Es el encargado de defender el patrimonio y los intereses de la provincia y es un hombre de confianza del gobernador Sergio Uñac. El fiscal de Estado, Jorge Alvo, pasó por el programa «A todo o nada» de Radio Sarmiento y explicó su postura sobre los tiempos que se está tomando el organismo para intervenir en el escándalo por la contratación de la ART al IAPSER durante la gestión pasada. Además, dio detalles sobre el conflicto legal por la escombrera que armó una minera chilena en suelo calingastino.
– ¿Cómo controla a los abogados de Fiscalía de Estado? La consulta tiene que ver por el caso de Dora Monasterio, que cuando se jubiló retuvo expedientes y dejó prescribir causas por casi 1,5 millones de pesos.
– En esa causa específica se han planteado las acciones civiles dentro del proceso penal y se ha solicitado un embargo sobre el inmueble de la profesional a los fines de recuperar los fondos que se han prescripto con motivo del accionar negligente de la abogada. Y las demás causas, han sido reasignadas en los diferentes profesionales de Fiscalía. Yo tengo la supervisión letrada de todos los juicios donde interviene Fiscalía de Estado. Por supuesto, los mismos directores son los que ejercen el control en cada una de las áreas, que lo llevan bastante bien, y siempre va a haber alguna causa o algún abogado que ocasione algún perjuicio o prescripción. En esos casos, siempre doy inicio a los sumarios administrativos y le hago pagar al profesional lo que corresponda.
– ¿Pero cómo que siempre va a haber abogados que causen algún perjuicio?
– Le doy un ejemplo. En el área de ejecuciones, cada abogado lleva 7 mil ejecuciones. Eso materialmente es imposible…
– ¿Entonces tiene pocos abogados?
– Lo que pasa es que para el nivel de ejecuciones, es voluntaria la incorporación para llevar. Los abogados de Fiscalía de Estado optan si llevan ejecuciones o no las llevan. Los que llevan ejecuciones, están alrededor de 50 abogados. De esa cantidad, llevan de seis, siete a diez causas. A partir de un fallo que ha dictado la Corte, en el caso Nicolía, donde el Código Procesal Civil establecía el proceso monitorio: inmediatamente se iniciaba la demanda ejecutiva, la ejecución fiscal, se dictaba la sentencia monitoria. La Corte ha dicho que la sentencia monitoria tiene que estar notificada si no se produce la caducidad de instancia. Eso nos ha provocado que hayamos tenido que ordenar el área de Ejecuciones para que notifiquen con premura a los fines de evitar la caducidad de instancia. Estamos estudiando si elevamos un proyecto de ley al Gobernador para modificar eso, a los efectos de que no nos cause tanto problema. Ese problema lo tienen todos los fiscales de Estado, en una u otra medida. El procurador de la Nación me contaba que llevan la parte administrativa y la judicial. Nosotros llevamos sólo las causas judiciales. Ellos llevan 900 mil sólo de ejecuciones y las llevan tercerizadas en estudios jurídicos. Tienen, en promedio, un 20 por ciento de caducidad de instancia.
– ¿Y Fiscalía de Estado de la provincia?
– No tenemos ese porcentaje. Es muy esporádica alguna situación que, por lo general, no se han dado en la actualidad, sino que se advierten con motivo del residual del Banco San Juan en donde ya venía la situación muy mala. Se llevaban mal las cuestiones y ha provocado perjuicios importantes.
– En el proyecto que quieren presentar, ¿también planean que se tercerice el trabajo?
– No. El proyecto que se va a presentar es únicamente a los efectos de modificar el Código Procesal Civil para que la sentencia monitoria tenga efectos de que no necesariamente tiene que ser notificada para que no produzca la caducidad de instancia. Se imagina que en un cúmulo de 7 mil causas por cada abogado, notificarle lleva un tiempo.
– ¿Cuál es el porcentaje que tienen de causas que se hayan caído?
– En mi gestión, prácticamente ninguna.
– ¿Cuánto gana cada uno de esos abogados?
– Los abogados están, más o menos, en un promedio de 25 mil a 26 mil pesos.
– Es poca plata para un profesional…
– Trabajan muy bien y hay gente que está muy consustanciada con el trabajo de Fiscalía. Yo me he quedado impresionado, sobre todo con los directores y los subdirectores de las áreas que hacen una tarea impecable.
– ¿Cómo encontró Fiscalía de Estado cuando llegó?
– Debo reconocer la labor del doctor De Sanctis, no solamente en el tema de las megacausas sino en cuanto a la organización y los controles. Considero que su labor ha sido impecable y ha cumplido fielmente con sus obligaciones como fiscal.
– ¿Y algún cambio que usted esté pensado?
– El cambio sustancial que he hecho es crear el área Ambiental que no existía y que creo que es de vital importancia.
– ¿Pero no había nada que corregir de lo que había hecho De Sanctis?
– Se va corrigiendo puntualmente pero no le podría decir con precisión, es decir, eso va sobre la marcha. Por ejemplo, la movilidad de Fiscalía de Estado ya no la usa exclusivamente el Fiscal sino que la usa el área de inmueble donde van los ingenieros y los abogados a hacer los estudios de título de cada causa judicial en donde se le notifica a Fiscalía de Estado que puede haber una afectación de un bien público. Esa movilidad está todo el día.
– Cuando fue designado, Diego Seguí decía que no correspondía porque era abogado de la familia Uñac. ¿Es así?
– No voy a polemizar con el doctor Seguí sobre ese tema. No soy abogado de la familia Uñac. He sido abogado en la municipalidad de Pocito que condujo el doctor Uñac. Tengo una cierta amistad con el Gobernador, pero yo no tengo afiliación partidaria y la verdad es que si fuera así, cualquier persona que se presente al cargo de Fiscal de Estado, que tenga una afiliación partidaria, que la puede tener y que es normal, si el Gobernador es del mismo tinte político, también podría decirse que no correspondería esa designación.
– En el escándalo por la contratación de la ART por el IAPSER en la gestión pasada, se dice que la interna del PJ frenó que el Estado se haga parte querellante a cambio de que Gioja se bajara de la candidatura a senador. ¿Por qué Fiscalía de Estado no se ha hecho querellante en la causa?
– Eso lo desmiento totalmente. No he recibido ninguna instrucción en ese sentido y conociéndolo al Gobernador, no la recibiría nunca por parte de él. Lo que pasa es que hay una confusión por parte de los denunciantes que es importante destacarla. Ellos han hecho una denuncia para que se investigue el presunto delito. El fiscal de la causa, Daniel Galvani, hace un requerimiento de prueba, pero no hace una requisitoria de instrucción. Esta última, para ser completa y que nos permita habilitarnos para ser parte querellante, debe cumplir una serie de requisitos que no los digo yo, están plasmados en el Código Procesal Penal, que es determinar si ese hecho constituye un delito, quiénes son los autores de ese hecho y si existe algún daño o perjuicio fiscal. Eso permite a Fiscalía de Estado poder constituirnos en parte querellante. Hasta ahora eso no ha sucedido. Lo único que hay es una serie de pruebas que se han diligenciado. Yo me he hecho parte necesaria porque así lo establece la Constitución, que en cualquier causa donde se comprometan los intereses de la provincia a mera denuncia, Fiscalía de Estado debe intervenir inmediatamente como parte necesaria. Por eso hemos solicitado todas las pruebas a los fines de ir evaluándola. Tengo entendido que resta una prueba que es un oficio que se ha girado al Instituto de Entre Ríos.
– ¿Sin el requerimiento de instrucción no pueden hacerse parte querellante?
– Nosotros estimamos que no. No lo digo yo, lo dice el Código Procesal. Para constituirme en parte querellante yo debo cumplir con una serie de requisitos. Esos requisitos nacen de la requisitoria de instrucción fiscal. Puede pasar que haya requerimiento de pruebas, y que el fiscal vea toda la prueba y diga «acá no hay un delito».
– Pero no le hace ruido que la provincia haya licitado un seguro mucho más barato de lo que se venía pagando desde hace 12 años.
– Por supuesto que me hace ruido. En realidad, me hace ruido el hecho de la denuncia en sí, no porque tenga asidero legal sino porque…
– Pero se lo llevo a un ejemplo simple, en el último año de la gestión pasada se pagaron 10 pesos por un seguro. En la administración actual se licita el mismo servicio y se termina pagando 5. ¿No le parece que usted tendría que ser uno de los primeros que debe estar velando por los intereses de la provincia?
– Si toma la denuncia tal cual ha sido presentada, es muy probable que haga esa interpretación. Pero esa denuncia la debemos llevar al contexto cuando se inició la contratación. En la denuncia se habla de que se habría violado la ley financiera de la provincia. En realidad esa norma no está vigente sino la ley de contabilidad.
– Al margen de la denuncia, ¿por qué Fiscalía de Estado es tan prudente cuando están en juego millones de pesos?
– Hay dos cuestiones. Primero tenemos que ver la legalidad del acto. Si esa contratación se enmarca dentro de lo legal. Si es así, es otra situación distinta. La ley de contabilidad permite la contratación directa y la licitación. La opción entre una u otra es una decisión que no voy a calificar, pero fue del exgobernador que decidió la contratación directa. Ahora, una vez que determinemos si está bien hecha la contratación, tenemos que ver si hubo sobreprecios. Y en ese carril, tenemos que ver cómo se fueron canalizando los pagos, si fueron a través de una cuenta legal, cómo fueron a parar al Instituto de Entre Ríos, es decir, una serie de cuestiones y no livianamente sostener que esa denuncia, por el simple hecho de una licitación del gobernador actual con la contratación ya existe un sobreprecio. Creo que es necesario ser serios en este tema.
– En el conflicto con Los Pelambres, un exdiplomático chileno señaló que existe una carta en Cancillería argentina inclusive, la cual dice que Chile habría brindado datos cartográficos equivocados y que por ello se generó la escombrera en suelo calingastino…
– Ese es el argumento que sostiene minera Los Pelambres. He visto la cartografía y en realidad, en cierta manera, puede estar avalado lo que sostiene la minera. Pero ese ya es un problema de Los Pelambres, que creo que lo está haciendo a los fines de sortear el costo del retiro de la escombrera al compartirselo al Gobierno chileno. Los Pelambres ha planteado una serie de recursos en cuanto al retiro de la escombrera diciendo que necesariamente se requiere la conformidad de Cancillería del Gobierno chileno por el tema de los permisos. En realidad, eso lo único que hace es tener un efecto dilatorio, porque eso no obsta que se continúe con el plan de retiro más allá que después se pidan los permisos del gobierno chileno para concretarlo. Son medidas dilatorias que no logro entender, pero como no tienen efectos suspensivos, ya se está elaborando el plan de retiro. Además, creo que la semana que viene es muy probable que le retiren la calidad de parte querellante a Pachón.
– ¿Esto qué implica?
– Pachón, como denunciante, se constituyó como parte querellante, a los fines de coadyuvar al fiscal de la causa. Como en la resolución del juez Rago Gallo, ante la petición de Fiscalía de Estado compartida por el fiscal Maldonado, amplio la instrucción de la causa contra la denunciante, Xstrata Pachón, no puede seguir como parte querellante.
– ¿Quién está elaborando el plan de retiro?
– Lo están elaborando los peritos oficiales del juzgado y va a ser auditado también por la UNSJ y el Ministerio de Minería.
– ¿Sabe qué costo tiene?
– No lo sabría con exactitud, pero remover la escombrera costará unos 300 millones de dólares.
– ¿Y el tiempo?
– Se calcula que el retiro de la escombrera demandará dos años.
– ¿Puede ser apelado?
– Sí, pero no tiene efectos suspensivos. Es decir, los recursos que planteen de las mineras involucradas no suspenden la elaboración del plan.
– ¿Cómo será?
– Tienen que devolver las rocas a territorio chileno. En la reunión que tuve con la gente de Los Pelambres, les pregunté y me dijeron que ellos ya tenían ideado que… en realidad, cuando veía la cartografía advertía que ellos no tienen lugar para devolver la escombrera porque no tienen espacio físico. Entonces me dijeron que ya habían calculado que hay un lugar en el que podían instalar la escombrera que estaba distante unos 25 kilómetros de la mina.
Luego de que estallara el desvío ilegal de instrumentos del hospital Rawson a clínicas privadas, el Ministerio de Salud Pública decidió trasladar a personal fuera de las áreas en las que los sumariantes están llevando a cabo su investigación. Fuentes calificadas confirmaron además que el Gobierno cesanteó al médico Horacio De Arrascaeta, a quien le habían encontrado una parte de un ecógrafo en su sanatorio. Aunque la desvinculación no se debió a la pérdida de materiales del centro público de salud sino a la causa por un aborto ilegal en 2014 por el que la Justicia lo está investigando.
A fines de agosto, la Policía allanó la clínica Santa Clara y encontró sondas, una tela especial para heridas internas, tijeras, pinzas, aparatos para suturas mecánicas y otros instrumentos que eran del hospital Rawson. Por el caso, detuvieron al médico cirujano Diego Basualdo y a la instrumentista quirúrgica Patricia Quevedo. Luego, los uniformados allanaron el centro privado de Arrascaeta, en donde hallaron un transductor de un ecógrafo que había desaparecido en 2011. El profesional enfrenta una investigación por la práctica de un aborto clandestino en 2014, la cual está a punto de resolución. Por ese motivo, las fuentes indicaron que fue cesanteado el miércoles del puesto que tenía en el Rawson.
En cuanto al movimiento de personal, Julio Andino, jefe de asesores del ministro Cástor Sánchez, explicó que de manera preventiva han separado de sus funciones a un grupo de profesionales para que cumplan esas tareas en otras áreas. El funcionario evitó revelar la cantidad de implicados en los movimientos para no ventilar posibles líneas investigativas.
Diario de Cuyo
