El exsecretario de Minería de la Nación Julio Mayoral es uno de los exfuncionarios kirchneristas que el juez federal Claudio Bonadio citó a indagatoria por el caso de la usina de Río Turbio para el 4 de enero del año próximo.
Además de Mayoral, quien también está involucrado en la causa cuadernos y procesado por el derrame de la mina Veladero, Bonadío citó a Julio De Vido, Roberto Baratta, al exgobernador de Santa Cruz Daniel Peralta, al empresario excarcelado recientemente Juan Carlos De Goycochea (ex Isolux), A Ernesto Maxit de la misma empresa y a Miguel Larregina (Ex Coordinador de YCRT), entre otros. Las declaraciones comenzarán el próximo jueves con De Vido y se extenderán hasta el 11 de enero. Para eso, Bonadio habilitó la feria, alertando un verano activo en los tribunales de Comodoro Py.
En 2009 el entonces diputado de la Coalición Cívica Juan Carlos Morán radicó una denuncia penal. Según aseguró, “cuando se licitó la obra, el precio pactado era de unos $1.500 millones, pero después de la apertura de ofertas la suma trepó a más de $2.600 millones un año más tarde”, y ello “sin mencionar las distintas readecuaciones provisorias de precios que llevarían a un valor final de la obra de $4.213.041.983”. Allí. además, planteó que con el dinero que se invirtió se podrían haber construido dos centrales termoeléctricas.
En noviembre de 2015, apenas unos meses después de relanzarse y prometer que produciría energía para todos los argentinos, la usina dejó de operar por falta de carbón. El Gobierno terminó debiéndole más de $ 700 millones a la constructora Isolux Corsan, al no aprobar las certificaciones de obra.
Bonadio interrogará el jueves próximo a De Vido y el viernes a Baratta, y la semana próxima fue citado el ex Inspector de Obra de la Central Termoeléctrica de Río Turbio, Néstor Prades. Las declaraciones continuarán el 3 de enero con varios de los protagonistas de la otra causa Río Turbio (por la que fue preso De Vido inicialmente y que está en manos del juez Luis Rodríguez.Allí fueron citado el ex coordinador General de Yacimiento Carbonífero Río Turbio, Miguel Ángel Larregina y, al día siguiente, el ex secretario de Minería, Jorge Omar Mayoral.
Entre el 7 y 9 de enero se espera a los responsables del grupo empresario Isolux-Corsan: Juan Carlos de Goycoechea (primer arrepentido de cuadernos y procesado como miembro de asociación ilícita), Ernesto Alejo Maxit, Mario Maxit y Alejandro Koweindl.En tanto, el 10 de enero declararán ex interventores de YCRT Rolando Aramini y Atanacio Pérez Osuna (preso por la causa Río Turbio) y al día siguiente cerrará la lista el ex gobernador Peralta. el fiscal había solicitado la indagatoria y prisión preventiva de Julio De Vido (preso por defraudación), Roberto Baratta (preso en la causa de los cuadernos), Jorge Mayoral (ex secretario de Minería), el ex gobernador Daniel Peralta y ex interventor de YCRT, Rolando Aramini, Atanasio Pérez Osuna, Miguel Ángel Larregina, Néstor Prades y los ex responsables de Isolux Ernesto Maxit y Juan Carlos De Goycochea (recientemente excarcelado en la causa de los cuadernos).El juez Bonadio hizo lugar sólo al llamado a indagatorias, pero se efectuaron sin prisión preventiva. Un informe pericial fijó un sobreprecio de más del 90% en la obra adjudicada a Isolux Corsán. Esta obra es parte de los fondos que Planificación Federal destinó para la modernización y puesta en valor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) responsable de abastecer de carbón a la Usina que nunca se terminó.
Según la SIGEN, la obra modificó 11 veces su costo inicial, elevando su valor a U$S 1.631.355.105, cuando fue adjudicada por U$S 857.341.128: los adicionales de la obra incrementaron el 90,28% del contrato original. “La oferta realizada por la UTE quien fijó los costos en un valor de U$S 857.341.128 equivalente a 2.662 millones de pesos. Sin embargo, como consecuencia de las variaciones y posteriores contrataciones otorgadas a Isolux Corsán en el marco del mismo proceso licitatorio, el nuevo valor de contrato ascendió a U$S 1.726.251.982”, explicita el documento oficial..El valor del sobreprecio arrojado por los peritos es incluso superior al que había determinado la SIGEN.
Al momento de sustentar las responsabilidades y detenciones, Marijuan indicó que hubo “ausencia de controles, falta de evaluación de las áreas competentes encargadas de salvaguardar el patrimonio del Estado y el incumplimiento por parte de la contratista de las obligaciones asumidas en la licitación”. La usina de Río Turbio, que implicó un sobreprecio increíble, no puede funcionar porque la mina no produce el carbón que necesitaba. En noviembre de 2015, la usina dejó de operar por falta de carbón.
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