El Nuevo Acuerdo Federal Minero espera ampliar los beneficios para las provincias en cuanto a las regalías que perciben por la extracción de minerales en sus territorios. Pero a mediano plazo, no cumpliría su misión de promover el desarrollo de la actividad porque desincentiva la llegada de inversiones y le quita rentabilidad a los emprendimientos en marcha.
Después de un año y medio de búsqueda de consenso entre las provincias y la Nación, más nueve meses de revisiones y ajustes sobre el texto final, el gobierno de Mauricio Macri presentó ayer en la Comisión de Minería del Congreso Nacional el Nuevo Acuerdo Federal Minero, que según anticipó pretende «sentar las bases de trabajo para el sector para los próximos 20 años».
El proyecto, que fue elaborado en el marco del Consejo Federal Minero (COFEMIN) y procura representar a todas las gobernaciones del país con sus diferencias geológicas y con sus variantes políticas, modifica otro acuerdo similar que se creó en 1993, y entrará en vigencia una vez que se apruebe en el Parlamento nacional. Luego, deberá ser ratificado en cada una de las legislaturas provinciales.
«Esta nueva ley busca promover inversiones y apunta a dar certidumbre a cuestiones que hasta hoy no la tenían», anticipa a 3Días el secretario de Minería de la Nación, Daniel Meilán. «El país cuenta con un Código de Minería que se constituyó a fines del siglo XIX y que si bien tuvo que ser renovado hace 25 años, se mantiene como la base que rige a toda la industria.
Hoy, con las nuevas necesidades en cuanto a desarrollo local y temas comunitarios, más los avances tecnológicos en materia ambiental, hay que volver a actualizarlo, por eso le decimos Nuevo Acuerdo o NAFM, según sus siglas», justifica el titular de la cartera, quien ocupó el mismo puesto en los 90 cuando se discutió el documento anterior.
A primera vista, se espera ampliar los beneficios económicos para los estados provinciales en cuanto al valor efectivo de lo que perciben por la extracción de minerales en sus territorios, ya que plantea una modificación en la forma de contabilizar las regalías y agrega un aporte para el desarrollo de infraestructura que también deberán pagar las compañías operadoras.
En ese sentido, los empresarios y los representantes gremiales de los trabajadores coinciden, aunque con motivaciones disímiles, en que con el Nuevo Acuerdo no se lograron transformar cuestiones fundamentales para posicionar a la Argentina como un destino atractivo para los inversores frente a los líderes de la región, Chile y Perú, que al menos en materia minera llevan amplia ventaja.
Sostienen que en el mediano plazo, apuntaría en contra de los objetivos para lo que fue pensado: en definitiva, si no se generan nuevos proyectos, los frutos que las provincias prevén recolectar con las regalías tienen los días contados.
A pesar de las críticas, se rescata como señal positiva el proceso de apertura al diálogo que se propició desde el Gobierno nacional para consensuar el Nuevo Acuerdo, como estrategia necesaria hacia el desarrollo de una actividad cuestionada por su afectación al medio ambiente a nivel global.
En junio del año pasado fue firmado por el presidente y por 17 gobernadores. Recientemente se sumó La Rioja, y todavía quedan algunas firmas pendientes como la de San Luis, Tucumán y Chubut, que son algunas de las que cuentan con leyes que prohíben la minería en sus territo «Buscamos que las jurisdicciones difieran tanto una de la otra, en la medida de lo posible, en materia regulatoria, para que quien está decidiendo invertir en la Argentina no se encuentre con un rompecabezas de piezas disímiles», agrega el subsecretario de Política Minera, Juan Biset.
Regalías
Con respecto a las regalías, el proyecto propone que las provincias cobren hasta un 3% del valor bruto de producción. Hasta el momento, se cobra un 3% del valor boca de mina, que refiere a todo el material que se extrae sin procesar. Adicionalmente, crea un nuevo ítem de 1,5%, también sobre el valor final, que se aportará al desarrollo de infraestructura. «Esto lo va a poder regular cada distrito, cada uno tiene que decir si quiere mantener ese tope de regalías, puede bajarlo o directamente no cobrarlo si busca ser más competitivo al momento de atraer inversiones», aclara Meilán.
Desde la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), se presentó ante el Gobierno nacional una alternativa que finalmente no se tuvo en cuenta en el COFEMIN, que contempla la conformación de un sistema progresivo de impuestos sobre la curva de evolución de los proyectos mineros, lo que en rigor implica que las regalías se calculen s bre las utilidades de las empresas y no sobre la facturación.
«Nos hubiésemos acercado competitivamente a otros países como Chile y Perú, que con un modelo impositivo de ese tipo acompañan los ciclos de la industria extractiva y consiguen captar más inversiones», evalúa el presidente de CAEM, Marcelo Álvarez, y explica a este diario que «el problema de la regresividad de los impuestos es que, como se trata de commodities, se pagan los mismos montos aunque el precio esté muy bajo, por lo tanto la vida útil de la operación se acorta».
De ese manera, lo que aparece como un beneficio para las provincias puede ser negativo, porque no solo se desincentiva la llegada de nuevas inversiones sino que también pierden rentabilidad los emprendimientos que están en marcha.
«La apuesta del Gobierno nacional es que las provincias compitan entre ellas, pero no es tan simple y directa la ecuación. Deben competir en otros aspectos pero no en el tributario porque si no es muy difícil de justificar, salvo que tengas una inversión concreta y directa muy grande, que vas a cobrar menos cuando otras provincias cobran más», señala el titular de la entidad empresarial y Country Manager de la minera canadiense Goldcorp, firma que tiene a su cargo Cerro Negro en Santa Cruz, una de las minas de oro y plata en producción más grandes del país.
En ese sentido, Meilán también coincide con la visión del empresario. A su decir, para el país es muy difícil competir con Chile y Perú «porque ellos no privilegian la percepción directa de regalías». «Son países muy mineros, para ellos significa el 15% del PBI, en cambio para nosotros es apenas el 1%, y ponen en primer plano el trabajo, el crecimiento, el desarrollo de proveedores, que genera más trabajo; prefieren abrir varias canillas en todos lados, no una sola, y tener un desarrollo más ampliado», compara el funcionario nacional. «En la discusión perdí, porque entiendo que así perdemos competitividad, pero el voto de la mayoría es el que quedó plasmado en el NAFM. A la par, estamos haciendo cosas para ganar competitividad en otros aspectos», indica.
La provincia de San Juan, por caso, tomó la delantera y puso en funcionamiento nuevas normas locales para generar incentivos para que las empresas activen nuevas campañas exploratorias, que implican la fase previa de todo desarrollo minero y requiere de una gran inversión de riesgo.
Esa decisión del gobierno de Sergio Uñac ya impactó en los inversores internacionales. Según la última encuesta del Instituto Fraser de Canadá, que se encarga de modelar el interés mundial de acuerdo al potencial geológico y a la percepción política, San Juan se ubicó tercero entre los destinos preferidos para el desarrollo de emprendimientos en Latinoamérica, después de Chile y de Perú como países.
Al respecto, Álvarez valora que el ministro Juan José Aranguren, de quien depende la Secretaría de Minería, haya abierto la mesa de competitividad y que en ese marco, las provincias hayan empezado a tomar decisiones en ese sentido, a pesar de no haber podido instalar desde CAEM un sistema progresivo de impuestos como medida necesaria para que sea la Argentina en conjunto la que escale posiciones en el ránking global minero.
«El NAFM generó mayor confianza en cuanto a que el diálogo entre las provincias y la Nación se recuperó y se pudo avanzar en algunos ejes importantes; es un primer paso importante», estima el empresario.
Encuadre gremial
Por otra parte, la Asociación de Obreros Mineros de Argentina (AOMA) también brindó su postura durante la conformación del Nuevo Acuerdo. Puntualmente, lo que planteó -y todavía está en discusión-, es la necesidad de un nuevo encuadramiento gremial en el cual se puedan definir los límites frente al avance de otros gremios como la UOCRA, del sector de la Construcción, que en algunos casos asumió la representatividad de trabajadores mineros y desdibujó los convenios que firmó AOMA para beneficio de sus afiliados, con la justificación de que existe multiplicidad de tareas en un emprendimiento y sin dar cuenta de la función específica que tienen un obrero minero.
«Estuvimos presentes en la confección de un apartado que apunta a arrojar claridad sobre las relaciones laborales, aunque no por eso significa que la intención final sea alcanzar mejoras para los trabajadores», señala a este medio el secretario general de AOMA, Héctor Laplace, y puntualiza que uno de los desafíos del sector es «bajar la conflictividad laboral generada por otros gremios ante posturas dubitativas del Estado y de las propias empresas».
«Entendemos que el NAFM es una forma de aggiornar los postulados esgrimidos en 1993 que permitieron el arribo de inversores, y por eso creemos que su recapitulación está bien. No obstante, para lograr un crecimiento sostenido, como ocurrió en la industria minera entre ese año y 2009, se deben alcanzar metas de macro economía que no están dadas actualmente», sentencia Laplace y completa: «La inflación, la inseguridad jurídica y los altos costos de los servicios y tributarios, aparecen como los verdaderos obstáculos para que arriben inversores de riesgo al país».
Asimismo, en el proyecto de ley se incluye un apartado que apunta a la promoción del desarrollo de proveedores. En ese punto, para el titular de la Cámara Argentina de proveedores y prestadores de servicios Mineros (CAPMIN), Juan Carmona Palau, sólo se habla de un «compre local» que se refiere únicamente a las zonas de influencia de cada uno de los proyectos mineros.
«Queremos ir un poco más allá; creemos que no solo hay que atender las áreas cercanas a los emprendimientos, sino que no hay que perder de vista el compre nacional, porque una operadora puede satisfacer su demanda de servicio con la oferta de empresas de otras provincias antes que optar por proveedores chilenos o peruanos», indica.
En esa línea, la entidad que agrupa a prestadores mineros de todo el país solicitó formalmente a un grupo de legisladores nacionales ampliar el alcance del texto de la Ley de Compre Argentino de modo que incluya a las operadoras del sector. El proyecto, que prioriza a la industria nacional en las compras que realizan empresas del Estado Nacional o con participación estatal, también se discute por estos días en las comisiones del Senado.
«En este segmento, existen muchos casos de licitaciones de bienes y de servicios en las que tienen alta participación compañías de Chile o de Perú. Esto preocupa bastante porque la minería debe ser un motor generador de mano de obra para los argentinos», señala Carmona Palau, y aclara que si bien «muchas empresas de primera línea son conscientes de esto y tratan de favorecer a los proveedores nacionales», no siempre sucede.
No obstante, advierte que actualmente falta desarrollo de proveedores mineros nacionales. «Si llegarán a explotar dos o tres proyectos de los que están en carpeta en la Argentina, creo que la masa laboral capacitada, que cumple con todos los requerimientos y las normas del sector, y que hoy tenemos disponible, no alcanzaría a abastecerlos. De todos modos, el desarrollo de los proveedores solo es posible si existe trabajo; sin clientes reales, no potenciales, no es posible desarrollar nada», concluye.
Cierre de minas, una ley pendiente
Entre la gran cantidad de temas que se incluyen en el Nuevo Acuerdo Federal Minero aparece uno que urge definir dado el contexto actual del sector: se trata del «Régimen de cierre de minas». Hoy, el país no tiene una ley que indique los procedimientos adecuados que se deben cumplir en materia ambiental y socioeconómica. Para mitad de año, Minera Alumbrera anunció el cierre sus operaciones en la mina a cielo abierto que explota en Catamarca hace 20 años, una de las diez más grandes de cobre y oro del mundo.
Según la empresa, el proceso en sus diferentes etapas está contemplado en la Ley N°24.585 de Protección Ambiental para la actividad en forma genérica, aunque también observó que «el país no cuenta con una legislación específica y detallada de cierre de minas».
Ante ese vacío legal, en junio de 2016, la Secretaría de Minería de Catamarca dictó la Resolución 396, que regula el c e de las labores e instalaciones mineras. «Establece una Guía para presentación de planes de cierre de minas y posiciona a Catamarca como pionera», señala a El Cronista el titular de la cartera minera de la provincia, Rodolfo Micone, quien además preside el COFEMIN.
La operadora, en tanto, informó que lleva a cabo «diversos estudios preliminares, con el objeto de lograr una continuidad en una etapa subterránea». Ante la consulta de este medio, la potencial extensión no fue confirmada, aunque se esperan definiciones.
Una estrategia que se aplica en muchos lugares del mundo consiste en empalmar el fin de un emprendimiento con el inicio de otro similar; se mantienen así puestos de trabajo, proveedores, ingresos por impuestos, y se amortizan las instalaciones industriales, que suelen valer millones pero si no se usan pasan a ser pasivos ambientales. En ese sentido, Catamarca cuenta con proyectos importantes en carpeta, pero no muestran indicios de pronta puesta en marcha.
Al respecto, el presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, Marcelo Álvarez, advierte que «no hay nuevas minas que se vayan a empalmar con las que se van a cerrar en los próximos cinco años, salvo un caso en Jujuy; esa es la gran preocupación y en ese sentido remarcó la necesidad de generar incentivos para que la inversión venga».
El Cronista
