Seis dirigentes de la Asociación Trabajadores del Estado, gremio que mantiene desde hace ocho días una ocupación en la mina de carbón de Río Turbio, fueron citados a declaración indagatoria el lunes próximo en el Juzgado Federal de Río Gallegos, en el marco de una denuncia sobre “averiguación de delito” que impulsó la empresa Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT).
Los responsables de la gerencia de Explotación y de Seguridad, la subgerencia de Mina y la coordinación de Recursos Humanos de YCRT respondieron el último martes a una citación en carácter de “urgente” al juzgado que subroga en Río Gallegos el juez Aldo Suárez, luego de que el fiscal federal Guillermo Marijuan instara a ese tribunal a hacer cesar la medida de fuerza.
Los afiliados a ATE Río Turbio, ciudad ubicada en el suroeste de Santa Cruz, sostienen que “no hay riesgo” para los trabajadores en la medida de fuerza que llevan adelante, con la que, dicen, buscan frenar posibles despidos, la defensa de los convenios colectivos de trabajo denunciados por la empresa y la desinversión y paralización de la central térmica a la que abastecería la mina, faltando un 30% para la culminación de la obra.
“No hay gente en el interior de mina ya que para resguardar a los compañeros determinamos hacer la medida en la boca de mina”, aseguró Miguel Páez, secretario general de ATE Río Turbio, uno de los dirigentes citados por la justicia.
Páez rechazó el argumento de la intervención de la empresa para que la justicia actúe ante un “peligro inminente” de colapso de la mina por la medida de ocupación de ATE.
También dijo que “el riesgo es el de la continuidad laboral y de todo el emprendimiento, porque está paralizada la obra de la usina de 240 mega hace dos años y nos preocupa nuestra fuente de sustento a futuro”.
Diario Popular
