La Cámara Federal de Tucumán rechazó las apelaciones del ex rector de la UNT (2006-2014) y del ex diputado de la UCR ─que se desempeñaba como secretario administrativo de la UNT─ y ordenó profundizar la investigación para conocer el destino de $353 millones obtenidos de regalías generadas por la empresa Yacimientos Mineros de Agua del Dionisio entre 2006 y 2009.
Juan Alberto Cerisola y Luis Sacca continuarán procesados sin prisión preventiva en la causa en la que se los investiga por el manejo fraudulento de los fondos provenientes de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), que tenían como destino la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), y por incumplimiento de deberes de funcionario público. A ambos imputados se les mantendrá el embargo por $50 millones, en el caso de Cerisola, y por $10 millones en el caso de Sacca. Éste último se desempeña actualmente como director administrativo de la secretaría de Bienestar Universitario.
La Cámara Federal de Tucumán rechazó este miércoles la apelación presentada en julio de 2016 por el ex rector de la UNT y por el ex secretario administrativo de la casa de altos estudios. Ordenó profundizar la investigación a fin de determinar el enriquecimiento ilícito de los imputados a partir de maniobras fraudulentas realizadas con fondos provenientes de YMAD.
Desde el juzgado solicitaron procurar el acceso a las declaraciones juradas patrimoniales de los años de interés y confrontarla con información de los registros de bienes muebles e inmuebles, información bancaria y financiera a fin de evaluar si los funcionarios procesados con capacidad de decisión en el uso de los fondos recibieron algún tipo de beneficio.
Silvia Peyracchia, abogada de Cerisola, había solicitado la nulidad del procesamiento al considerar que existían «vicios de arbitrariedad» y que la decisión que tomó el juez federal N°2 Fernando Poviña poseía «fundamentos insuficientes» y la «omisión absoluta de valoración de pruebas esenciales».
El juzgado analizó argumento por argumento y cada una de las obras que figuran como sobrevaluadas en la causa. Determinó que tanto Juan Alberto Cerisola como Luis Sacca son los únicos responsables de la colocación del dinero en entidades financieras «de alto riesgo» sin consultar ─ni antes ni después─ al Consejo Superior de la UNT. Las investigaciones efectuadas en la causa ponen en evidencia parte del circuito delictivo, en donde Cerisola en complicidad con Sacca perjudicaron patrimonialmente a la UNT, habiéndose detectado diferencias millonarias entre los rendimientos informados por la casa de altos estudios y los que surgen de la aplicación de las tasas que reconocen las entidades requeridas.
El perjuicio ocasionado a las arcas de la UNT, asciende a $8.131.248,55, y corresponde sólo a los casos de dinero depositado en Equity Trust Company, Banco Comafi, Banco de Servicios y Transacciones SA, Banco Meridian, Banco Piano, Caja Popular de Ahorros de Tucumán, Banco Credicoop y Banco Hipotecario Nacional, sin contar todos los intereses que debió percibir la entidad educativa.
También se cuestiona que se haya aceptado la reducción del giro de utilidades de YMAD a la casa de altos estudios. El rendimiento pasó del 40% ─establecido por la Ley 14.771─ al 20%. Según un informe emitido por la PROCELAC (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos), en 2006 las utilidades fueron de 19,28%; en 2007 de 26,35 %; en 2008 de 10,15 %; y en 2009 de 6,41%.
A Cerisola se le endilga también la creación de un sistema paralelo de contratación de obras con fondos de la empresa minera interestatal, violentando la Ley Nacional de Obras Públicas 13.064 y la Ley de Administración Financiera 24.156. Según la defensa del ex titular de la UNT, un Dictamen de Asuntos Jurídicos de la UNT lo habilitaba a llevar a cabo la función.
La investigación señala que Cerisola alteró los montos para contrataciones directas y licitaciones privadas (Resolución 366/08) ─se elevó el techo de $ 75.000 a $ 1.000.000─, permitiendo un manejo discrecional de los fondos. Además, puso bajo su órbita a la Dirección de Construcciones Universitarias, encargada de ejecutar las obras, por lo que nadie más que él debía y podía controlarse.
La parte querellante postula que todas las maniobras detectadas grafican el objetivo del ex rector de la universidad: barrer con los controles sobre el manejo financiero de los fondos de YMAD para utilizarlos en forma discrecional.
El Tucumano
