Fracasos del Estado desertor

El Ancasti. Acontecimientos en apariencia inconexos, relacionados respectivamente con la minería y el crimen, se emparentan cuando se los considera como consecuencias de la deserción del Estado.

El retraso de la minería catamarqueña y el brutal ataque a una familia perpetrado por dos forajidos con las neuronas alteradas por las drogas son resultados de políticas diseñadas, en caso de que tal diseño exista, bajo criterios distorsionados, por incompetencia o por la incidencia intereses facciosos o particulares que desvirtúan objetivos.

Deserción minera

La modestia de los frutos de lo que el Gobierno de Catamarca denomina su política minera quedó en evidencia con la licitación de cinco áreas de oro, plata y cobre que convocó el Instituto de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM) de la provincia de San Juan, después de cinco años sin hacerlo. Se trata de las áreas Los Despoblados y Arroyo de los Amarillos, en Iglesia, y Vanesa I y II y León I, en Calingasta. Las ofertas se abrirán a fines de noviembre. El Gobierno sanjuanino abrió juego después de cinco años en los que estuvo a la espera de que se modificaran las disposiciones nacionales que desalentaban la inversión minera, cosa que ocurrió cuando el kirchnerismo fue reemplazado en la Casa Rosada.

La eficiencia de la política minera sanjuanina no puede negarse: el IPEEM estuvo listo para tratar de aprovechar el escenario más propicio para la megaminería que se configuró con el cambio a nivel nacional.

En Catamarca, en cambio, donde la megaminería argentina empezó en 1997, no pasa nada, mientras el yacimiento Bajo La Alumbrera, cuyas rentas fueron torpe y venalmente derrochadas, rumbea al cierre sin reemplazo a la vista.

Los jerarcas mineros catamarqueños puede envanecerse, no obstante, por haber creado la firma Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado (CAMYEN), cuyo éxito más significativo es el de haberse asociado a la propietaria de los derechos sobre el yacimiento Agua Rica, Yamana Gold, empresa de solvencia dudosa que obtuvo en la maniobra, a cambio de unas monedas, el tiempo que precisaba para retener la propiedad y negociarla en las condiciones que estimara más ventajosas para ella.

Nótese el contraste: el Estado sanjuanino puede sacar a licitación cinco áreas mineras porque estima que el momento es favorable, mientras que la CAMYEN del Estado catamarqueño está atenida a las especulaciones de su socia Yamana Gold, a la que le permitió mantener el posicionamiento para sacar el mayor provecho de Agua Rica, con la esperanza de obtener unas migajas. Vale decir que CAMYEN preservó los intereses de Yamana Gold mejor que los de la Provincia, por mera inoperancia de sus ejecutivos en la más benigna de las interpretaciones.

Pero no sería justo omitir otras hazañas de CAMYEN, como los suculentos sueldos que embuchan sus jefes, unos contratos tan turbios como el tráfico de rodocrosita, la deficitaria circunstancia que obliga a periódicos desembolsos del Tesoro Provincial para sostenerla y los juicios que le traba la AFIP por el incumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Tan alentador panorama se complementa con la decadencia de la empresa Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), de la que el Estado catamarqueño es socio, tras el encumbramiento en la Presidencia del señor Santiago Albarracín,  designado por el nuevo Gobierno nacional en reemplazo de Manuel Benítez, a pesar de las diligencias de los directores catamarqueños que pretendían beneficiar a un «tropa propia” sin atender requisitos mínimos de idoneidad, con la sola condición de que les fuera incondicional.

En síntesis: San Juan cuenta con una política minera sólida, con objetivos claros, y Catamarca no, razón por la cual San Juan licitará cinco áreas mineras para encadenar la continuidad de la actividad mientras Catamarca espera el desenlace de las timbas de Yamana Gold.

Deserción en la seguridad

El martes a la madrugada, Juan Vizcarra y Walter Fabián «Pelado” Mora, drogados, irrumpieron en la casa de sus vecinos Cisnero en el barrio Magisterio armados con un arma de fuego y un cuchillo. Exigían dinero. Violaron a la mujer en presencia de su hijo de 9 años, al que amenazaron con matar, y al marido lo apuñalaron. No fue una matanza de pura suerte; murió solamente un pobre perro. Los agresores fueron reducidos y los vecinos del Magisterio quemaron la casa de uno de ellos.

Ambos malandras registran ominosos antecedentes por robo, violencia y violencia de género; uno de ellos estuvo involucrado en un ataque a tiros. Sus «currículum” no parecen haber inducido a nadie a vigilarlos para acotar el margen a tropelías como esta última, que casi les cuesta la vida a los Cisnero.

La salvajada remitió a brutales crímenes ejecutados por adictos.

El joven Leandro Centeno fue torturado durante horas y luego liquidado por los hermanos Delgadino, quienes desarrollaron la orgía de violencia bajo los efectos de estupefacientes. Diferencias en torno a una motocicleta robada precipitaron la fatal represalia.

La maestra Fabiana Aranguez fue asesinada y luego incinerada en su automóvil por el adicto Darío Castro, quien no pudo soportar el peso de la culpa cuando recuperó la lucidez. Lidió un tiempo con los remordimientos y se suicidó en prisión.

A María Eugenia Rojas y Susana Aguilar las mató Damián «Bebe” Cano, quien procedió obnubilado por las drogas. «Bebe”, que era un muchacho muy popular, incendió los departamentos de sus víctimas para obstaculizar las investigaciones.

Cada uno de los incidentes produjo el correspondiente horror por las nefastas consecuencias de las adicciones en expansión y la consolidación del narcotráfico y sus códigos, tal como ocurre ahora con el caso Magisterio. El horror no fue suficiente para avanzar en el diseño de políticas públicas integrales tendientes a combatir las adicciones y la comercialización de estupefacientes, que trasciendan los promocionados golpes al narcotráfico de las fuerzas de seguridad.

El caso Magisterio estimuló con su brutalidad el sentimiento de indefensión de la sociedad catamarqueña frente al avance de las drogas, con adictos desesperados, dispuestos a incurrir en barbaridades para hacerse de los botines ínfimos que precisan para adquirir una dosis, y aplicación de los códigos lúmpenes de la marginalidad en cada vez más frecuentes «ajustes de cuentas”.

Que los agresores de la familia Cisnero estuvieran sueltos a pesar de sus frondosos prontuarios y su peligrosidad llevó al primer plano las fallas en materia de prevención de los sistemas policial y judicial.

Minería paralizada, inseguridad desenfrenada enhorquetada en el tráfico y consumo de estupefacientes: dos facetas que exhibe el Estado desertor.

 

 

 

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