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Guiñazú: «La 7.722 fue como curar a un enfermo amputándole la pierna»

 

El subsecretario de Energía y Minería, Emilio Guiñazú, afirmó que la normativa que prohíbe el uso de sustancias químicas para la actividad extractiva sirvió «para que no haya contaminación en el agua por minería». Y disparó: «Pero a qué costo, dejando medio renga a la economía de la provincia».

Funcionarios del gobierno provincial manifestaron que los dos proyectos para flexibilizar la Ley 7.722 que se están evaluando en el Senado, «están en línea con lo que venimos haciendo en Mendoza y vienen a perfeccionar la norma en materia de controles y cuidado del agua para habilitar esta actividad», señaló el subsecretario de Energía y Minería, Emilio Guiñazú.

Las ponencias de miembros del Gobierno, que estuvieron a cargo de Guiñazú y Humberto Mingorance de Ambiente y Ordenamiento Territorial, se realizaron este jueves en el marco de las audiencias que se están realizando en el Senado, en las comisiones de Hidrocarburos, Ambiente y Legislación y Asuntos Constitucionales.

También participó el Superintendente de Irrigación, Sergio Marinelli, pero prefirió no hacer apreciaciones en torno a la minería, sino sobre la eficiencia en materia de agua.

Guiñazú fue uno de los oradores más efusivos y quien utilizó fuertes analogías para explicar el impacto que genera en la economía provincial la restricción por ley para el desarrollo de los proyectos mineros.

Entre los conceptos más destacados disparó: «La Ley 7.722 permitió lo que se buscaba que es que hoy no haya contaminación en el agua por minería, pero a qué costo. Fue como si a una persona que tiene una infección en la pierna en lugar de tratarlo, la solución sea amputarle la pierna».

El funcionario indicó que los dos proyectos que buscan introducir cambios en la legislación -cuyos autores son los peronistas Juan Agulles y Alejandro Abraham- tomaron aspectos de la Mesa de Diálogo Minero, que fue impulsada por la gestión del gobernador Alfredo Cornejo.

«La postura del gobierno está marcada sobre el trabajo que hicimos hace dos años en el tema del desarrollo de la política minera y estos proyectos son coherentes con lo que estamos proponiendo, obviamente todo es mejorable, pero perfeccionan digamos la herramienta que hoy tenemos para controlar Mendoza en el tema de la minería y el agua», manifestó el titular de la Subsecretaría de Energía y Minería en la provincia.

En ese sentido, se explayó sobre los lineamientos de la política minera que ya está prevista, en donde se contempla la existencia de un cuerpo de inspectores que realizarán los controles. Como también una eficiencia en el uso del agua en donde los mismos inversores mineros posibiliten estas obras de infraestructura.

«Una de las medidas que promueve el plan de política minera es para el cuidado del agua. Existen muchas inversiones que se pueden hacer en la provincia que aumentan la disponibilidad del recurso neto para la provincia y estos aportes no sólo servirían para la minería, sino para el resto de las actividades que necesitan agua», resaltó.

Asimismo consideró que «el problema que tenemos es la falta de infraestructura y falta de capacidad de inversiones, ese es nuestro problema». Y enfatizó: «Con las obras adecuadas y con capacidad de inversión no existe problema de falta de agua, atendiendo a que es un recurso escaso y que debe manejarse con responsabilidad».

En diálogo con El Sol, el funcionario se refirió a uno de los principales cuestionamientos y rechazos que genera la minería metalífera al tomar los ejemplos como el accidente en el río Jáchal en San Juan.

«Cualquier actividad tiene accidentes, yo he estudiado el caso de Jáchal y Veladero y sí fue un hecho desgraciado pero las consecuencias ambientales están lejos de promover lo que se habla. Hemos tenido acceso a los estudios del agua realizados por la Organización de Las Naciones Unidas. Hemos analizado todo, por supuesto que los accidentes no tienen que ocurrir, más ese accidente que podría haberse evitado, pero las consecuencias ambientales no son las que se dicen»

«Para evitar esos casos tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo, tenemos experiencia en actividades extractivas como lo es el petróleo. Tenemos una gimnasia de control que quizás no tenía San Juan hace algunos años, con lo cual estamos absolutamente capacitados para encarar una actividad de esta naturaleza», subrayó.

Por último transmitió la reflexión: «Vamos a seguir amputando la pierna o vamos a mirar por encima de ese debate, teniendo en cuenta que hay departamentos en donde se necesita avanzar con proyectos mineros, porque la están pasando mal. Provincias como San Juan y Neuquén han crecido más que nosotros».

Aval del gobierno nacional

En representación del gobierno nacional estuvo presente el director de Promoción Minera, Daniel Jerez, quien afirmó: «La minería es una actividad de alto riesgo, porque existe riesgo de mercado y los altos capitales de inversión que se necesitan, pero es una oportunidad de desarrollo para la provincia donde se haga pero también para el país en su conjunto».

De acuerdo con su exposición, para la instalación de proyectos de estas características se demanda la instalación de una infraestructura, que luego de que ya está en marcha la actividad genera beneficios para el conjunto de la población, como red eléctrica, mejora en los caminos, entre otros aspectos que mejoran la calidad de vida.

«Lo importante del desarrollo de los recursos mineros no está tanto en los empleados directos de la mina, sino en el desarrollo de proveedores y en la gente que emplea a esos proveedores porque finalmente ese es el efecto que produce la minería», defendió el funcionario.

El ejemplo más palpable que tomó fue San Juan en donde destacó que «desde que se empezó a construir la mina Veladero, el Producto Bruto de la Argentina (PB) creció en un 100%, pero el de San Juan creció tres veces más».

El Sol

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