El secretario de Minería de la Nación defendió la actividad, aunque aclaró que debe realizarse con «licencia social» y discutiendo «el modo» en que se realiza.
Alberto Hensel destacó que «no se puede hacer minería sin licencia social». Sus declaraciones surgieron a raíz de la suspensión por parte del gobernador mendocino de las modificaciones a la ley 7722, que permitían el uso de determinadas sustancias químicas para la explotación.
«Las explicaciones hay que darlas, aunque haya sectores que no acepten ningún tipo de explicación. A la iniciativa que impulsó el gobernador Suárez lo que le faltó fue plantear la discusión desde el punto de vista social, fue muy intempestivo», expresó el secretario.
En tanto, puntualizó que la minería es una actividad lícita relacionada con el potencial económico de la provincia de Mendoza, aunque se debió dar una discusión previa con difusión y foros.
«Estoy convencido que se puede hacer minería sin contaminación ambiental. No tiene sentido que nos ocupemos de la producción minera y no del cuidado del ambiente. Si no se controla lo que se hace con los procesos se puede contaminar el agua en cualquier actividad», concluyó.
Organizaciones ambientalistas realizan este viernes un acampe frente a la Secretaría de Minería de la Nación, en el centro porteño, que terminará en una manifestación a las 16 para «frenar el atropello contra los recursos hídricos» en las zonas de potencial minero en las provincias de Mendoza y Chubut.
«Queremos frenar el atropello contra los recursos hídricos en todas las zonas donde hay potencial minero», dijo a Télam Juan Bello, miembro coordinador de XR (Extintion Rebellion) Argentina que desde las 9 permanece frente al edificio ubicado en Avenida Julio A. Roca 651.
El activista explicó que «pedimos la derogación inmediata de la ley que modificó la 7.722 en Mendoza y que no se modifique la que protege los ríos contra las prácticas extractivistas en Chubut».
Además, señaló que desde XR piden al Ministerio de Ambiente de la Nación y a la Secretaría de Minería «tomar cartas en el asunto implementando el artículo 41 de la Constitución y otros tratados internacionales que establecen el principio de no regresión en el campo ambiental».
Por último, pidió al Gobierno Nacional «que informe claramente la situación ambiental general del país; que actúe de inmediato para reducir las emisiones de carbono para proteger el agua y la tierra; y que se dé participación vinculante a la población» en temáticas relacionadas.
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