Por Lic. Edgardo Macedo/ Secretario Gral. de la Gobernación
La promulgación por parte del intendente Alejandro Páez, de la ordenanza sancionada por unanimidad por el Concejo Deliberante, prohibiendo la explotación minera en ese municipio, es corolario de este desatino institucional que significa sancionar una norma sin tener competencia para legislar sobre la materia.
La cuestión minera ambiental está regulada por Ley Nacional 24.585, incorporada al Código Nacional de Minería, siendo autoridad de aplicación en la provincia de Catamarca, la secretaría de Minería a través del Decreto N° 1318/97, organismo que se ocupa de todo lo vinculado a la actividad minera, particularmente al tema ambiental en las distintas etapas de los proyectos como son la prospección, exploración y explotación.
Los concejales exponen como argumento para fundamentar la iniciativa, el fallo de la Corte de Justicia de la Nación, que ordena realizar un nuevo estudio de impacto ambiental con la correspondiente declaración de impacto ambiental, en razón de que el aprobado en el año 2009 tenía carácter provisorio.
A partir de este fallo de la Corte de Justicia, Minera Agua Rica no podía continuar con sus trabajos hasta tanto no se elaboren y aprueben los nuevos instrumentos que habiliten la continuidad del proyecto.
Los resultados de ese nuevo informe y declaración de impacto ambiental, permitirán conocer si el proyecto minero de Agua Rica supone o constituye un riesgo que pueda afectar el medio ambiente, determinando así la viabilidad o no de este proyecto minero.
De modo que, al margen de su incompetencia, el Concejo Deliberante y el intendente Páez anticiparon una decisión sin contar con estudios y/o evaluaciones que aseguren que la explotación de Agua Rica constituye un peligro que puede causar daños al medio ambiente y por tanto a las personas.
No vale la pena siquiera mencionar algunos aspectos de la ordenanza sancionada, como la prohibición del uso del agua por ejemplo, que es algo donde tiene exclusiva competencia la provincia a través de la normativa que la rige.
En la fecha se conocieron declaraciones del diputado Luis Lobo Vergara, quien manifiesta que el conflicto «es social y no legal”, ello en razón de la falta de licencia social que tiene minería.
En iguales términos se expresa el geólogo Alfredo Marchioli, quien dice que existe una insatisfacción social por la falta de emprendimientos socio-productivos asociados al cierre de la mina la Alumbrera.
Realmente, asombran estas expresiones de estos representantes de la oposición, que a partir del año 1994 en que se firma el contrato con Minera Alumbrera, fueron responsables de la política minera desarrollada en la provincia. Es decir, manejaron 17 años la actividad minera en la provincia.
Sólo basta recordar que con su alineamiento a las políticas de los 90, adhirieron a la Ley de Inversiones Mineras, oportunidad en que Oscar Castillo y Horacio Pernasetti destacaban las bondades y beneficios que iba a recibir nuestra provincia.
El tiempo demostró que fueron cómplices del gobierno nacional, para avasallar los derechos e intereses de Catamarca, reduciendo los ingresos por regalías al 3%, deduciendo costos, lo cual significa que sólo ingresa un 1%.
Asociado ello, a la falta de previsión en materia de política minera que asegure trabajo para los catamarqueños, participación de los proveedores locales en el negocio minero y decisión para exigir las obras de infraestructura vial, energética, redes de agua, rehabilitación del ferrocarril Belgrano Cargas, etc. que sólo fueron anuncios a través de publicaciones rimbombantes en los medios locales efectuadas el 27 de abril de 1994, cuando se firmaba el contrato para la explotación de Bajo La Alumbrera.
A ello, hay que agregar el tiempo que transcurrió hasta que se sancionó la Ley 5128 de distribución secundaria de las regalías mineras, lapso en el cual desaparecieron las mismas sin conocerse aún su destino, afectando así a los departamentos mineros y a la provincia, de recursos que habrían sido fundamentales para la ejecución de las obras que necesitaba.
También, el exgobernador Brizuela del Moral se resistió a reglamentar el uso de las regalías mineras para asegurar que fueran aplicadas para el desarrollo y el crecimiento de los pueblos. Tuvo el Tribunal de Cuentas que hacerse cargo de regular este tema, cuando era una facultad propia del Poder Ejecutivo.
Recién en el año 2013, la gobernadora Lucía Corpacci aprobó el Decreto 202, por el que se establecía cuáles eran las obras de infraestructura que podían hacerse con los fondos de las regalías, asegurando que las mismas sirvan para el desarrollo sustentable para cuando finalice la ejecución de los emprendimientos mineros.
Sugestivamente, intendentes del Frente Cívico, Alejandro Páez por ejemplo, recurrieron el decreto obteniendo una medida cautelar que paralizó la eficacia del decreto, dejando a la libre discrecionalidad la administración de las regalías. Esto evidencia que los intendentes del Frente Cívico y Social no querían ser controlados.
Esto es realmente patético, son antimineros pero les gusta gastar la plata que viene de la minería. Deberían imitar a las universidades, que por no compartir con la actividad minera rechazan las utilidades que les transfiere Ymad.
Posteriormente la medida cautelar quedó sin efecto, pero pese a ello, el intendente Alejandro Páez no presentó ningún proyecto a la Unidad de Gestión de Proyectos Productivos, por lo que no se sabe cuál fue el destino de las regalías mineras durante la administración de Páez.
Sí se conoció por los medios los gastos en festivales con carteleras que incluían a los más importantes artistas nacionales, incluso algún internacional. Está bueno brindarles con otros recursos, recreación y esparcimiento a los vecinos de Andalgalá, pero en orden a las prioridades sería más importante resolver los problemas como el de agua potable y para riego que sufren los habitantes de esa jurisdicción.
Podemos coincidir que los habitantes de los departamentos mineros no ven los beneficios de la actividad minera, pero esto no es a causa de la minería, sino es consecuencia de las omisiones de la impericia, de la irresponsabilidad de quienes como dije, manejaron con impunidad y displicencia durante años la política minera en Catamarca.
Así que de la falta de «licencia social”, de la falta emprendimientos socio- productivos que se haga cargo el Frente Cívico y no trate de colocar la responsabilidad en la actual gestión de gobierno.
La gestión de la gobernadora Lucía Corpacci instituyó un cambio sustancial en la política minera, estableciendo transparencia en cuanto a lo ambiental por una minería responsable, creando las oficinas de gestión ambiental en los departamentos para que los ciudadanos tengan acceso a información ambiental, sometiendo a la misma a controles de calidad; se reglamentó el uso de las regalías mineras y se exigió a las empresas a ejercer la responsabilidad social.
Cconsecuencia de ello, se logró que Minera Alumbrera construyera dos hospitales, uno en la ciudad y otro en Aconquija del departamento Andalgalá.
Es conocida la preocupación de nuestra gobernadora, asistiendo a foros internacionales para poner en la vidriera de los inversores el potencial minero de Catamarca, para que a través de los mismos la minería nos permita el desarrollo y el crecimiento, generando nuevas oportunidades para tener trabajo y mejor calidad de vida para los catamarqueños.
La prohibición a la minería no es sólo una cuestión de un intendente y los concejales, hay otros actores que se encuentran entre bambalinas. La aparición de Lobo Vergara con sus declaraciones, creo que nos permite advertir que esta cuestión tiene otras motivaciones, sólo resta que se muestren otros actores de mayor envergadura política, de esos que tienen manos en el Congreso Nacional, para que cierre la hipótesis de que todo esto apunta al poder central de la nación, para llamar la atención, que les permita modificar la relación política que tienen con el gobierno nacional, que públicamente reprochan, demandando oídos que los escuchen, cargos que los contengan como una verdadera bolsa de trabajo que seguramente extrañan después de 20 años de poder.
En definitiva, los interlocutores del Frente Cívico y Social deberían ser más honestos y reconocer que para ellos el tema no es ni social ni legal, sino político.
Estos voceros también tendrán que explicar cómo se compadecen las contradicciones entre sus prejuicios mineros y la convocatoria del presidente Macri a los inversores para desarrollar los activos mineros con que cuenta nuestro país y las acciones que lleva adelante el ministro Aranguren y su gabinete para atraer inversiones en minería.
Nosotros como gobierno, seguimos confiando y apostando en que la minería responsable es un factor clave para el desarrollo de la provincia, como también estamos decididos a ser rigurosos en la preservación del medio ambiente y la calidad de vida de los catamarqueños. Como también entendemos que deberán implementarse controles más efectivos sobre la inversión de las regalías por parte de quienes las administran.
No vamos a ser nosotros los que debamos aceptar impotentes cómo transcurren las oportunidades que nos facilitó la naturaleza, y debamos aceptar resignados que no pudimos orientar estas posibilidades para beneficio y felicidad de nuestros comprovincianos.
El Esquíu
