El jefe comunal dijo que uno de los hermanos rompió el acuerdo al que se había arribado. Alfredo Morales contó otra versión.
El intendente de Antofagasta de la Sierra, Julio Taritolay (JC), salió al cruce de las declaraciones de la familia Morales y apuntó a uno de los hermanos, Alfredo, como responsable de la ruptura del acuerdo al que se había llegado para abrir un camino que permita el paso del transporte pesado a la empresa Livent. Alfredo, por su parte, ratificó otra versión. Tras la liberación de los cuatro hermanos Morales, el conflicto no ha terminado porque integrantes de la asamblea Pucará, con el respaldo de otras organizaciones, traerán el lunes la protesta contra la minería a la Capital.
El jefe comunal explicó que “los grandes camiones estaban rompiendo las viviendas de los vecinos al tener que pasar por el centro de la villa de Antofagasta en su recorrido al Norte y en su regreso. “Fue entonces cuando planteamos la necesidad de un camino alternativo mediante la construcción de un bypass que evite causar daño en las vivienda, la preservación de nuestra niños y nuestros mayores por el continuo tráfico”, aseguró .
“Iniciamos los trabajos con el consentimiento de cuatro hermanos Morales. Luego uno de ellos, Alfredo, cambió de opinión y pasó a la vía de los hechos, como ha quedado demostrado”, dijo en alusión a que volvió a cerrar el paso para el tránsito pesado.
Taritolay admitió que hubo una demora de la empresa Livent, que explota el proyecto Fénix, en la provisión de materiales para realizar las obras que pedía la familia con el objeto de resguardar los animales. Sin embargo, consideró que “algunas conductas no son correctas”. «Es cierto que la minera se demoró con el caño, pero los materiales para el alambrado están desde agosto. Alfredo nunca dejó hacer el trabajo, sostuvo. “Alfredo Morales es el único responsable de los hechos, con una clara intención de condicionar el trabajo de los mineros”, reafirmó el jefe comunal.
Por su parte, Morales confirmó que existe una denuncia penal por parte del Gobierno provincial y relató su versión.
«Siempre hubo buena voluntad. En primer lugar vino el intendente a pedir permiso, él se comprometió que iban a dejar todo en orden y después se olvidó. El apuro de él es hacer pasar los camiones para la minería. Nos cansamos de reclamarle al intendente y el decía que la minera tiene que traer los caños, los alambres, pero cuando el habló con nosotros no dijo que era de la minería», expresó.
«Cuando se armó el conflicto por el río Los Patos, el intendente volvió a dar la orden que – como no traían los caños se cierre el paso – y nosotros lo cerramos, por orden de él, y pusimos los alambres para echar los animales porque al encierro lo teníamos partido por la mitad. Ahora el intendente quiere abrir de nuevo el paso y le pedimos que lo haga como se comprometió y ya se fue a la Justicia y nos mandó a golpear», relató a El Ancasti.
«Ahora se esconde y dice que nos arreglemos con la Justicia. Ya no se si lo vamos a dejar pasar porque mi mamá quedó muy enojada con lo que pasó con la policía», expresó en alusión a la violencia del operativo policial.
La tierra
Según trascendió el 10 de octubre, Fiscalía de Estado inició una denuncia para reclamar por las tierras del conflicto y en este sentido el senador departamental Mario Carrizo afirmó que el terreno en disputa son tierras fiscales. Morales salió al cruce: «Nunca nos llamaron de la Fiscalía, el senador habla boludeces, y habla de lejos porque aquí no da la cara. Tenemos papeles, hace 150 años o más que ocupamos la tierra. Antes se hacían hijuelas y unos trámites ante el juez de paz. En algún momento vino el exgobernador Ramón Saadi y dijo que en Antofagasta no se tenía que pagar las tierras y que los dueños se sientan propietarios y nos quedamos tranquilos, y bueno ahora habrá que hacer todos los papeles, pero los tenemos. Toda Antofagasta está igual», afirmó al referirse a la situación dominial.
Protesta
En la Fiscalía de Belén cuatro hermanos de la familia Morales están imputados por usurpación, atentado y resistencia a la autoridad y es por eso que el lunes deberán presentarse en la Justicia. Es por eso que la asamblea Pucará traslada su protesta a la Capital. «Por las calles de Belén y Antofagasta circulan móviles de infantería, un helicóptero y otras fuerzas de seguridad. Las autoridades municipales y provinciales, la secretaría de minería y la policía minera intentan avanzar sobre el pueblo, amenazándolos para que acepten el saqueo de las empresas», comunicaron a través de las redes.
El Ancasti
