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Investigan vínculos de YMAD con hijos de Lázaro Báez por la venta de oro

 

Según Clarín, aparecen nexos entre una financiera y un cartel de empresas que compraba el metal.

Luciana Báez, saliendo de tribunales de Comodoro Py, donde se presentó ante el juez federal Sebastián Casanello. Investigan vínculos de YMAD con hijos de Lázaro Báez por la venta de oro Luciana Báez, saliendo de tribunales de Comodoro Py, donde se presentó ante el juez federal Sebastián Casanello.

La Justicia Federal se encuentra investigando a dos de los hijos de Lázaro Báez por una presunta compra fraudulenta de oro a Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) durante la gestión de Manuel Benítez a cargo de la empresa interestadual.

Sucede que, según publica Clarín, una firma vinculada a los hijos de Báez figura dentro del extenso listado de compradores del metal dorado a YMAD.

Por ello, el juez Sebastián Ramos investiga a ex funcionarios y actuales apoderados, por “administración fraudulenta” de los fondos de la compañía.

Se trata de Luciana y Martín Báez -los mayores de los cuatro hermanos-, quienes, de acuerdo al medio porteño, están vinculados a cinco empresas que habrían funcionado como cuevas financieras.

Estas firmas ahora se conectan con la causa que investiga la venta fraudulenta de lingotes de oro.

Cabe señalar que la causa inició con una denuncia en diciembre de 2016 que hizo la Oficina Anticorrupción (OA) contra la gestión de la empresa interestadual YMAD, la que cuenta con participación de la Universidad de Tucumán, Catamarca y el Ejecutivo Nacional.

La denuncia surgió tras una auditoría interna y por la cual se derivó que se investigue a los exdirectivos de YMAD por “administración fraudulenta” respecto a los fondos de esa sociedad.

Dicha auditoría, que analizó 142 expedientes respecto a la venta de oro, determinó que entre 2012 y los primeros meses de 2016 hubo un gran incremento en la cantidad de lingotes producidos y vendidos por la empresa -en 2008 eran 12,5 kilos de oro y para 2015 se llegó a 1.155,25 kilos-.

En este marco, se detectó que el 80 por ciento de las ventas totales siempre fue a las mismas empresas, muchas de las cuales no tenían relación con la comercialización de metales.

Incluso, algunas no tenían capacidad económica para adquirir grandes volúmenes del metal.

Hasta el momento, bajo la mira de la Justicia están Manuel Benítez, expresidente de YMAD; el contador y exasesor de aquel, Juan Iraizoz; la ex gerenta financiera Irene Castro; el ex encargado de ventas Leandro Posada; el extesorero Juan Etcheverry y el ex jefe de compras Santiago Alexis Sisto.

Ahora bien, la denuncia plantea que no hubo “razones que justifiquen” dicho aumento, considerando que cada año había “más pérdidas producto de la refinanciación por lingote de oro”.

La venta de oro bajo sospecha representa $809 millones, según señala Clarín.

Las transacciones, según se denunció, se habrían materializado a través de licitaciones privadas “mediante las cuales se adjudicó el 80 por ciento de las ventas” a diez empresas organizadas en tres grupos y que estarían “vinculadas entre sí”.

En este contexto, el magistrado Ramos se encuentra abocado al análisis de una lista de supuestos compradores del oro en condiciones fraudulentas.

Según el periódico antes citado, “los primeros informes de auditoría señalan que varias de las empresas involucradas en las operaciones investigadas tienen vinculación con empresas ligadas a los hijos de Lázaro Báez”.

En este orden de ideas, el matutino explica que en el denominado “Grupo 1”, como figura en el listado al que accedió el medio, “realizó compras de lingote de oro por $693.965.930”.

Así, desglosa que “una de las sociedades señaladas y que integra este grupo es Dereli SA, allanada por el juez Casanello en la Ruta del Dinero K, por su relación financiera con la empresa M&P, propiedad de Luciana y Martín Báez”.

De esta forma, el matutino apunta que la firma Dereli SA está “vinculada a los Báez entre las compradoras de oro y según fuentes de la causa, ‘habría funcionado como una cueva financiera utilizada por los Báez’ para mover sumas millonarias de dinero”.

Según la denuncia, el objeto social de varias de las firmas compradoras de oro “no guardaba relación con la comercialización de metales”, explicaron fuentes judiciales al mencionado medio.

Esquiú

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