La historia de Minas Capillitas, el único reservorio de la piedra semipreciosa rodocrosita o “Rosa del Inca” que existe en Argentina, es tan frondosa como truculenta y está ligada a las empresas mineras creadas por el Estado provincial para su explotación. La primera de ellas, SOMICA DEM, se constituyó en 1986. Tres años después, el gobierno de Ramón Saadi le transfirió el área minera Cerro Atajo, aporte de capital por el que el Estado se quedó con el 51% del paquete accionario. El 49% restante fue a manos de las firmas «Víctor Manuel Contreras SA” y «Minera Andina SA”, que se encargarían de la explotación. Todo ello se hizo por decreto, cuando correspondía que se aprobara por ley. Es decir, en su misma génesis comenzaron los problemas. En 1991, ya en la gestión del FCS, se puso en marcha la explotación de Minas Capillitas. Y por entonces ya se insinuaban ciertas irregularidades: faltan registros de la cantidad de piedra extraída y de las eventuales utilidades que debía aportar a la Provincia; faltaban controles estatales y había sospechas de complicidad entre los que debían fiscalizar la actividad y los privados que extraían la rodocrosita. Así continuó hasta 1997, cuando el entonces gobernador Arnoldo Castillo decretó la nulidad del aporte de Cerro Atajo y la disolución de SOMICA. Y en 2002, la Corte de Justicia declaró la nulidad absoluta e insanable de la constitución de la empresa, ordenó restituir al patrimonio provincial el área minera transferida irregularmente e iniciar el proceso de liquidación de la firma. Todo a fojas cero.
Poco duró la vigencia de ese fallo. En 2004, el gobernador Eduardo Brizuela del Moral decidió reactivar la liquidada empresa SOMICA DEM y ponerla al mando de Raúl Doering. En claro desacuerdo con esa decisión, la entonces asesora general de Gobierno, Stella María Buenader de Walther, renunció al cargo. Por esas curiosas vueltas que tiene la política, en las PASO de este año, Brizuela del Moral y Buenader unieron sus nombres en la boleta del oficialismo del FCS-Cambiemos como precandidatos a diputados nacionales. Cuando Brizuela del Moral dejó el poder, empezaron a surgir, ya con más nitidez, las cuestiones reñidas con la ley en la administración de SOMICA en la década de Doering. El gobierno de Lucía Corpacci presentó a través de Fiscalía de Estado varias denuncias y luego se sumó la que hizo el ex diputado Hugo Argerich junto a otros, la misma que tomó el fiscal federal Santos Reynoso para imprimirle un nuevo ritmo a la investigación. Entre otras cosas, se dio relieve a las actuaciones iniciadas por el empresario Juan Carlos Berberian, quien se declaró perjudicado por supuestas maniobras dolosas articuladas en SOMICA DEM para beneficiar a la firma Minera Dolphin SA. Razones no faltaban para sospechar de eso: en 2008, Doering pesificó y redujo el canon que la Dolphin le pagaba a SOMICA por la explotación y comercialización de rodocrosita, con las consecuentes pérdidas para el erario provincial. Dolphin, una empresa británica con sede en Lanús, Buenos Aires, estuvo involucrada en diversos incidentes con cargas de rodocrosita flojas de papeles: 6 toneladas en 2009, 8 toneladas en 2010, 9 toneladas en 2011, según dan cuenta los archivos de EL ANCASTI.
Esta semana, el fiscal Reynoso pidió al juez federal que cite a declarar a Doering, quien actualmente reside en Panamá. Considera que la empresa habría incurrido en un cúmulo de irregularidades con respecto a transporte del mineral sin la correspondiente hoja de ruta, mal uso de las hojas de ruta para el transporte de la rodocrosita, deudas con Minería por el irregular transporte del mineral y regalías mineras adeudadas”, entre otros hechos que permitirían acusar formalmente a Doering por ilícitos penales. Pero también pidió citar a Ricardo Manuel López y José Oscar López, responsables de Dolphin. Y agrega un dato nuevo de la denuncia de Berberian: Dolphin tendría 120 millones de toneladas de rodocrosita en un depósito de Hong Kong. Pasó la gestión Doering y los escándalos siguen jalonando la historia de Minas Capillitas. A principios de este año, Fabricaciones Militares –propietaria de la mina- denunció en la Justicia Federal a CAMYEN, la empresa estatal que reemplazó a SOMICA, por una serie de irregularidades vinculadas con la falta de pago del canon que le correspondería por la explotación de la piedra, por los subsidios en exceso y por falta de transparencia en la producción. Hay otro dato que alimenta el bochorno minero: Dolphin, la empresa denunciada, es actualmente uno de los principales clientes de CAMYEN. Ciertos vínculos no se cortan.
El Ancasti
