Atanacio Pérez Osuna rompió el silencio y se expidió en relación con la denuncia hecha por el fiscal Carlos Stornelli contra el diputado nacional Julio De Vido cuando él era interventor. “Hay un show político acá. Cuando nos den la posibilidad de explicar, vamos a hacerlo”, anunció el intendente.
El jefe comunal habló en el aire de FM La Cien 99.1 sobre la controversia generada por el pedido del fiscal Carlos Stornelli de desaforar y detener al diputado nacional Julio De Vido por un presunto desvío de fondos en YCRT. La denuncia incluye a Pérez Osuna, ya que era interventor de la empresa en el momento del hecho investigado. En primer lugar, admitió sentirse “sorprendido” por la metodología empleada por el representante del Ministerio Público Fiscal y señaló: “Cuando me enteré de la denuncia de Omar Zeidán el año pasado, me presenté inmediatamente con mi abogada ante la justicia federal en Buenos Aires y me puse a disposición para lo que fuera necesario. En todo un año jamás me llamaron a indagatoria ni me consultaron nada. Me parece que esto es más un show político que hace el fiscal que otra cosa. Si me hubiese convocado, al otro día me tomaba un vuelo a Buenos Aires. Creo en la Justicia, siempre me puse a disposición porque no tengo nada que esconder. Llevo 43 años en esta comunidad, todos me conocen y saben cómo me manejo. El martes, sin saber lo que iba a pasar, presentamos un escrito pidiendo que haya una pericia de partes para verificar los montos que se denuncian. (Stornelli) se está quedando con una sola versión; quisiera que vengan a ver qué se hizo, qué se pagó y por qué. Hay que escuchar a las dos partes porque, sino, no tengo derecho a defensa. Que pase esto es preocupante, aunque se venía diciendo que iba a pasar algo así antes de las elecciones para afectar a Cristina (Fernández). Estoy tranquilo y dispuesto a acudir a la Justicia en el momento en el que lo requieran”.
El pedido de llamar a ex interventores para rendir cuentas
Seguidamente, Pérez Osuna insistió en corroborar las inversiones que se hicieron en su gestión al frente del yacimiento verificando las obras que están en Río Turbio y en Río Gallegos. “Dicen que, desde 2005 hasta hoy, se enviaron fondos pero que no se invirtió, y eso es mentira. Sería bueno que convoquen al ex interventor y gobernador Daniel Peralta para que explique todas las inversiones que él hizo, que fueron muchas, y también que llamen a la gente ligada al ingeniero Lucio Mercado y al ingeniero Ángel Garabello, actual asesor del interventor Omar Zeidán. Hicimos una gran cantidad de licitaciones en los cinco años que estuvimos, está todo filmado y registrado”, sostuvo, a la vez que destacó la compra de tres frentes largos, tuneleras, camiones, máquinas, colectivos y ambulancias, entre otros.
El accionar de Stornelli
“Hay un poco de show en todo esto. Cuando se conoció la noticia, me nombraron a mi y a Roberto Baratta, cuando hay 23 investigados. En ese entonces, el interventor Zeidán estaba en TN y la diputada Elisa Carrió estaba en Comodoro Py en directo diciendo estas cosas. Parece que el fiscal informó a los medios antes que al juez”, remarcó el intendente, en relación con la medida tomada por el fiscal federal.
“¿Temor a quedar detenido? No, estoy tranquilo”
Según confesó, no teme que el juez federal Luis Rodríguez ordene su detención. En ese sentido, apuntó que debe haber dos causales que justifiquen dicha detención: que haya peligro de fuga o entorpecer la investigación. “Estoy tranquilo, no tengo ningún temor porque no hay ninguna posibilidad de que haga cualquiera de esas cosas. No tengo problemas, estoy dispuesto a presentarme a declarar como siempre. Me inquietan más las cosas que se dicen porque tengo hijos, nietos, gente que se preocupa por mi. Primero, que me convoquen, que consulten y verifiquen todo desde 2010 hasta 2015, que es cuando estuve yo, y que hagan lo mismo con quienes estuvieron desde 2005 hasta 2010. Hace unos meses, el diputado Eduardo Costa dijo que había que apretar a los jueces y a los fiscales para que actúen, pero no quiero pensar que la política está metida en esto. Hay que dejar a la Justicia que trabaje”, sentenció.
El papel que jugó la UTN en el caso
En la causa está involucrada la Universidad Tecnológica Nacional Regional Santa Cruz, ya que supuestamente era el organismo mediante el cual se triangulaba el dinero que debía venir a Río Turbio. Sobre esto, el titular del Ejecutivo local declaró que el convenio estaba vigente desde antes de su asunción en la Intervención. “Empezamos a trabajar con la UTN en 2013 hasta 2015. Se decía que no se hacían licitaciones, pero es mentira y lo pueden decir todos los que estuvieron presentes en cada acto: medios, gremios, diputados e intendentes. Decidimos aplicar este convenio porque no nos daban los tiempos; si teníamos que llamar a licitación, todas estas obras no se podrían haber hecho. Cada licitación dura más de un año, siempre que no haya impugnación o que no se caiga, porque sino, se pueden esperar hasta tres años. Queríamos hacer todo en tiempo y forma y cumplir con el carbón para generar energía, porque el Interconectado estaba llegando”, subrayó.
El proyecto del tren turístico
Este tren nació en 1990, el ingeniero Rodríguez y Lorenzo Hernández fueron algunos de sus promotores. Cuando Matías (Mazú) fue intendente, el proyecto fue avanzando, pero luego se frenó. Consideramos que era importante que haya un tren turístico. La idea era cubrir la zona de Río Gallegos, llegar a Río Turbio y a Puerto Natales; de hecho nos reunimos con autoridades de aquella localidad. Firmamos un convenio con el Ministerio de Planificación Federal, YCRT y la UTN; los municipios de Río Turbio y Río Gallegos estuvieron como participantes. Se empezaron a reparar locomotoras, vagones y el Chufi. Por resolución, el responsable de las obras era Fernando Lisse; el ingeniero Jaime Álvarez estaba a cargo de lo que se hiciera con el tren y Juan Vargas, con las cenizas. La Justicia tiene copia de todos los convenios firmados”, relató.
La denuncia de Miguel Larregina y Marta Pérez
Pérez Osuna fue consultado sobre la presentación hecha por el coordinador general y la titular de la delegación de YCRT en Buenos Aires por un desvío de fondos por cerca de 300 millones de pesos. “No desviamos fondos, los pedíamos para obras puntuales. Ante cada proyecto hacíamos un pedido por escrito y lo elevábamos a los ministerios de Planificación Federal y de Economía para liberar los fondos; de acuerdo con el avance de la obra, se iba pagando. En todo este tiempo, los que controlaron fueron la Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General de la Nación, que son manejados por la oposición. Es decir, en aquel entonces, había tres radicales y dos justicialistas. Junto con Larregina les pedimos por favor que vinieran a ver la mina para conocer el equipamiento y para saber por qué pedíamos el dinero y las obras. En una segunda reunión, lo único que objetó la AGN sobre los convenios con la UTN fue que teníamos que mandar el detalle de los fondos cuando se pagaba a las empresas encargadas de las obras. A partir de ahí comenzamos a hacer eso y a designar a responsables para cada obra, tal como hicimos con Lisse, Álvarez y Vargas. Esto fue lo que sugirió la AGN, y después de que nos fuimos del gobierno, dicen cosas distintas. La SIGEN hizo auditorías y revisó los expedientes. Parece que, en cuatro o cinco años, estaba todo bien, pero ahora cambiaron la versión, y eso es sorprendente”, enfatizó.
Las acusaciones de Omar Zeidán
En los distintos medios nacionales en donde se presentó, el interventor reportó que su antecesor “mandó a quemar cajas con información de YCRT” en el momento del recambio de gobierno, tanto a nivel local como provincial y nacional. “Jamás hice algo así. Omar me dio el nombre de quién hizo eso, nunca mandé a quemar nada. Apenas asumí el 10 de diciembre, me desligué de la empresa y me hice cargo de intendencia, a pesar de que no me aceptaron la renuncia durante dos meses”, expuso.
Al mismo tiempo, Zeidán también aseguró que hubo falsificaciones de firmas, también desmentido por el intendente. “Hablé una o dos veces con él sobre el yacimiento. Me convocó para interiorizarse y le conté cómo estaba la empresa, en qué estado estaba lo que se había comprado. Nunca busqué que le fuera mal, le di un montón de datos, y hay testigos de eso. No mezclo las cosas: si le va bien a él, le va a ir bien a YCRT, y por lo tanto, a la Cuenca. Tengo un gran sentimiento hacia el yacimiento porque, gracias a mi paso por este lugar, soy quien soy. Cuando termine mi mandato en 2019 se cumplirán 28 años desde que vengo siendo elegido como funcionario por este pueblo, al que le debo la vida. Soy intendente de los que me votaron y de los que no, tengo esta forma de ser y voy a seguir así, mirando a todos a la cara”, recalcó.
Al referirse a este dinero y a su llegada a la empresa, el ex interventor manifestó que, “si se hubiera cumplido con todas las obras, podríamos haber rondado esa cifra”. “Fuimos pagando de acuerdo con las obras que se hicieron, nunca se pagó de más. Incluso quedamos debiendo, puesto que se avanzó más en algunas obras y se pagó menos. El tema es que las obras eran carísimas. Un frente largo, en aquella época, estaba valuado en 35 millones de euros (más de 680 millones de pesos de hoy). No es que se hizo una cosa, se hicieron un montón de obras, tanto en Punta Loyola como en el yacimiento”, mencionó.
“Quiero destacar a Luis González, quien está vinculado con Cambiemos y con Eduardo Costa, por decir que se denunció a KRK, una empresa que siguió trabajando con la nueva gestión en Loyola. Sumado a esto, enumeró todo el equipamiento que hay en Río Gallegos para montar la cinta. Es un hombre que no es del Frente para la Victoria, y aún así, dijo todo lo que está pasando en Punta Loyola”, añadió.
La producción de carbón y la construcción de túneles que no se completaron
En la denuncia de Stornelli figura que, entre 2011 y 2015, se planificaron casi 38000 metros de túneles y se construyeron solo cerca de 11000, un 70 % menos de lo esperado. Así mismo, la producción de carbón debía ser de más de 5700000 millones de toneladas, sin embargo, solo se extrajeron se extrajeron 841990 toneladas, alrededor del 85 % menos de lo establecido. A su vez, el fiscal indicó que la planta de personal aumentó en un 233 % en dicho período. “Nosotros hicimos esa planificación y se la entregamos a los gremios, a Planificación Federal, a la SIGEN y a la AGN. No se logró porque pensábamos que íbamos a tener el equipamiento en tiempo y forma, pero no llegó así. Tuvimos que avanzar manualmente, perforando, metiendo los cartuchos y dinamitando. Con las tuneleras se puede avanzar 120 metros mensuales, pero haciendo los túneles manualmente, solo cinco metros. Sobre la producción, se desmontaron tres cintas de dos kilómetros cada una. Además, los mineros colaboraron con el desmontaje de la cinta única de seis kilómetros con la gente de la empresa KRK. No producimos durante más de siete u ocho meses porque estábamos abocados a la preparación. Si no nos dejan explicar esto, que puede ser corroborado por un montón de trabajadores de la mina encargados de esas labores, técnicos e ingenieros… El fiscal no conoce la mina y no tiene por qué, pero si le muestran esto, es lógico que se alarme. Cuando nos den la posibilidad de explicar, vamos a hacerlo”, puntualizó el anterior conductor de la empresa, quien agregó que, “durante más de cuatro años vendimos carbón; cada tres meses metíamos un barco en Loyola y cargábamos, estaba filmado y quedó registrado en el Canal 9 de Río Gallegos”.
“No me arrepiento de la gente que tomamos. Gracias a eso, la Cuenca creció. Incorporamos a unos 1400 trabajadores, el 70 % nacidos y criados en Río Turbio. Si no hubiera pasado esto, seríamos un pueblo fantasma. Yo no eché gente ni la intimé para que se retirara, yo incorporé. Muchos pudieron formar familias, comprar sus casas y mandar a sus hijos a estudiar. Cuando nos permitan declarar, todo se va a explicar”.
“No nos pidieron información sobre los convenios del tren turístico, no hay documentación en la Municipalidad”
Finalmente, se le preguntó a Pérez Osuna si la Municipalidad de Río Turbio recibió la requisitoria de la Justicia para presentar información, puesto que Stornelli hizo hincapié en la firma entre el Ministerio de Planificación Federal y la UTN de más de 400 convenios para la creación del ramal ferroviario Río Gallegos-Punta Loyola-Río Turbio, que nunca se concretó. La Fiscalía advirtió que habrían intervenido en estos acuerdos la Fundación de la UTN, YCRT y las municipalidades de Río Turbio y Río Gallegos, y que se deben investigar las contrataciones del personal destinado a la obra de la Central Termoeléctrica. “No hubo ninguna requisitoria, pero aparte de eso, no hay documentación alusiva en la Municipalidad. En definitiva, los municipios eran participante, ya que el tren turístico iba a pasar por las localidades. Otra falacia es la que apunta a que no se terminó la obra, y simplemente no se terminó porque nos fuimos del gobierno nacional y el presidente Mauricio Macri decidió no continuar. Se hizo hasta donde se pudo, no cualquiera puede reparar locomotoras y vagones de más de 70 años. Como dije, estoy tranquilo y a disposición de la Justicia. Cuando me digan, voy a Buenos Aires a declarar sobre todos los temas”, concluyó.
FM La Cien 99.1.
