Después de los lamentos por el final del ciclo de vida útil de Bajo la Alumbrera, el yacimiento que entre 1997 y 2017 dejó grandes utilidades para la provincia, hubo excelentes noticias en materia minera.
Se licitaron áreas provinciales pegadas a la cordillera de Los Andes, situación que llevó esperanzas a los tinogasteños.
Se establecieron condiciones fácticas para explotar Agua Rica, otro gigante de oro y cobre que beneficiará en gran medida a los pueblos mineros –Andalgalá, Belén, Santa María- y, por el cobro de regalías, a las 35 municipalidades de la provincia.
Por estos días se anunció la realización de un tendido que permitirá, por primera vez en la historia, que decenas de pueblitos del norte de Belén tengan energía eléctrica de verdad en lugar de las tinieblas en las que les tocó vivir desde tiempos ancestrales. También eso es el resultado de la minería.
Y dale que va. Las minas de Farallón Negro y Capillitas, de las cuales se extrae oro y rodocrosita, de igual forma muestran orden y repunte, aparte de mantener centenares de puestos de trabajo.
Los intereses provinciales
La exposición del panorama minero descripto precedentemente forma parte, obviamente, de los más altos intereses provinciales y ha llevado a que una encuesta internacional –no una ocurrencia de El Esquiú- considere a Catamarca como la principal provincia de la Argentina en función de eventuales inversiones extranjeras. Haber conseguido este logro en apenas tres décadas de actividad minera, sin exagerar, es motivo de sano orgullo.
Sin embargo, dentro de la provincia, existen factores de poder que vienen poniendo “palos en la rueda” y apuestan al fracaso. No nos referimos a los grupos ambientalistas que, con buenas razones, reclaman garantías para la explotación de la minería, sino a sectores políticos y de la prensa que, con una prédica falaz y mentirosa, pretenden derrumbar todo lo construido hasta aquí en base a trabajo y gestiones.
La postura contraria a los intereses provinciales viene de lejos y se ha recreado con el anuncio de la reactivación del proyecto Agua Rica, al que atacan desde hace años.
Ya lo supieron hacer cuando la propietaria del yacimiento, la multinacional canadiense Yamana Gold, discutía judicialmente con la empresa catamarqueña CAMYEN la posesión del área de Cerro Atajo. Ya no discuten más. Las voces denunciando irregularidades y corruptelas han quedado desvirtuadas y Cerro Atajo, con grandes ventajas, es hoy patrimonio exclusivo de Catamarca y Agua Rica, al momento de iniciar la explotación, dejará jugosas regalías y utilidades en estas tierras.
Tanta falsedad en la información, a propósito de este tema, llevó a que en 2016 el abogado Miguel Vázquez Sastre (UCR-FCS-Cambiemos) afirmara “el acuerdo de CAMYEN con Yamana Gold por Cerro Atajo que hemos denunciado es un hecho gravísimo”. Seguramente ahora, el entonces diputado debe estar pensando que no siempre seguir los dichos de la prensa es el mejor camino para establecer denuncias que, como este caso, terminan en chasco.
Lamentablemente para la credibilidad de la prensa, todos estos ataques nada tenían que ver con convicciones. Los movilizaba el dinero o las pautas publicitarias que Yamana, por razones más que lógicas, resolvió suspender. La Justicia paró el proyecto y el Concejo Deliberante de Andalgalá, impulsado por los mismos factores de poder, había dictado una Ordenanza, largamente inconstitucional, por la que se prohibía la minería en la cuenca del río Andalgalá. Un traje a medida de Yamana y Agua Rica. ¿Cómo hacer pauta si no existía explotación?
Otro ataque de furia
Después que la gobernadora y las autoridades de las empresas Glencore, Yamana y Gold Corp (socias del proyecto), desde Canadá, anunciaran el acuerdo para reactivar Agua Rica, se produjeron rebotes distintos en la provincia.
En los departamentos mineros, con la garantía ambiental que dejó Alumbrera (allí también se integraban Glencore y Yamana) durante 20 años, hubo general beneplácito, lo que reflejan autoridades, ciudadanos y comunicadores sociales de la zona.
La oposición política, frente a las evidencias, se llamó a silencio, con lo cual la única respuesta negativa y furiosa provino del diario que, como en otros casos, pretende oficiar de fiscal general de Catamarca y sus instituciones.
En un escrito editorial, por ejemplo, señala que no se sabe a cambio de qué Alumbrera pondrá su infraestructura (le pertenece también a la provincia, a través de YMAD), situación que está contemplada en el acuerdo general. Podrían averiguarlo para no sembrar dudas y desinformar.
Después habla de la “licencia social perdida”, al considerar que el producido de Alumbrera fue dilapidado por los políticos y que, en la actualidad, “existe un sentimiento contrario a la minería, que se extendió en las comunidades del oeste catamarqueño abonado por la frustración que sufrieron con la explotación de Bajo la Alumbrera”. Concluye la panfletaria visión de la realidad con un apocalíptico “la actividad minera carece de licencia social”. Una mentira más grande que los nevados del Aconquija.
No solamente que la licencia social se ha hecho carne entre los gobernantes, sino que las garantías están plenamente garantizadas. Desde hace más de cinco años, desde el ministerio de la Producción, hay control estricto sobre el uso de las regalías mineras y, en cuanto a las utilidades, la provincia tiene que informar oficialmente cómo y en qué se gastan.
Que en el pasado se hayan mal gastado y hasta malversado los fondos, en todo caso, sirve de ejemplo para que los nuevos proyectos beneficien efectivamente a las comunidades.
Más allá de pretender instalar temores y maledicencias, El Ancasti coloca otra afirmación que ya ofende a los pueblos mineros. Leamos. “Andalgalá, Belén, Tinogasta, Santa María –los pueblos mineros- están devastados. No por perjuicios ambientales, sino por el impacto de las lacras que deja el dinero fácil que se les cayó en forma de regalías. Sus sistemas productivos fueron arrasados, junto a la cultura del trabajo. Las drogas se les enquistaron sobre las adicciones en expansión. Las aberraciones sexuales son moneda corriente en paralelo a la prostitución, la timba y el alcoholismo. El vicio en todas sus formas los erosiona moralmente”.
Si la enemistad manifiesta entre este diario y Yamana, el motor impulsor de Agua Rica, lleva a delirios que no se respaldan con fundamentos, los catamarqueños estamos evidentemente mal porque existe una prédica del engaño.
Ningún sistema productivo, en verdad, ha caído por la minería o porque la gente haya tenido un peso más en el bolsillo. El consumo de drogas, en los cuatro departamentos que señala la editorial de la mentira, es mucho menor que en barrios capitalinos como Santa Marta, Mi Jardín o los andurriales chacareros.
Hablar de sexualidad y prostíbulos ya es el colmo. No existen en ninguno de esos lugares los burdeles clásicos –ni ningún otro- de los pueblos ciento por ciento mineros como los del norte de Chile o de las barrancas peruanas.
En serio. Resulta una desmesura ofender de esta manera a comunidades donde el honor está por encima de un puñado de dinero. ¡Todo por una pauta publicitaria! ¡Paremos la mano! ¡Los intereses de la provincia están por encima de todo!
El Esquiú
