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Golpe judicial a la minería

El Ancasti / La reacción oficial en Catamarca frente al fallo de la Cámara Federal de…

 

La reacción oficial en Catamarca frente al fallo de la Cámara Federal de Tucumán que ordenó suspender las actividades en los yacimientos Bajo La Alumbrera y Bajo El Durazno careció en principio de la energía que cabía esperar en una provincia donde, por encima de litigios coyunturales, desatinos de gestión y despilfarros, la aplastante mayoría de las fuerzas políticas y sociales coinciden en considerar que la minería es imprescindible e irrenunciable factor de desarrollo, merecedor de una “política de Estado” que garantice su ejercicio.

El mutismo gubernamental, quizás hijo del desconcierto, fue salvado el viernes por la gobernadora Lucía Corpacci y el ministro de Gobierno, Gustavo Saadi, obligados a cubrir la falta de reflejos de las autoridades mineras locales.

Corpacci se refirió al impacto de la disposición en la economía y el ánimo de los inversores. Saadi se internó en esa senda, objetó lo tardío del pronunciamiento –la causa tiene siete años- y recriminó a la Justicia que no requiriera informes a la administración provincial antes de tomar una medida tan grave como el cese preventivo de las actividades, ya que los controles ambientales, remarcó, son ahora “rigurosos”.

El proceso por contaminación sobre el que se pronunciaron los camaristas tucumanos subrogantes Marina Cossio, Raúl Daniel Bejas y Daniel Molinari fue iniciado por Felipa Cruz y otros en 2010, cuando todavía gobernaba el FCS, hoy FCS/Cambiemos, de modo que afecta tanto a los tirios como a los troyanos que se disputan las preferencias del electorado.

La timidez de los funcionarios del área minera para salir al cruce contrastó con los rezongos estruendosos que suceden a cada información sobre las inconsistencias de la política minera provincial, sospechas de corrupción incluidas, ocasiones en las que se atropellan para defender hasta lo indefendible.

No se trata de un problema jurídico, que ha de resolverse en los foros pertinentes, sino político.

La Justicia habrá tenido sus razones para proceder a la suspensión hasta que se establezca si la contaminación denunciada existe o no, pero eso es un asunto para análisis de abogados. Lo que llamó la atención fue que los funcionarios mineros callaran cuando tiene muy a mano elementos contundentes para desmentir que la minería haya provocado efectos ambientales perniciosos.

Como la existencia de tales elementos no es misterio para nadie medianamente informado sobre el acontecer minero provincial, abstenerse de utilizarlos fue elocuente mensaje de desinterés, desidia o incompetencia.

En realidad, las autoridades del área reaccionaron recién ayer, con un comunicado de prensa, cuando ya el ala política del Gobierno se había pronunciado. Debería haber sido a la inversa. No solo eso, la Secretaría de Minería y los representantes provinciales en el directorio de YMAD, empresa que es socia de Alumbrera en ese proyecto, tendrían que estar a la cabeza del reclamo, movilizando al resto para evitar que la minería se paralice, gestionando en ámbitos políticos e institucionales.

De hecho, al secretario de Minería de Catamarca, Rodolfo Micone, además de la alta responsabilidad que tiene en la materia en el orden provincial, no le falta chapa nacional: fue elegido presidente del Consejo Federal Minero argentino (COFEMIN), un órgano en el que están representadas todas las provincias y uno de cuyos objetivos es reencauzar el desarrollo minero responsable en el país.

De no ser por la intervención de Corpacci y Saadi, los discursos judicial y político hubieran confluido en una sinergia contraria a la minería desalentadora para cualquiera que pudiera estar pensando en invertir en Catamarca.

 

El informe

Sabrán Minera Alumbrera e YMAD, los demandados, qué hacer en el terreno judicial.

En el campo político, la Provincia de Catamarca cuenta desde hace siete años con un estudio científico elaborado por la Fundación Centro de Estudios Infectológicos (FUNCEI), cuyos resultados desmintieron categóricamente el terrorismo informativo que contrabandea especulaciones como si fueran datos incontrastables, al amparo de emotivas consignas ambientalistas.

Luego de un trabajo de campo de tres meses en los departamentos Andalgalá, Belén y Santa María, FUNCEI concluyó que no existían evidencias de contaminación como consecuencia de la actividad minera, ni era posible vincular casos de cáncer u otras patologías con ella.

Para octubre de 2010, época en que se difundió el informe, Bajo La Alumbrera llevaba ya 13 años en explotación. Quizás porque el apocalipsis ambiental se demoraba, los mensajes que lo auguraban o lo postulaban como hecho consumado se habían tornado más enfáticos.

Entre falacias como la multiplicación de nacimientos de criaturas deformes y lluvia ácida en Andalgalá, se destacó un aviso publicitario en el que figuras famosas, reconocidas por su compromiso social, aseveraban que la incidencia del cáncer en la Perla del Oeste se había incrementado un 800% (ochocientos por ciento, no se ha tipeado ningún cero de más) desde el inicio de la explotación a cielo abierto.

FUNCEI determinó que los fallecidos por cáncer en Catamarca constituían el 14,37% del total, porcentaje mucho menor al del país, que era del 19,54%. Catamarca ya desde entonces encabezaba los rankings menos decorosos, pero se ubicaba en decimonoveno lugar entre todas las provincias argentinas en lo concerniente a patologías oncológicas.

Ninguno de los grupos ambientalistas, consignó FUNCEI, se avino a orientar a los investigadores hacia  pacientes o familiares de fallecidos por un problema oncológico supuestamente provocado por la contaminación minera. Tampoco el personal de los hospitales y postas pudo hacerlo.

Antimineros y ambientalistas entrevistados sostuvieron, en cambio, que el poder mantenía ocultos los datos que hubieran permitido establecer una correlación entre la mentada contaminación y el incremento del cáncer. Cuando indagaron sobre la existencia de esta criminal maniobra, en torno a la cual no existía ni existe denuncia judicial o pública concreta, la gente de FUNCEI descubrió que el Servicio de Oncología estaba a cargo de la doctora Noemí Villagra, luego ministra de Salud del Gobierno en curso, quien militaba la causa antiminera.

Los investigadores asentaron en el informe su perplejidad frente al hecho de que, teniendo acceso a la catastrófica información estadística de la ocurrencia de cáncer, esta mujer no la diera a conocer, sea para afirmar la postura contraria a la minería que sostenía o por mera responsabilidad funcional.

 

Curioso

Las conclusiones del estudio de FUNCEI nunca fueron desmentidas ni relativizadas científicamente. Resulta por lo menos curioso que no se le saque más provecho.

Por supuesto, no es prueba suficiente para rebatir a los demandantes en la causa específica que precipitó la suspensión de la actividad en Bajo La Alumbrera y Bajo El Durazno, pero en algo contribuiría para mermar la incertidumbre provocada por el fallo entre quienes viven de la minería y los posibles inversores, hasta que se cumplan las condiciones establecidas por la Cámara Federal de Tucumán para levantar la cautelar: pericias “in situ” que determinen si la contaminación denunciada existe o no y acreditación “fehaciente” por parte de Minera Alumbrera de “haber cumplido con la contratación de un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del (eventual) daño”.

La prescindencia oficial podría inducir a tomar por cierto aquello de que el que calla otorga, o a suponer que el compromiso con la minería no es tan fuerte como se declama.

 

 

 

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