La Casemmza reclamó porque mientras Macri impulsa la actividad, a nivel local se considera incompatible con la legislación provincial del sector.
La Cámara de Servicios Mineros de Mendoza (Casemmza) cuestionó la posición del gobierno mendocino, que considera que no es compatible con la legislación provincial la explotación de uranio, y la contrastó con el impulso que le dio el presidente Mauricio Macri a las inversiones en el sector en su reciente viaje a Rusia.
El presidente de la Casemmza, Carlos Ferrer, consideró que la Subsecretaría de Energía y Minería provincial tiene «una actitud simplista» porque sostiene que la explotación del uranio «no es compatible con la ley N° 7.722, que prohíbe el uso de sustancias contaminantes en los proyectos mineros».
«Aquí hay un cortocircuito entre la política minera de Macri, que quiere promover y generar recursos, mientras que el gobernador Alfredo Cornejo y la provincia no lo quiere hacer, o no manifiesta su intención ni su voluntad política de hacerlo», sostuvo Ferrer en declaraciones a Télam.
Ferrer resaltó la gestión de Macri en su reciente gira a Rusia, en la que el canciller Jorge Faurie y representantes de importantes empresas del sector, como Uranium One Group y Uranamerica entre otras, firmaron un acuerdo de cooperación, que «es la firme expresión de desarrollar el uranio en la Argentina».
El directivo reclamó «un cambio de actitud en el gobierno provincial» y que «se animen a pagar un costo político si lo tienen que hacer», y explicó que «hoy la lixiviación se hace por flotación».
«Lo que debería hacer Mendoza es abrirse a la minería y hacer convenios con la Universidad Nacional de Cuyo y con las casas de altos estudios de las provincias vecinas de San Juan y San Luis, con el Cricyt (Centro Regional de Investigaciones Cientificas y Tecnologicas), el Conicet, para estudiar las nuevas técnicas que se pueden utilizar para poder explotar el uranio sin que viole la ley 7722», precisó.
En Mendoza hay dos grandes complejos para explotar uranio, Los Huemules (de Minera Agaucu), y Sierra Pintada (de CNEA).
«Los Huemules tienen una reserva estimada de 5.000 toneladas que abastecería por 10 años», informó y explicó que su «explotación insumiría una inversión de 70 a 100 millones dólares, generaría 1.500 puestos de trabajo directos en la construcción de la planta, más 5.000 indirectos, a los que se sumarían otros 800 puestos directos en la operación y 3.000 indirectos para el funcionamientos de las centrales».
Sierra Pintada, compuesto por los yacimientos de Los Reyunos y Dr. Baulies, «es propiedad de CNEA, y está listo para producir, con reservas de 8.000 millones de toneladas, que generarían mil puestos de trabajo directos y 4.000 indirectos», explicó.
Ferrer sostuvo que la Comisión Nacional de Energía Atómica «para poder remediar están avanzando con los informes de impacto ambiental».
«No nos perdamos 200 o 300 millones de dólares que hoy estamos gastando en importar uranio para poder alimentar las centrales nucleares y la medicina nuclear», advirtió.
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