El debate iniciado en la Legislatura por la ley 7722 busca darle impulso a la actividad minera en Mendoza. Sin embargo no es la única norma que protege los recursos naturales de la Provincia. La cordillera es la zona donde entran en tensión los intereses y gran parte de ese cordón montañoso está protegido por otra ley: la 6045, de áreas naturales protegidas. A su vez, la Dirección de Minería casi no tiene recursos asignados.
El Gobierno y la oposición abrieron el debate y, tímidamente, hicieron oficial que quieren modificar y flexibilizar la ley 7722, con la intención de promover la actividad minera en Mendoza. Ese debate tiene que desterrar algunos mitos. Particularmente uno: que esa actividad será de manera automática una catapulta de la economía. Las falsas expectativas pueden ser aún peores que las prohibiciones.
Pero además, el andamiaje legal que tiene Mendoza para proteger los recursos naturales excede esa ley, por lo que las tensiones no se restringen solamente a ella. Por eso si se avanza con la modificación de la 7722 es probable que luego aparezcan proyectos para cambiar otras normas. De hecho a nivel nacional se busca cambiar la ley de glaciares, también para flexibilizar las restricciones y sacar las prohibiciones para el ambiente periglaciar. El problema es la superposición de intereses sobre las mismas áreas. Así, por ejemplo, hay zonas de la cordillera donde entran en competencia las principales nacientes de las reservas de agua, con zonas re reservas metalíferas. Algo de ello ocurre con la zona de Laguna del Diamante, donde el mapa del catastro minero está plagado de hitos, pero gran parte de ellos están dentro de la reserva natural, que fue ampliada de manera contemporánea con la sanción de la 7722.
Justamente el sistema de áreas naturales protegidas de Mendoza tiene casi todo el cordón montañoso de la cordillera protegido. Del norte al sur, esa cadena de reservas comienza por el Parque Provincial Aconcagua; la reserva Cordón del Plata, el Parque Tupungato, Piuquenes, Laguna del Diamante y la reciente área Laguna del Sosneado. También se incluye allí la reserva privada Villavicencio, que había entrado en un gris legal que está en la justicia. En ese caso, por ejemplo, se nota la superposición de intereses: la empresa Danone tiene un largo litigio con la minera Deprominsa por la exploración en busca de cobre que intentó hacer. El terreno es de la empresa francesa, los derechos mineros del subsuelo de la minera. En el medio la reserva.
El 13% de la superficie de Mendoza tiene protección de ese tipo. La ley 6045 incluye en tres artículos la prohibición de la minería. Dependiendo de la categoría de la reserva, el nivel de restricciones. Es obligación que para registrar un derecho minero se mencione si está o no dentro de un área de reserva. Con la ampliación del sistema de áreas naturales, crece también la tensión en ese sentido.
Casi toda la cordillera está protegida por la ley 6045, que también prohíbe la minería en áreas naturales.
En el mismo camino legal, deberían desempolvar y jerarquizar el decreto 820 que reglamenta los requisitos ambientales de los proyectos mineros en Mendoza y también cumplir la misma ley 7722, que aún tiene temas sin reglamentar, como el seguro ambiental y la creación de la Policía Ambiental Minera.
El otro aspecto saliente del reimpulso a la minería que buscan darle tiene que ver con los recursos del Estado para controlar y promover. Hoy el área específica está floja por todos lados. Según el proyecto de Presupuesto 2019, la Dirección de Minería tendrá 12 millones de pesos para trabajar durante todo el año. En las planillas de personal del mismo proyecto, figuran solo 18 empleados en esa repartición. No solamente son pocos recursos para ejecutar una política minera, sino también para crear confianza en el rigor con el que se deben controlar los proyectos mineros.
Mdz
