Lo que sucede con la ley provincial 7.722 es una clara muestra para entender cómo se pierde calidad institucional en Mendoza. No tiene que ver con la discusión de la minería en sí; es sólo un ejemplo. Después, si debe debatirse el desarrollo de esa industria en la provincia es otro tema. La cuestión se centra en que durante años se discutió acerca de la validez y la constitucionalidad de la norma. Fue el máximo tribunal el que estableció que no tenía aspectos irregulares y que era una ley que debía respetarse. La decisión de la Corte llegó luego de presentaciones incontables por parte de las empresas que buscan reglamentos más permisivos y controles más laxos para el desarrollo de sus emprendimientos. Y, cuando parecía que tras el fallo judicial la controversia llegaba a un punto final, nuevamente se abre una instancia que plantea modificaciones. Una polémica que no tuvo, no tiene ni tendrá final.
El Sol
