En noviembre de 2017 el Gobierno que preside Lenín Moreno anunció su decisión de convocar a una consulta popular y referendo, que tendrá lugar el 4 de febrero del año que se inicia.
En su intervención dijo que las preguntas tienen como finalidad recuperar la institucionalidad del Estado y devolver el poder al pueblo. “Una oportunidad para recuperar la democracia y la institucionalidad del país”, que fue devastada por el correato.
Los analistas califican que el anterior Gobierno fue autoritario, concentró todos los poderes del Estado y los manejó a su antojo. “Fue un régimen que persiguió a sus críticos, creó organizaciones sindicales y sociales paralelas a las existentes para mostrar un falso apoyo popular a sus políticas y montó un aparato de propaganda para disfrazar sus criterios en “verdades”, explican.
Se cree que las siete preguntas de la consulta son claves para el presente y futuro del país: sancionar de por vida a los funcionarios corruptos; cesar a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana; eliminar la reelección indefinida; derogar la Ley de la Plusvalía; incrementar la zona intangible y reducir el área de explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní; prohibir la minería metálica en áreas protegidas.
El 5 de febrero, si los resultados de la consulta son contundentes, el presidente Moreno arrancará la segunda etapa de su gobierno. Para ello, no ha formulado aún, cúal será su discurso político ni ha anunciado un plan de vuelo. Hay un marco propuesto de tolerancia y menor juego para el Estado –por falta de recursos o por convicción, eso está por verse– en la dinámica económica.
Desde el 5 de febrero se sabrá, entonces, si Lenin Moreno encarna un nuevo proyecto político o si lo suyo es más correísmo pero ligeramente edulcorado y sin Rafael Correa. El proyecto político incluye por supuesto las formas, el estilo. Pero se entiende que el país pondrá igualmente los ojos en el conjunto de decisiones políticas y económicas que darán el perfil definitivo a su gobierno.
No habrá espacio para esas ambigüedades que, por cierto, hacen parte, al parecer, de su personalidad y que le han permitido ganar tiempo e incrementar su popularidad tanto en el electorado duro de Correa como en aquel que votó en mayo por Guillermo Lasso.
Los resultados de la consulta dividirán el período de su gobierno en un antes y un después. A partir del 5 de febrero, los ciudadanos pedirán, quizá le exigirán, que tome decisiones. El señor Presidente se verá abocado a definir no solo los rumbos de sus políticas sino su nuevo equipo de gobierno.
Lo mismo ocurrirá si sigue insistiendo en obtener crecimiento económico mediante endeudamiento externo. El país espera –esto sí es dable colegir– una negociación con la China para bajar el costo oneroso por los intereses de la deuda que, según Lenin Moreno, suman en total diez mil millones de dólares anuales.
¿Pensará el presidente acompasar su discurso interno con la política internacional? ¿Mantendrá a María Fernanda Espinosa que perpetúa la política internacional vergonzosa definida por Rafael Correa?
En fin, desde el 5 de febrero, el número de definiciones que espera el país del presidente, es extenso. Y si la Consulta Popular le sale bien, la pelota estará enteramente en su campo y el fantasma de Correa vagará por otras tierras.
Para el dirigente indígena ecuatoriano, Dr. Carlos Pérez Guartambel, la consulta popular sobre el tema de la minería, no es más que un engaño y pérdida de tiempo, puesto que el anterior y actual gobierno “se entregaron en cuerpo y alma a las compañías chinas”, al concesionar el 97% para la explotación minera del oro, el cobre y la plata.
La explotación minera constituye una verdadera amenaza que acabará con las fuentes de agua, ríos, lagunas, páramos, aguas friáticas y humedales en las zonas de alta biodiversidad, donde la vida de las comunidades está en riesgo con vestigios patrimoniales arqueológicos y es un atentado a la Madre Tierra, subrayó el líder indígena.
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