La fiebre del oro, al acecho


Por Roberto Delgado / La fiebre del oro, la plata y el cobre está latente en la UNT y en cualquier momento volverían las tentaciones que sacudieron a la casa de estudios. Bastará que los yacimientos mineros comiencen a producir utilidades para que vuelva la avidez dorada: Bajo la Alumbrera estiró su vida útil por casi un decenio, ya que buscará ahora mineral bajo tierra. Mientras tanto, los problemas del pasado que llevaron al ex rector Juan Alberto Cerisola (y a miembros de su equipo) a la Justicia por los manejos irregulares de fondos en obras de infraestructura ($ 353 millones entre 2006 y 2009) siguen arrastrándose lentamente en la justicia federal: la causa podría ser elevada a juicio antes de fin de este año. Y siguen apareciendo esquirlas del manejo sin control de la plata que llegó de la minería.

 

Mochila pesada

El cambio de gestión de la Universidad, este año, incluía la mochila de los Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), la empresa que la UNT comparte con el gobierno de Catamarca y la Nación. Los derechos de la Universidad vienen desde que Abel Peirano descubrió el yacimiento mineral y lo legó a la casa de estudios, a la que le correspondieron por ley el 40% de las utilidades, con el exclusivo objeto de construir la Ciudad Universitaria. Eso fue así hasta el 1 de enero de 2008, cuando el ex rector Cerisola firmó un acta con el directorio de YMAD en el que daba por concluida la Ciudad Universitaria y acordaba que a partir de ese entonces se repartiría un 20% a las demás universidades y un 20% quedaría de libre disponibilidad para la UNT. El acta, hecha en secreto en pleno Año Nuevo, generó tardías oleadas de indignación (se supo hace apenas tres años) y derivó en varias sesiones de debate en el Consejo Superior, que al final declaró nulo de nulidad absoluta ese acuerdo. La UNT se ha presentado como querellante en la Justicia de Catamarca para anular el acta, pero hasta ahora no hay decisión judicial. O sea que, en caso de haber utilidades, por ahora serán sólo del 20% y de libre disponibilidad, lo cual es la gran tentación para las autoridades de una universidad siempre en crisis financiera. Según prometió el rector, José García, las utilidades “deben dedicarse exclusivamente para infraestructura”. Lo mismo plantea la decana de Derecho, Adela Seguí, que ha presidido una comisión especial formada en diciembre de 2017 para indagar qué ha pasado con los ingresos por la minería. Dice que se formará un fondo especial YMAD para que el dinero se destine a “edificios, equipamiento, becas e intercambio”.

Pero hasta ahora no hay dinero nuevo -se cree que llegará a partir de 2022- y el planteo ético de la UNT en su querella por el acta indica que se debe volver al 40% de las utilidades y que las regalías mineras se deben dedicar exclusivamente a la Ciudad Universitaria.

Esa mochila de YMAD incluyó, en segundo lugar, la falta de datos sobre lo que ha pasado en estos años en la empresa. La comisión especial de 2017 pidió copia autenticada de todas las actas de Directorio y de Asamblea desde 2004; copia de los balances de la empresa desde 2004, y un informe detallado de los fondos recibidos por YMAD de Minera Alumbrera, desde el inicio de la distribución de utilidades.También, cuánto dinero se les dio a los socios de la empresa interestatal (UNT, Catamarca y el Estado nacional) en concepto de utilidades; y la fecha de los pagos. Es que de la investigación de la Justicia federal sobre lo ocurrido con las utilidades entre 2006 y 2009 se desprendió que a la UNT se le habría liquidado un menor porcentaje del que correspondía.

Además se le solicitó a la secretaria Económico Financiera de la UNT, Lidia Ascárate, que informe sobre el destino que la Universidad les dio a las utilidades. Aún no se ha informado sobre las conclusiones a que puede haber arribado esa comisión de 2017.

 

Seguir la ruta del dinero

Ese equipo de trabajo se formó un mes después del fallo de la Cámara Federal de Apelaciones con respecto a la causa (llamada Sigen-Eudal) contra Cerisola, confirmando que el ex rector y los otros tres acusados debían ir a juicio. La Cámara dijo además que la UNT debía investigar la ruta del dinero que ingresó a la Universidad por regalías mineras. Es decir, por qué oficinas pasó y quiénes tomaron decisiones al respecto. También tendrá que investigar a las empresas que se beneficiaron.

Para diciembre de 2017 se conoció también un informe de auditoría entregado en febrero de ese año en que se detallaba que hasta 2016 la Dirección de Construcciones Universitarias, que estaba a cargo de Olga Cudmani (procesada junto con Cerisola) no rindió cuentas de $ 71,6 millones. Se habló de facturas dobles, pagos sin comprobantes, desdoblamiento de pagos, contrataciones directas y retenciones de ley que luego no fueron depositadas, entre otras cosas.

La falta de claridad de las tareas no sólo se daba en Tucumán. También YMAD ha estado envuelta en el secreto: en junio de 2017 el director de la empresa, Santiago Abarracín, denunció al anterior director, Manuel Benítez (quien estuvo al frente durante 16 años) por la venta irregular de lingotes de oro a empresas privadas. Una de ellas -según se dijo entonces-, vinculada al empresario kirchnerista Lázaro Báez. Los denunciados fueron Benítez y cinco funcionarios de YMAD. La UNT se desayunó con esa denuncia. Los delegados de la Universidad en YMAD, también.

¿A partir de entonces las cosas se hicieron más claras? No se sabe. En diciembre de 2017, Faustino Siñeriz y Alfredo Grau, delegados de la UNT, informaron en el Consejo Superior que 2017 había sido un año con déficit, pero que 2016 había tenido una “situación operativa relativamente equilibrada”. Dieron datos de producción. Pero en la UNT aún se están esperando los balances correspondientes a 2016 y a 2017, según informó José Luis Jiménez, decano de Ciencias Económicas, quien preside la Comisión de Hacienda del Consejo Superior.

Con respecto a 2015, el balance fue aprobado después de muchas demoras. Hace un mes, hubo una reunión de decanos con el gerente comercial de YMAD, Luis de Miguel. También estuvieron los delegados Siñeriz y Grau. Allí, el gerente habría planteado que aún no se sabe qué pasó con una cantidad de plata, que sería millonaria. “No hubo explicación sobre ese dinero”, dijo Adela Seguí, quien aclaró que había llegado tarde al encuentro.

No obstante, el vicerrector, Sergio Pagani, dijo a LA GACETA que él no escuchó hablar de dinero faltante y que en la reunión se dieron explicaciones sobre cómo va a funcionar YMAD en los próximos tiempos.

Consultado el decano Jiménez, advirtió que el balance 2015 ya ha sido aprobado. Se supone que el dinero sobre el que no hay precisiones corresponde a ese período. “Hemos pedido explicaciones”, dijo Jiménez, quien confirmó que se habló de recursos faltantes.

 

Cambios sin debate

En esa reunión los decanos se dieron con la novedad de que el nuevo acuerdo que YMAD ha firmado con Minera Alumbrera fue refrendado, en realidad, en 2014 (durante la gestión de la ex rectora Alicia Bardón). Este convenio incluye la explotación de Bajo el Durazno. Así lo publicó LA GACETA el 24/4/18, cuando informó que la vida útil del yacimiento se extendería por diez años. Sin embargo, los consejeros universitarios recién advierten que hay un problema. “Ese acuerdo debería haber pasado por el Consejo Superior, porque hay un cambio en la disposición de los bienes de YMAD”, sostiene Seguí. También en la reunión se habló de la disminución del valor patrimonial de YMAD.

Así las cosas, la UNT debe renovar uno de los delegados -el mandato de Siñeriz está vencido-, y debatir definitivamente cómo hacer los controles de gestión, que se le siguen escapando.

Un tema central, pero siempre invisibilizado, ha sido el medioambiental. Ya la minera había pagado por daños al ambiente -la planta de tratamiento de residuos de El Mollar es una consecuencia de ello- y la Justicia le había ordenado en 2017 suspender actividades para reparar perjuicios ambientales. En ese momento estaba en proceso de cierre de la mina a cielo abierto y aún no se sabía que este año ampliaría sus actividades con minería subterránea. Después, un fallo de febrero de este año le ordenó a la minera recomponer el ambiente y aconsejó al Poder Ejecutivo provincial hacer un relevamiento actualizado de impactos tóxicos sobre la población de las cuencas de los ríos Medina, Chirimayo y Gastona.

Las decisiones que se toman en la Universidad con respecto a YMAD siguen los tiempos largos de la Justicia, que no termina de enfrentar el problema del manejo escandaloso del dinero de las regalías. Acaso cuando se haga el juicio oral queden claras las responsabilidades de Cerisola y Cía. Pero las otras investigaciones complementarias van a paso de tortuga. Y antes de que en la UNT se den cuenta, volverá a entrar el dinero. Y con él, la fiebre.

 

 

 

La Gaceta

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