Para el fiscal Stornelli, De Vido fue el “brazo ejectutor” de una millonaria defraudación

 

El ex ministro de Planificación y actual diputado kirchnerista Julio De Vido cumplió el rol de “brazo ejecutor” de la presunta defraudación por la que pidieron su desafuero y detención, en el marco de “una política diseñada a obstaculizar las actividades de control, eludiendo los mecanismos de que rigen en la contratación de la Administración Pública Nacional”.

Así se desprende del dictamen al que accedió DyN en donde el fiscal federal Carlos Stornelli solicitó la indagatoria, desafuero y detención del ex ministro de Planificación kirchnerista y actual diputado Julio De Vido, entre otros.

Estos son algunos de los textuales del escrito entregado al juez federal Luis Rodríguez:

*”En todos los proyectos que integran este dictamen, los artífices de esta ingeniería procuraron evitar las regulaciones acerca de la obra pública y los instrumentos internacionales para prevenir la corrupción, por lo que el perjuicio es tan solo el epilogo del caso sometido a estudio, toda vez que la opacidad que rodeo la asignación de los financiamientos acordados permitió el espurio manejo de aquellas sumas de dinero que finalmente, mal o irregularmente, se aplicaron a las obras convenidas.

*”Tal maniobra, de difícil concreción y extensión temporal, no habría podido prosperar sin el silencio conveniente de los funcionarios del ex Ministerio de Planificación y los funcionarios de la ex Secretaria de Minería de la Nación, quienes obligados a velar por el ejercicio de sus respectivos cargos, comprometieron al Estado Nacional al aporte de sumas millonarias para la construcción de proyectos que fueron adjudicados en forma directa a la FRSC, permitiendo que, de esa forma, sus apoderados desviaran casi $265 millones de su destino especifico”.

*”En este caso en particular los funcionarios del ex Ministerio de Planificación, Julio De Vido -su titular-, Jorge Omar Mayoral -secretario de Minería en los 2002 y 2015-, Roberto Baratta -subsecretario de Coordinación- y Jaime Álvarez -coordinador General- en aquel tiempo garantes en la protección del patrimonio público aplicado en los proyectos señalados, autorizaron las transferencias de las sumas dinerarias comprometidas a YCRT, al tiempo que incurrieron en la omisión de competencia”.

*”Resulta inverosímil que dicho proceder pueda responder a la decisión individual de un secretario de Minería, dispuesto a incumplir deliberadamente con los mandatos legales que regían su actuación, sino que más bien parecería obedecer a una política diseñada a obstaculizar las actividades de control, eludiendo los mecanismos de que rigen en la contratación de la Administración Pública Nacional”.

*”Prueba de ello es que esta no es la primera vez que se advierte este esquema de contrataciones específicamente diseñado a evitar todo esquema de control, que va desde la licitación pública hasta debidos resguardos y vigilancia del dinero público”.

*”Pese a haber sobrado elementos para presumir la intervención en los hechos por parte del secretario de Minería Jorge Mayoral y el interventor de YCRT Atanasio Pérez Osuna, quienes durante el ejercicio de sus cargos posibilitaron la creación de los riesgos ilegítimos, materializados en el perjuicio ya mensurado en este dictamen, ello no eximiría de responsabilidad al resto de los funcionarios de la carácter del ex MINPLAN, entre ellos su titular, Julio De Vido, puesto que difícilmente pueda ignorar los perjuicios a los intereses por el administrados”.

“En resumen, estos funcionarios han prestado un aporte fundamental para la concreción de esta maniobras defraudadoras, ya que en sus respectivas gestiones a cargo de YCRT y la Secretaría de Minería dependiente del ex MINPLAN tenían la obligación de supervisar el control y la fiscalización de las obras citadas”.

*”De ellos se colige que desde su cargos cumplían un rol como brazo ejecutor en esta materia de autoridad de aplicación y en virtud de ello debían velar por el correcto desempeño de las obras confiadas. Desde esta elevada función pública, tenían acabado y pleno conocimiento del estado de las obras en ejecución, los convenios que suscribían, amén de las obligaciones de control, eficacia y eficiencia en la gestión y pese a ello no adoptaron medida alguna que corte el curso del perjuicio lesivo al patrimonio estatal”.

 

Diario Chaco

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