Ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°58, se radicó una acción colectiva de amparo, promovida por la Asociación Personal Superior Profesionales y Técnicos YCF, con la representación letrada del Dr. Eduarda S. Barcesat, por la que se reclama tutelar y preservar la fuente de trabajo de los yacimientos carboníferos de Río Turbio.
En la presentación se menciona que los mismos se encuentran “amenazados de extinción, por la actual gestión empresarial, dependiente del
Gobierno nacional, sea con el propósito de privatizar, a precio ruinoso, o de cerrar la actividad minera, dejando inermes y desamparadas a tres localidades de dicha provincia, cuya población depende fundamentalmente de dicha actividad extractiva, que se integra con la del transporte ferroviario y marítimo del carbón, y con la usina termo-eléctrica, inconclusa –falta sólo un 0,5% de la obra civil para su puesta en funcionamiento pleno-, obrar inexplicable teniendo en cuenta las actuales carencias de energía eléctrica que atraviesa el país”.
Asimismo –según trascendió- la acción de amparo tiene por objeto proteger la “titularidad jurídica del pueblo argentino de dichas riquezas y recursos naturales, conforme lo establecen los Pactos Internacionales de Naciones Unidas, de Derechos Civiles y Políticos, y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que son las normas de mayor jerarquía del derecho internacional de los derechos humanos, cuya observancia compete a todo el universo de países (193) que integran la ONU, normativa que por la Reforma Constitucional del año 1994 tienen jerarquía de cláusula constitucional (art. 75, inc. 22°). Atendiendo que la Constitución Nacional, en su art. 124, establece el dominio originario de las provincias sobre las riquezas existentes en su territorio, se recaba del Juzgado se cite, como tercero interesado, al Gobierno de la Provincia de Santa Cruz”.
La acción judicial está acompañada de un extenso dossier que historia el descubrimiento y la explotación carbonífera en Río Turbio, así como las distintas políticas que aplicaron los gobiernos y que lleva, a la fecha, a una “notable disminución de la actividad extractiva, lo que hace temer que se procederá a privatizar, o al cierre de la actividad”. También se solicita en la presentación judicial que se adopte una medida cautelar que impida la amenaza de cierre o privatización de la explotación minera y de sus valiosas instalaciones accesorias. Fundamentando la urgencia, se invoca la situación de falta de pago de los créditos de la AFIP, que se encuentran en ejecución judicial y que pueden derivar en una obligada presentación concursal o la quiebra de YCRT.
“Esta acción de amparo podría configurar un caso piloto para proteger las fuentes de trabajo amenazadas por las políticas económicas del actual Gobierno nacional, que llevan al cierre de toda actividad industrial y, muy especialmente, a las empresas del Estado que aún se mantienen en pie”, explicaron.
Tiempo Sur
