Opinión El Ancasti /
Aparte de un confirmado fracaso, la idea de crear sociedades anónimas con participación del Estado mayoritaria (SAPEM) y sociedades del Estado ha terminado en una trampa de la que el Gobierno no puede escapar sin pagar altísimos costos políticos. Agroindustrias Catamarca Sociedad del Estado (AICAT SE) y PRODUCAT SAPEM, dos estructuras cuyos déficits ilevantables demandan sistemáticos y millonarios desembolsos del erario, son los casos que exponen esta situación con mayor nitidez. Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado (CAMYEN) podría sumarse a la lista, pero su mediocre desempeño obedece a razones distintas que las otras dos, más vinculadas a los defectos de gestión y las corruptelas que a fallas conceptuales.
AICAT SE fue creada en 2012 para funcionar como “brazo ejecutor” del Ministerio de Producción en emprendimientos conjuntos con el sector privado. Desde entonces, lleva engullidos más de 62 millones de pesos en concepto de asistencia financiera sin que siquiera se insinúe la posibilidad de alcanzar el objetivo inicial de auto-sustentarse. Tras promover la apertura de un frigorífico de Chumbicha, ubicado sobre la ruta 38, debió anular la concesión que se le había otorgado a la empresa Tolerance y hacerse cargo de su administración. El Frigorífico gastó este año 7 millones de pesos, aunque no se faenan animales allí desde enero. PRODUCAT SAPEM es otro cáncer. Los más de 100 millones de pesos erogados a través del Ministerio de Obras Públicas desde su creación en 2013 no han conseguido más resultado que el de profundizar su déficit. Obras Públicas le suministra los insumos, es el principal comprador de lo que produce y además tiene que aportar todos los meses para cubrir el pago de los salarios, no obstante lo cual los conflictos laborales en la firma se han cronificado.
El cepo que el Gobierno se autoimpuso con estas invenciones de las SAPEM es evidente. Lejos de constituirse en fuentes laborales ajenas a la estructura de la administración pública, como se postulaba, configuran un mecanismo para designar gente en condiciones precarias, con salarios bajísimos, cuyos emolumentos son abonados con recursos distraídos al presupuesto. Es empleo público por el que no se abonan contribuciones, a cuyo costo deben sumarse los gastos de funcionamiento de unas estructuras burocráticas que no tiene otra razón de ser que la de dar cobertura a funcionarios y sostener este asistencialismo mal disimulado.
La idea del Estado metido a empresario adolece del error conceptual básico de suponer que una sociedad privada puede manejarse con los mismos criterios que la administración pública, sin evaluaciones serias sobre las condiciones del mercado y las posibilidades de que las inversiones realizadas arrojen utilidades o al menos permitan alcanzar el equilibrio económico. En un principio, estas estructuras se promovieron porque eran idóneas para canalizar a través de ellas fondos públicos sin pasar por el tamiz de los controles que, al menos en teoría, pesan sobre otras reparticiones públicas.
Pero esta ventaja aparente para las tropelías administrativas pronto se diluyó ante la inviabilidad económica de los emprendimientos, con los resultados que están a la vista: permanentes desembolsos para solventar gastos operativos y de salarios. La CAMYEN SE podría haber sido una excepción, debido a que tenía el monopolio de la extracción y comercialización de la rodocrosita de Minas Capillitas. Pero tampoco allí hubo resultados. El Estado tuvo que ponerse con millonadas para cubrir desequilibrios para que, en concreto, CAMYEN le entregara el usufructo por 40 años del área minera Cerro Atajo a la privada Yamana Gold. Esto es: CAMYEN se descapitalizó y capitalizó a Yamana Gold, propietaria de los derechos sobre el yacimiento Agua Rica.
Daniel Issi, que acaba de renunciar a la presidencia de CAMYEN, omitió referirse a estos detalles y se limitó a señalar que su ciclo estaba cumplido. Tampoco aludió a las razones de fondo de su dimisión: el retaceo de apoyo económico a CAMYEN y las pésimas relaciones que mantenía con el secretario de Minería, Rodolfo Micone.
