios internacionales como el que tuvo El Salvador con la empresa Oceana Gold, que demandó al Estado salvadoreño por negarle permisos de explotación minera pero, al final, un tribunal internacional le dio la razón al país.
La minera reclamaba que en 2002, durante la presidencia de Francisco Flores, se le otorgaron permisos de exploración para buscar oro en territorio salvadoreño, pero estos le fueron revocados en 2006 y luego se les negaron los avales para comenzar a explotar la mina El Dorado, al norte de Morazán.
El año pasado, el fiscal general de El Salvador, Douglas Meléndez, informó desde Washington la resolución final del caso, en el que la minera exigía el pago de $250 millones por las pérdidas incurridas al negársele explotar el suelo salvadoreño.
Organizaciones como CESTA, aplaudieron la medida, y recordaron que en la mina San Sebastián, en La Unión, la actividad minera ha dejado a la comunidad sin agua, sin suelo, la biodiversidad y la cadena alimenticia contaminada, además de graves enfermedades en los pobladores y por esa razón era urgente una medida como esta.
