El gobierno provincial rescindió el contrato de Trident a menos de cuatro años de iniciado. La empresa se presentó en concurso de acreedores con deudas millonarias, que incluye a su personal.
En algún rincón de las 29.000 hectáreas que componen el Proyecto Minero Andacollo quedaron guardados 30 sacos de material concentrado. Pesan unas 30 toneladas cada uno y guardan una suerte de barro denso del que luego saldrán varias onzas de oro.
Trident Southern Explorations de Argentina, la firma que usufructúa el yacimiento, nunca lo comercializó. Hace poco más de una semana, se presentó en la justicia comercial para abrir un concurso de acreedores y el gobierno provincial rescindió su contrato.
Según el expediente que tramita el juzgado comercial 23 de Buenos Aires, acumula deudas de más de 97 millones en pesos argentinos, otros 41 millones en dólares y 22 millones en pesos chilenos. A la suma se añaden los créditos salariales con 238 trabajadores y una deuda con Cormine, la estatal dueña del yacimiento de oro y plata, por 1,9 millones de dólares.
“No se produjo lo que ellos esperaban, pero sí hubo un momento donde estuvimos produciendo. No se sabe por qué no lo comercializaron, quizás falta de papeles o permisos. No sabemos. Material para procesar también hay”, indicó Walter Rasso, delegado de los mineros y perforista.
Trident ganó la adjudicación del proyecto en septiembre de 2016 luego de competir en una licitación pública con otras tres empresas. Su oferta había sido de 164 millones de dólares de inversión en los 25 años de contrato y resultó la más atractiva para el gobierno provincial porque prometía una planta de procesamiento nueva, la restauración del viejo dique de colas y una ampliación del personal a 500 trabajadores.
“No somos la Barrick Gold. Estamos buscando un mercado donde el costo de onza es menor y se puede hacer productivo en un mercado volátil donde se sube y baja el valor de onza. Este es un depósito de alta ley y a bajo costo, justo lo que buscamos en esta empresa”, dijo en ese entonces Mischa León Aleksander, el presidente de la sociedad al que ahora la propia empresa culpa de maniobras “dolosas” para desviar fondos de la minera a sus firmas en Chile.
A más de tres años y medio de contrato, Trident no contrató al personal prometido y tampoco construyó un nuevo dique para enviar los desechos de material. Rasso señaló que la firma “pretendía usar una centrífuga, pero no les funcionó”. “He trabajado también en proyectos en el sur y no hay minera que trabaje sin un dique, no sabemos qué quisieron hacer”, planteó.
Trident sí trajo una nueva planta de procesamiento, aunque no llegó a cumplir los requisitos del contrato: debía procesar unas 480 toneladas diarias de material y, en el mejor momento, apenas consiguió entre 200 y 220. Los trabajadores esperan que ese capital pueda servir para cobrar las indemnizaciones pendientes, si es que el proyecto no continúa.
En el expediente del concurso de acreedores, Trident aseguró que se encontraba al 90% de la primera etapa del contrato, la puesta en marcha de la explotación. Indicó que planeaba exportar los concentrados “a las plantas de tratamiento ubicadas en Europa, Chile, Perú, Estados Unidos y Canadá” y a luego a “las grandes refinerías situadas mayormente en Suiza y Alemania”. Nada ocurrió.
“La etapa inicial no pudo completarse por las dificultades económicas que motivaron que la sociedad no pueda afrontar sus obligaciones corrientes para cumplir con dicho objetivo”, justificó la firma ante la justicia comercial.
Ya en el cierre de sus estados contables de 2018, advertía: “la sociedad no cuenta con capital de trabajo operativo que le permita afrontar sus obligaciones a corto plazo. La posibilidad de que la sociedad pueda continuar operando normalmente como una empresa en marcha depende exclusivamente del soporte financiero de sus socios”.
Trident ganó la licitación asegurando que la mayor parte del dinero, unos 100 millones de dólares, los pondría un fondo de inversión y bienes raíces de Estados Unidos, Realty Advisors Inc.
En números
24%
de la deuda en pesos que acumula Trident SE es con proveedores del norte neuquino.
$8,7
millones adeuda la empresa a la AFIP, según la intimación de pago que envió el organismo en febrero.
Diario Río Negro
