Es hora de encarar una política sustentable y transparente para el sector minero que favorezca inversiones y deje atrás la máquina de impedir
A partir de la Revolución Industrial, el mundo comenzó a demandar con ansiedad desconocida hasta entonces materias primas, particularmente minerales. Fue así como en el último siglo la utilización de estos se multiplicó diez veces. Todo indica que, especialmente en los países en desarrollo, continuarán aumentando, año tras año, la demanda y, por lo tanto, la comercialización de minerales. Las tendencias productivas hoy vigentes anticipan que se acentuará el consumo de metales por los sectores de alta tecnología tanto en países industrializados como en los emergentes asiáticos. Y en la Argentina el sector minero podría ser vital en el crecimiento económico, como lo es en Chile y Perú.
La explotación de la minería suscita delicadas cuestiones políticas en virtud de que es una actividad que demanda un mínimo de aceptación social. Está así en juego una condición concerniente al desarrollo de cualquier actividad económica, pero que en el caso de la minería requiere del consenso de la opinión pública para movilizar las grandes inversiones implícitas en una actividad extractiva.
Resulta esencial que las sociedades cuenten con amplio acceso a la información sobre los costos, particularmente los ambientales, y los beneficios que acarrea la minería. Eso exige asumir responsabilidades corporativas que deben comenzar por poner en conocimiento de la opinión pública datos veraces sobre las ventajas del desarrollo productivo de los recursos naturales y de la forma en que se preservará el ambiente.
No es raro que la sociedad esté fuertemente influida por prejuicios alentados por un falso progresismo ecológico que impiden tener una clara idea de las ventajas netas que las industrias extractivas aportan a un país no solo por el mayor crecimiento económico y del empleo, sino también por el fortalecimiento de las respectivas balanzas de pagos. Probablemente la actitud de algunas pocas empresas que no han tenido un manejo transparente y responsable en sus operaciones ha generado estos válidos temores. Las autoridades deberían implementar herramientas estratégicas, como el ordenamiento ambiental del territorio y la evaluación ambiental estratégica, con participación ciudadana y de los sectores involucrados.
De modo especial, debe contemplarse la protección del agua y sus fuentes, por constituir un recurso estratégico de especial relevancia para las principales provincias mineras de la Argentina. Como lo hemos destacado desde estas columnas al discutirse la ley de protección de glaciares, en muchas zonas aledañas a proyectos mineros existen además valiosos glaciares andinos que alimentan los cursos de agua presentes en esa región del país y que se ven amenazados por un número cada vez mayor de proyectos mineros a gran escala que avanzan precisamente sobre áreas glaciares y periglaciares. Es por eso necesario que se definan las zonas prioritarias que exige la ley de glaciares, aprobada en septiembre de 2010.
Tal aporte de transparencia podría sumar positivamente a la explotación del recurso minero volviéndolo más significativo en un país como la Argentina, que padece desde hace décadas crisis por incapacidad de generar divisas con sus propias exportaciones. Cabe aquí la comparación con Chile, con quien compartimos nada menos que 5100 kilómetros de la Cordillera de los Andes. Respecto de la superficie para extracción minera en ese cordón, a nuestro país le corresponde alrededor del doble que a nuestros vecinos. Sin embargo, son considerables las diferencias entre ambos en cuanto al grado de aprovechamiento de los recursos mineros. Basta señalar que las exportaciones mineras chilenas son diez veces mayores que las nuestras, mientras que las de Perú superan siete veces a las de la Argentina. En los últimos años, mientras Perú y Chile aprovecharon la demanda creciente de minerales por el mundo en desarrollo, nuestras exportaciones retrocedieron. En la actualidad, las exportaciones mineras argentinas son sensiblemente menores que en 2012. Este debilitamiento contribuyó a deteriorar aún más la balanza comercial con el exterior.
No debe olvidarse que nuestras exportaciones totales están en retroceso desde 2011, año en que fueron un 35% mayores que las de 2018. Nuestro país es, en principio, uno de los más atractivos del mundo para captar las grandes inversiones en exploración, desarrollo y explotación que exigen las técnicas mineras del siglo XXI. Contamos con importantes reservas de cobre, oro, plata, potasio y litio, que ubican el potencial minero argentino entre los diez primeros sobre los poco más de 200 países del planeta. Sin embargo, nuestro aprovechamiento real de esa gran riqueza es extremadamente limitado. Una oportunidad de primer orden en la actualidad la ofrece el litio, por el que nuestro país comparte junto con Chile y Bolivia un triángulo territorial rico en este elemento que atrae la atención mundial. Las reservas de que disponemos de ese crecientemente demandado mineral nos ubican en el tercer lugar en el mundo. Es positivo constatar en tal sentido que en la parte argentina del mencionado triángulo hay presentados numerosos proyectos de inversión.
Es evidente que estamos desaprovechando recursos abundantes localizados en extensas áreas del territorio nacional que podrían contribuir a un desarrollo interno más equilibrado que el actual, tan concentrado como está en el área metropolitana y en la pampa húmeda. Nada menos que 11 provincias andinas ofrecen excelentes perspectivas para un proceso inversor de considerable magnitud, capaz de generar empleo genuino y de fortalecer la balanza de pagos con el exterior. Además, la renta tributaria generada por el aumento de la producción minera podría robustecer las débiles finanzas públicas, como ocurre en varios países sudamericanos.
Desde hace años, los países con aptitudes exportadoras experimentan mayor crecimiento económico y aciertos en la lucha contra la disminución de la pobreza. No hay fórmulas mágicas que permitan avanzar a un país que no promueva sus exportaciones. La globalización económica implica que los países sin capacidad competitiva en sus exportaciones difícilmente podrán avanzar en el siglo XXI.
En la gran mayoría de los países de América Latina, el PBI crece más que en el nuestro y en todos los casos su expansión se sustenta en crecientes exportaciones de bienes y servicios. Por el contrario, la balanza de pagos argentina está gravemente afectada por un raquitismo exportador, incapaz de generar las divisas requeridas para afrontar los compromisos externos.
No son muchos los países que tienen la dotación de recursos naturales mineros que posee la Argentina. Por esta razón, entre muchas otras, es hora de encarar una política minera eficiente, que incorpore procedimientos transparentes, con un adecuado procedimiento de evaluación de impacto ambiental, que ayude a dar seguridad a las inversiones y tranquilidad a la población, enterrando definitivamente la obsoleta máquina de impedir que viene afectando en la materia el sano interés general del país.
Por todo lo anterior, estimamos que resulta indispensable promover un debate sobre minería y megaminería sustentable que incluya todas las voces para edificar una política de Estado a partir de un sector estratégico para el crecimiento.
La Nación
