De acuerdo a una encuesta, para muchos argentinos, los impuestos se usan mal

Siete de cada diez personas creen que se necesita una reforma. Avalarían una mayor carga para mineras y tabacaleras. Buena parte de la población, dispuesta a avalar una suba de la carga fiscal que afecte a la minería, tabacaleras, compañías petroleras, bancos y el sector de bebidas alcohólicas

La reforma tributaria se encuentra en la agenda de la discusión pública en la Argentina, y hay consenso acerca de su necesidad.

Al mismo tiempo, hay un alto grado de percepción negativa a la hora de evaluar cómo se usan los impuestos. Y a la hora de replantear el esquema de impuestos, se vería bien una baja en la carga tributaria de los sectores vinculados al consumo básico y de la incipiente actividad de las energías renovables.

Por otro lado, buena parte de la población estaría dispuesta a avalar una suba de la carga fiscal que afecte a la minería, las tabacaleras, las compañías petroleras, los bancos y el sector de bebidas alcohólicas.

Estas son algunas de las conclusiones a las que llega el estudio “Agenda pública: impuestos y regulación”, elaborado por la consultora Quiddity y entregado en exclusiva a La Nación.

A la hora de opinar sobre cómo es el desempeño del Estado en la utilización de los impuestos que recauda, el 53% de los encuestados respondió “mal” (35% dijo “bastante mal”; 18%, “muy mal”). En tanto, 37% respondió “bien” (33%, “bastante bien” y 4%, “bien”). A su vez, 10% dijo que “no sabe”.

Esto lleva, a consultar sobre la reforma tributaria. Allí, lo que se ve es que 71% de los encuestados opina que es “necesaria” (32%, “muy necesaria” y 39%, “bastante necesaria”). A su vez, 15% respondió que “no es necesaria” (11%, “poco necesaria” y 4%, “nada necesaria”). Y un 14% dijo que “no sabe”.

Luis Costa, director de Quiddity, del Grupo Untold, y autor de la investigación, comenta que el primer elemento a relevar era hasta qué punto estaba presente en la discusión pública la idea del peso de los impuestos en la vida cotidiana.

“En el sistema político, la discusión está abierta hace mucho tiempo y la idea de la reforma impositiva aparece en todo momento; pero no está claro hasta qué punto esa discusión tiene presencia en los ciudadanos y, al mismo tiempo, cómo éstos se representan la idea de los impuestos”, dice Costa.

Existe, además, una crítica fuerte de parte de los ciudadanos referida a cómo se utiliza lo recaudado. “Lo que prima es que un uso ideal de los impuestos implicaría que sean devueltos a la ciudadanía en forma de infraestructura. Es decir, aunque la discusión sobre impuestos en el sistema político se refiere a la presión sobre los precios, no es la parte económica lo que define la posición que toma la gente, sino el uso de los recursos para tener una mejor vida pública”, explica Costa.

La encuesta muestra que un 60% de los consultados cree que los impuestos son un medio para desarrollar funciones de pavimentación de calles, defensa nacional y seguridad, y sólo 17% considera que son para una mejor distribución de la riqueza.

Por otra parte, existe una percepción muy fuerte de que recae una carga excesiva de impuestos sobre el trabajador y una carga impositiva muy débil sobre las empresas grandes.

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Mientras 43% de los entrevistados dice que los trabajadores pagan muchos tributos, sólo 9% considera que las grandes empresas multinacionales tributan mucho. “La idea es que hay demasiada carga en el individuo”, analiza Costa.

Cuando se pregunta quiénes deberían pagar más, 37% considera que deberían abonar más impuestos las grandes empresas y sólo 3% dice que los trabajadores deberían hacer un aporte mayor.

Al indagar respecto de sectores en particular, la investigación encontró que se avalaría un aumento de impuestos para las mineras (68% de los encuestados las mencionó), tabacaleras (54%), petroleras (53%), bancos (29%) y bebidas con alcohol (24%).

Según César Litvin, socio del Estudio Lisicki, Litvin & Asociados, hay una sensación en la gente de que ya se está en un nivel límite de tolerancia en la cuestión fiscal. “Todos van a pedir bajar los impuestos. Pero si bajamos los impuestos, se agrava el déficit fiscal. Entonces, lo que hay que hacer es una reforma tributaria gradual tendiente a la baja de la presión fiscal, mientras va creciendo la actividad económica”, opina el tributarista.

Pero esta reforma tiene que tener un norte, que, desde el punto de vista de Litvin, es la competitividad. “En ese punto, tenemos una serie de impuestos distorsivos, que afectan la competitividad. El más tóxico de todos es Ingresos Brutos, que es un impuesto nacido en la Edad Media en España y que ya no se aplica en ningún lado. El mundo lo sustituyó por el IVA”, cuenta.

Litvin afirma que otra carga distorsiva es el impuesto al cheque, porque no mide capacidades económicas sino sólo transacciones, y alienta la no bancarización.

En el tercer lugar en el ranking de “distorsivos” aparecen las retenciones a las exportaciones, que sólo quedaron para la soja, con una alícuota reducida. “Son distorsivas porque afectan las exportaciones, ya que los países vecinos no las tienen”, explica.

Para Nadin Argañaraz, director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), la Argentina llegó a un nivel de carga tributaria legal sustancialmente elevado para todas las actividades.

“La mitad de lo que se paga por una gaseosa son impuestos, el 44% de lo que se paga por alimentos son impuestos, y el 44% de lo que se paga por una vivienda son impuestos”, señala. “Por eso, hay gran incentivo a la evasión, algo que genera competencia desleal”, agrega al matutino.

En la encuesta de Quiddity, los alimentos envasados aparecen como la respuesta más elegida cuando se consulta qué sectores o productos deberían tener menor carga impositiva. El 44% de los entrevistados mencionó ese rubro, al que le siguieron los productos textiles (41%), las energías renovables (40%) y los supermercados (35%).

Para Argañaraz, una pata clave de la reforma tributaria es que el ciudadano tenga acceso fácil a saber cuánto paga de impuestos. “Porque si el ciudadano no sabe cuánto paga de impuestos es muy difícil que sepa cuánto cuesta el Estado, y si un ciudadano no sabe cuánto le cuesta el Estado, es muy difícil que se preocupe en controlar cómo gasta el Estado”, concluye el economista.

 

 

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