El jefe comunal de Sierra Grande quiere que se instale allí una planta. Hizo una consulta popular, sacó una ordenanza e irá a la Justicia. El mandatario se opone.
Primero fue una consulta popular. Ahora la derogación de una ordenanza. El próximo paso será el Tribunal Supremo provincial. El intendente de Cambiemos de Sierra Grande, Nelson Iribarren, logró que el Concejo Deliberante de la pequeña ciudad rionegrina derogue una ordenanza que prohibía el depósito y tránsito de sustancias nucleares por dicha jurisdicción con un solo objetivo: revertir la negativa del gobernador Alberto Weretilneck (opositor, del Frente Grande) a la construcción de una planta nuclear, que estaba originalmente planeada allí.
Esta deberá ser la quinta central nuclear del país. Y por un acuerdo bilateral que se negoció bajo el gobierno de Cristina Kirchner y se continuó con la administración de Mauricio Macri, con la anuencia inicial y luego la negativa de Weretilneck -por la presión en su provincia-, la construcción de la planta estará en manos de capitales chinos.
Entre tanto, el Gobierno nacional sigue atento a la evolución del caso sin emitir palabra en público. Pero evita al mismo tiempo dar un paso que represente una mudanza real de planes.
Enojado con Weretilneck, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, había dicho que la planta finalmente se iba a construir en la provincia de Buenos Aires. Mientras, Beijing espera, pero sigue considerando que la concreción de este proyecto es una de las obligaciones acordada de manera bilateral. Está permanentemente en la agenda, igual que ocurrió con las represas de Santa Cruz.
A su vez, la planta también cuenta con el visto bueno de peronistas no kirchneristas, como del propio senador nacional por Río Negro, Miguel Angel Pichetto, que fue intendente de Sierra Grande. Por otra parte, uno de los nexos del oficialismo provincial con el Ministerio de Energía que conduce Juan José Aranguren es el diputado por Cambiemos Sergio Wisky.
Presionado por el kirchnerismo provincial -que paradójicamente apoyó los acuerdos con los chinos de su jefa política- Weretilneck dio marcha atrás con la planta en Sierra Grande, y ese freno lo plasmó en una ley provincial. Amparado en razones medioambientales, suspendió la construcción de la planta. Eso no impidió que su fuerza perdiera igual las legislativas.
El viernes pasado por iniciativa de Iribarren la ordenanza 1301/18 derogó las normativas 093/91 y la 014/1996 que, entre otras cuestiones, establecían a Sierra Grande como «Zona no Nuclear».
En diálogo con Clarín, el intendente admitió que por ahora la ordenanza no puede revertir la ley provincial de Weretilneck, que impide la construcción de la planta, pero marca que Sierra Grande -sumergida en una muy difícil situación económica y social por la crisis de la minería- quiere su autonomía para discutir esta cuestión y «no ser avasallada».
Iribarren consideró que el gobernador Weretilneck, al impulsar la prohibición, procedió de manera apurada y que roza lo inconstitucional. «La cuestión energética es materia nacional. Prohibimos una planta y tenemos el Invap en Bariloche -también en Río Negro- que produce y vende reactores. Para nosotros la construcción de la planta debe ser jurisdiccional y tiene que ser el pueblo el que decida», afirmó Iribarren, quien ya tiene lista su presentación judicial ante el máximo tribunal de la provincia.
El Gobierno de la ciudad realizó el año pasado un referéndum en el que el 83 por ciento respaldó el proyecto de instalación de una central nuclear. Votó poca gente, el 30 por ciento del padrón de la localidad (1.700 personas). pero Iribarren considera que si se hiciera hoy, y fuera obligatorio, la mayoría de los votantes daría sí a la planta. En especial, por el impacto económico que tendría en la zona.
Clarín
