El Gobierno respalda los cambios en la ley minera


 

Mendoza. Funcionarios de Cornejo asistieron a la Legislatura para dejar sentada su postura con respecto al desarrollo de la actividad.

Hasta ahora, el Gobierno de Mendoza nunca había sido tan explícito para marcar su posición con respecto al desarrollo de los proyectos mineros. Pero el jueves, durante el plenario de comisiones donde se debaten las iniciativas presentadas por los senadores peronistas Alejandro Abraham y Juan Agulles, que tienen que ver con la modificación de la ley 7.722, sí lo fue. Los representantes del Ejecutivo no sólo se mostraron a favor, sino que dijeron que es necesario el cambio porque es un sector productivo que no está desarrollado y sería generador de puestos de trabajo que en este momento faltan. Los cambios en la ley que restringe la explotación minera por medio del uso de sustancias químicas tienen que ver con la puesta en marcha de iniciativas que hasta el momento no se han podido concretar (caso del proyecto minero San Jorge, en Uspallata, Las Heras).

Tres funcionarios del gobierno de Cornejo -el subsecretario de Hidrocarburos y Minería, Emilio Guiñazú; el secretario de Ambiente, Humberto Mingorance y el director del Departamento General de Irrigación, Sergio Marinelli- dieron su apoyo a los cambios en la ley, En términos generales, lo que los funcionarios afirmaron es que se pueden desarrollar proyectos mineros sustentables, porque el Gobierno tiene formas de controlar que dejan muy poco margen de error ya que además de recurso humano también han sumado tecnología para realizar el seguimiento.

Qué dicen los funcionarios

Para el subsecretario de Energía y Minería, Emilio Guiñazú hablar de minería en Mendoza es muy complejo y uno de los grandes desafíos de cuando comenzó a gestionar. Sin embargo, cree que la provincia está capacitada para desarrollar la actividad y hacerlo de manera sustentable.

Lo que se busca es generar una propuesta de política pública para desarrollar la minería en Mendoza, cumpliendo con el Plan de Ordenamiento Territorial y sin castigar el ambiente. “Esto significa: cumpliendo las leyes nacionales y provinciales, en forma armónica con el resto de las actividades económicas de la provincia”.

Para el Gobierno, el objetivo es que en el término de diez años la minería le aporte a Mendoza un nivel de actividad equivalente al del sector hidrocarburífero, es decir, el 25% del PBG (Producto Bruto Geográfico) de Mendoza.

Sobre el modo de desarrollar estas iniciativas, Guiñazú sostuvo: “Queremos hacerlo dando seguridad a los trabajadores y a las comunidades relacionadas, con respeto y cuidando el ambiente”. En cuanto a la detección de fallas y controles ambientales, el subsecretario dijo que “tenemos las herramientas para diagnosticar cualquier efecto contraproducente. ¿Vamos a seguir con las mismas políticas o vamos a buscar una salida por arriba a este conflicto? Hay departamentos que están sufriendo una crisis de trabajo enorme. Tenemos un Plan de Ordenamiento Territorial que nos dice qué actividades se pueden desarrollar en cada territorio”.

En cuanto a la postura del Departamento General de Irrigación, el superintendente, Sergio Marinelli dejó entrever que si bien hay que poner el foco en el cuidado del agua en cuanto a la actividad minera a Irrigación le toca lidiar con todas las actividades humanas donde hay responsabilidades con respecto a posible contaminación hídrica. También manifestó que “cuando hablemos de agua con respecto a las actividades económicas tenemos mucho para debatir y mejorar. Hay que hacer un plan de sequía pero no se trata de quedarnos quietos y ver quién le quita el agua a quién. Es indispensable ser eficientes para mantener los niveles de actividad. Y sobre todo, para incrementarlos. El objetivo es ir hacia el desarrollo”.

Prometen controles exhaustivos

El secretario de Ambiente Humberto Mingorance se sumó al apoyo a la minería sustentable, haciendo hincapié en los controles.

“Para acentuar el tema de los controles es fundamental que exista información disponible para que cualquier persona pueda acceder a la forma en que se realizan los controles”, manifestó el funcionario.

“Se hace hincapié en cuántos inspectores tiene el Estado, y claro que es importante esto. Pero también hay que fortalecer aquellas instituciones que tienen que generar los controles. Con la información disponible, todas las personas interesadas pueden acceder a revisar si el control se hizo de acuerdo a lo acordado en la DIA (Declaración de Impacto Ambiental). Mingorance remarcó que no hace falta tanto volumen de recurso humano para controlar. Pero sí exigir a las empresas que generen la infraestructura necesaria.

“Todos los recursos que hoy están disponibles permiten hacer un estudio, una reingeniería de la ley, aggiornarla para que podamos proteger el ambiente en general”, agregó.

Diario Uno

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